El fiscal denuncia los contratos de Mehta y Plácido Domingo con el Palau

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado los contratos del Palau de les Arts, la ópera de Valencia, con el tenor Plácido Domingo y el director de orquesta Zubin Mehta, dos figuras mundiales de la lírica, por infringir presuntamente la Ley de Contratos del Sector Público. La denuncia se inscribe en la operación lanzada por el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, contra la gestión del Palau, que se ha saldado con la imputación de la hasta ahora intendente, Helga Schmidt, y el exgerente, Ernesto Moreno, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad.

Schmidt y Moreno fueron detenidos el martes en medio de un gran despliegue policial, que incluyó el registro del Palau, y puestos en libertad de madrugada tras prestar declaración ante el magistrado. El presidente valenciano, Alberto Fabra, calificó ayer de “desproporcionada, desmesurada e innecesaria” la actuación judicial.

El fiscal Vicente Torres apreció indicios de delito en la forma en que Domingo y Mehta quedaron vinculados al Palau al considerar que se habrían obviado los cauces excepcionales que la ley ofrece para contratar con fondos públicos, por razones artísticas o técnicas, a alguien en concreto, como sucede con el procedimiento negociado. El fiscal incluyó los contratos en la denuncia al juez que presentó el pasado 7 de enero. Los acuerdos ya fueron cuestionados por el informe de la Intervención de la Generalitat valenciana, que sirvió de base para la investigación que ha desarrollado durante seis meses la Fiscalía. Mehta cobró 5,3 millones de euros y Domingo 984.300 euros a lo largo de siete temporadas mediante los contratos cuestionados.

El informe de la Intervención de la Generalitat señala que para que los acuerdos del Palau de les Arts con los “grandes artistas” se ajustasen a la ley, debería haberse elaborado una “memoria en la que se justifique con precisión” una serie de condiciones. Entre ellas, “la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse con el contrato; la idoneidad de éste para satisfacerlas; la correcta estimación y adecuación del precio; el procedimiento elegido para la adjudicación, y una certificación de existencia de crédito suficiente”. Según la Intervención, “no consta que en ninguno de los contratos examinados” figuren ni esos requisitos ni tampoco el necesario “escrito de inicio de procedimiento” administrativo.

El fiscal presentó al juez otros aspectos supuestamente irregulares de la gestión de la ópera de Valencia, como el hecho de que Schmidt mediara en las contrataciones del Palau a través de una empresa, Patrocini de les Arts, actuando a la vez como “adjudicadora” y “adjudicataria”, según la descripción que realiza en su informe la Intervención de la Generalitat. La mercantil ingresó medio millón de euros entre 2008 y 2012 por captar patrocinios.