El Gobierno defiende legalizar las devoluciones en caliente ante la ONU

España se ha sometido este miércoles en Ginebra al Examen Periódico Universal de la ONU sobre Derechos Humanos. Un escenario que ha aprovechado el Gobierno de Mariano Rajoy para defender su plan de dar cobertura legal a las devoluciones en caliente, después de que varios países cuestionaran esta práctica al considerar que viola el derecho de asilo. El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, ha reiterado las intenciones del Ejecutivo, pero ha optado por la prudencia al subrayar que esta iniciativa —incluida como enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana— se encuentra actualmente “en trámite parlamentario y es objeto de consulta con organizaciones especializadas”.

“Y la respuesta legislativa que finalmente se dé, estará en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución”, ha remachado el representante español, que ha indicado que la propuesta de reforma iniciada por el Gobierno solo responde a las necesidades de “prever” en la ley las “singularidades” de Ceuta y Melilla. De esta forma, ha mantenido la postura del Ministerio del Interior, que ya aseguró la semana pasada que la normativa europea prevé unas “matizaciones” que permitirían la práctica. Es más, para defender esta cuestión, este miércoles, el secretario de Estado de Exteriores ha hecho hincapié de nuevo en que ambas ciudades soportan “una extraordinaria presión migratoria”.

Según las palabras de Ybáñez, en los enclaves norteafricanos se producen “asaltos a las vallas de carácter constante, masivo y violento”; y por tanto, según ha continuado, las actuaciones de los agentes se desarrollan para garantizar el orden público y la seguridad interior. En este contexto y pese al criterio contrario de diferentes ONG, el Defensor del Pueblo, un nutrido grupo de juristas y el Consejo de Europa; este miércoles, el Ejecutivo ha vuelto a amparar las devoluciones en caliente —denominadas por el Gobierno como “rechazo en frontera”— y ha recalcado que se ejecutan sobre sin papeles que aún no han entrado en España, aunque hayan superado parte del vallado que rodea Ceuta y Melilla. “Se producen cuando el inmigrante es interceptado antes de que tenga lugar [su acceso a territorio español]. Y son consecuencia del derecho que nos asiste como Estado soberano y de la obligación de proteger y salvaguardar las fronteras de la UE”, ha explicado Ybáñez.

El representante de Exteriores ha abordado el tema durante su segunda intervención, tras obviarlo en la primera, y después de que se escucharan en Ginebra duras acusaciones de los países intervinientes. Entre otros, de Suecia, que ha afirmado que la enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana “parece legalizar las expulsiones sumarias de los inmigrantes que intentan cruzar desde Marruecos”. En esa misma línea, Noruega ya había presentado una pregunta al Gobierno del PP: “¿Podría España explicar la compatibilidad entre la nueva Ley y el principio de no devolución, el Derecho internacional y la actual legislación de la UE?”.

Dos consideraciones que mantienen la línea marcada por el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks. Este, tras visitar Melilla la pasada semana, afirmó que las devoluciones en caliente contravienen la Convención Europea y, de legalizarse, supondrían “el inicio del fin de la política de asilo”. Unas críticas que, de momento, no han hecho recular al Ejecutivo, que mantiene los mismos planes desde principios del año pasado, cuando se produjo una primera crisis de las vallas y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ya planteó públicamente que debía modificarse la legislación para permitirse “la devolución inmediata a Marruecos de quienes acababan” de superar la verja fronteriza.