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Altos cargos de Madrid se publicitaron con facturas falsas, según el juez

Velasco ve cohecho, malversación y fraude en el pago de servicios a través de contratas

El consejero Salvador Victoria niega pagos ya constatados en autos judiciales

Victoria, ayer, durante una rueda de prensa en Madrid.
Victoria, ayer, durante una rueda de prensa en Madrid. EL PAÍS

El Gobierno de la Comunidad de Madrid negó ayer que obligara a una contrata, la empresa tecnológica Indra, a pagar 10.000 euros al conseguidor de la trama Púnica, el empresario Alejandro de Pedro Llorca, por mejorar la reputación de altos cargos del Ejecutivo autónomo en Internet. La tesis del Gobierno madrileño, defendida ayer por el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria —persona de la máxima confianza del presidente, Ignacio González—, choca con el auto que el juez Eloy Velasco dictó el pasado 29 de octubre, en el que decretó prisión provisional para varios de los imputados y que da por hecho la existencia de facturas falsas pagadas por proveedores de la comunidad para mejorar la imagen en la Red de sus altos cargos. Esos servicios de reputación consisten en colocar noticias positivas de esos dirigentes en lugares destacados de los distintos buscadores de noticias, una especie de propaganda prohibida específicamente por la Ley de Publicidad Institucional.

El juez Eloy Velasco señaló entonces en su escrito: “El consejero delegado de la Agencia de Información y Comunicación de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, participa en la trama de facturas falsas que se emplean para pagar los trabajos realizados por Alejandro de Pedro de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid y que se pagan con facturas de una empresa adjudicataria de un contrato de su Agencia, incurriendo presuntamente en los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y fraude”.

Las conclusiones del juez Velasco estaban relacionadas con la investigación iniciada meses antes en la que, a través de intervenciones de comunicaciones de varios de los sospechosos, la Guardia Civil detectó una conversación en la que José Martínez Nicolás, entonces consejero delegado de la agencia de Informática de la Comunidad de Madrid —un organismo que preside Salvador Victoria con 155 millones de presupuesto en 2014— pedía a un directivo de Indra que abonase 10.000 euros a Alejandro de Pedro. El propio Nicolás, según fuentes de la investigación, aseguró primero a la Guardia Civil y después al juez que había hecho esa reclamación a Indra porque así se lo había ordenado su jefe, el consejero de Presidencia, Salvador Victoria. En el sumario constan llamadas telefónicas y sms que avalan esa tesis. En una de ellas Nicolás avisa al director general de Indra, Santiago Roura, también imputado en este caso, de que su jefe Salvador Victoria está muy enfadado por el retraso en el pago, que venía reclamando a la contrata de ICM desde primavera.

Victoria aseguró ayer, en una comparecencia pública en la que intentó negar los hechos relatados por el juez Velasco y detallados por EL PAÍS, que hubiera dado esa instrucción al responsable de ICM y esgrimió la existencia de un correo electrónico remitido por la empresa de De Pedro a la comunidad tras la operación policial y en el que se reclamaba una deuda. Esta versión no contradice la información de EL PAÍS, que ya aclaraba ayer que —además de los 10.000 euros pagados por Indra siguiendo las instrucciones de Salvador Victoria— existían otros impagos a la firma de reputación digital. Así figura en un mensaje de Whatsapp, incorporado a la causa, que el propio De Pedro remitió al entonces consejero delegado de ICM a finales del verano en el que aseguraba que la deuda de 10.000 euros estaba saldada por Indra pero que faltaban por pagar otros encargos.

El consejero madrileño alegó ayer, igual que hizo el pasado viernes en declaraciones a este periódico, que lo que dificultaba los pagos a De Pedro antes del verano eran “tensiones de tesorería” en la comunidad y añadió que en noviembre, tras las detenciones de la Operación Púnica, él mismo dio orden de cancelar cualquier abono a las empresas del conseguidor de la trama.

Esa instrucción de Victoria para interrumpir los pagos una vez que estalló el escándalo contrastan con la insistencia que él mismo mostró meses atrás, según el relato de su subordinado Martínez Nicolás al juez y a la Guardia Civil, para que Indra se hiciese cargo de esas facturas.

Victoria aseguró ayer, también en contra de lo que señala el juez en su auto, que su Gobierno nunca pagó por mejorar la imagen de consejeros sino por servicios de clipping, o seguimiento de las noticias que los medios publican sobre la Comunidad y el presidente, Ignacio González.

El sumario contiene numerosos indicios de delito en la actuación del número dos del Gobierno de Madrid. Si aún no hay una actuación concreta sobre él es por su condición de aforado como miembro de la Asamblea madrileña y consejero del Gobierno, que obligaría al juez a inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según fuentes de la investigación judicial. Ese trámite puede llevarse a cabo en los próximos meses. Requiere de una exposición razonada del juez instructor del sumario de la Púnica. El mismo procedimiento afectaría al exalcalde de Valdemoro Miguel Moreno y al actual regidor de Sevilla la Nueva, Mario de Utrilla, ambos diputados regionales y salpicados por la trama.

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