El Gobierno estudia la construcción de tres nuevos CIE para inmigrantes

Tras las paredes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras se esconden las historias. Ocultas tras la pintura desconchada, tras las rejas de las ventanas, tras las puertas selladas al paso de los periodistas. En la avenida del Gesto por la Paz de la ciudad gaditana se erige una antigua prisión reconvertida en su uso. Un edificio “que se cae a pedazos”, según las ONG; y con “necesidades apremiantes”, según el Ejecutivo. Lo que provoca que la desesperación se apodere a menudo de los internos. “Si me van a deportar que lo hagan ya, porque es un sufrimiento estar aquí dentro”, declara Yasmin, una latinoamericana detenida en un club de Huelva donde ejercía la prostitución y que fue recluida en estas instalaciones, como recoge un informe especial elaborado por la ONG Internacional Women's Link Worldwide.

En España existen actualmente ocho CIE y el Gobierno estudia ahora, según ha reconocido en una respuesta parlamentaria a IU, la construcción de otros tres nuevos: en Madrid, que ya cuenta con uno en Aluche; en Málaga —donde se cerró en 2012 el que había por la inexistencia de unas “condiciones dignas de habitabilidad”—; y en Algeciras. Además, según añade el equipo de Rajoy, el Ejecutivo considera prioritario la puesta en marcha de un nuevo centro en la localidad gaditana, debido a las malas condiciones en las que se encuentra el actual.

Precisamente, por allí pasaron hace apenas dos meses Antonio Maíllo y Marina Albiol, coordinador general de IU en Andalucía y eurodiputada de la misma formación, respectivamente. Ambos trabajan en un informe sobre los CIE que entregarán al Congreso de los Diputados y a la Comisión Europea. Los representantes de la coalición de izquierdas califican estas instalaciones como una “cárcel” y como un “instrumento más de la política de represión de la UE”. Porque este tipo de centros se concibió dentro de la política comunitaria como complejos “no penitenciarios” donde se retienen a los inmigrantes que van a ser expulsados del país.

Según los datos del Defensor del Pueblo, un total de 9.002 extranjeros pasaron en 2013 por una instalación de estas características —donde conviven, sin ningún tipo de separación, los condenados por algún delito y quienes carecen solo de papeles, una falta de carácter administrativo—. A su vez, de todos los internados en dicho ejercicio, solo el 47,5% fueron finalmente expulsados del país. Y, además, en base a las cifras que maneja la Fiscalía de Extranjería, el Ministerio Público consideró que un tercio de los recluidos en 2013 en un CIE no debían haber entrado en ellos: de 10.063 informes de internamiento, emitió 3.075 dictámenes desfavorables (30,8%).

El CIE de Málaga era un caso flagrante. Si no se cierra, se cae Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal jefe de Extranjería

Pero, aún así, el fiscal jefe de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, pone el acento en el “problema de medios, de instalaciones”. “El CIE de Málaga era un caso flagrante. Si no se cierra, se cae”, remacha en una conversación con EL PAÍS. En esa misma línea se manifiesta el secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguás, que visitó el CIE de Algeciras en noviembre. “Tenemos la constatación de que dentro se violan derechos. Este complejo demuestra cómo el Estado asume su ineficiencia política, provocando el sufrimiento de personas, sabiendo que no va a servir de nada su internamiento”, recalca, antes de denunciar cómo Interior ha impedido la entrada de los medios de comunicación a este tipo de instalaciones, alegando que lo hace para proteger la intimidad de los extranjeros. Dos veces en los últimos 60 días.