El Gobierno del PSOE aprobó en 2010 un plan secreto contra el yihadismo

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobó en junio de 2010 un plan secreto contra el terrorismo islamista en España cuyos objetivos fundamentales eran evitar “la captación de nuevos terroristas, mejorar el control de fronteras, reforzar la seguridad de lugares de concentración masiva, y actuar contra redes de apoyo y financiación de los criminales”. El viernes que viene, el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (PP), propondrá al Consejo de Ministros la aprobación de un plan contra la “radicalización violenta”, que pretende crear “una contranarrativa frente al discurso yihadista”, especialmente en las redes sociales. Los puntos del plan avanzados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy guardan muchas similitudes con el de Zapatero.

El ministro del Interior en 2010, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso los detalles de la “estrategia contra el terrorismo internacional y su radicalización” que había elaborado el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. El 28 de junio de 2012, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, habló de la citada estrategia en el Congreso y de la necesidad de hacer un documento para divulgar su existencia. Estos son sus puntos:

Integración. El plan perseguía el reconocimiento identitario de la comunidad musulmana en España, con disfrute pleno de derechos y libertades, así como la exigencia del cumplimiento de obligaciones y responsabilidades. Se pretendía evitar que actuaciones indiscriminadas, la marginación o la exclusión social de esta comunidad pudieran ser aprovechadas por los radicales. Para ello, promovería la relación con ayuntamientos para detectar el fenómeno de la radicalización y su favorecimiento, además de aplicar planes de formación de funcionarios locales, profesores, asistentes sociales y cuerpos de seguridad.

Financiación. Para evitar la financiación de actividades de los radicales islamistas, el plan proyectaba el control de los flujos de fondos de otras procedencias y la tipificación penal de la financiación del terrorismo. Fijar nuevas obligaciones a los bancos en su responsabilidad de control e información sobre operaciones sospechosas y quienes las hacen.

Expansión. Impedir la propagación de las ideas radicales a través de medios de comunicación o realización de actos públicos contrarios al Estado de derecho. Además, se prohibiría la entrada de militantes radicales y se propondría su expulsión cuando se demostrara que suponían un peligro para la seguridad.

Medidas penitenciarias. Aplicar medidas contra los violentos mediante incomunicaciones, traslados, aislamiento o regímenes de visitas restrictivos.

Mezquitas irregulares. Evitar la proliferación de mezquitas, lugares de culto o centros educativos irregulares mediante su detección, control y erradicación.

Endurecimiento de sanciones. Promover reformas legales para evitar que determinadas conductas queden impunes al no estar contempladas con precisión en el ordenamiento jurídico al estar vinculadas al nuevo fenómeno. Para ello, se crearían nuevos tipos penales para sancionar la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento y la incitación al radicalismo en cualquier ámbito; se crea la expulsión administrativa de aquellos extranjeros que lleven a cabo actividades que fomenten el radicalismo islámico, así como la violencia y la difusión de ideas contrarias a la Constitución; elevación de penas para figuras como la provocación, la conspiración y la proposición para delinquir en relación con actos de terrorismo y establecer la pena de pérdida de nacionalidad para delitos de terrorismo en los que estuvieran implicados nacionales de origen extranjero, modificando el Código Civil.

Internet. Neutralizar técnicamente los canales de comunicación de los radicales (páginas web yihadistas) impidiendo su proliferación. Para ello, se promoverían convenios o acuerdos internacionales que permitieran la acción coordinada de los gobiernos en la lucha contra el uso de internet en los procesos de radicalización. Impulsar reformas legales contra la difusión por cualquier medio de mensajes o consignas yihadistas, facilitando la identificación de usuarios y el cierre de webs radicales.

Niveles de amenaza. Fijar cinco niveles (Normal, Medio, Alto, Muy Alto y Extremo) y cuatro niveles de activación, además de la automática ejecución de los planes operativos diseñados con medidas específicas.

Inteligencia e información. Potenciar el intercambio de información en materia policial y judicial, especialmente en los relativo al terrorismo yihadista.

Control fronterizo. Detectar y en su caso neutralizar la entrada en territorio de la Unión Europea de los terroristas y de los medios para llevar a cabo su actividad criminal. Para ello, se potenciaría el intercambio de información sobre entradas y salidas de la UE mediante el Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS).

El plan ya advertía contra el peligro del regreso de yihadistas que habían combatido en zonas de conflicto. En 2010, el problema de los retornados se circunscribía sobre todo a Afganistán e Irak, zonas de operaciones de Al Qaeda, adonde viajaron una treintena de yihadistas reclutados en España. El peligro es ahora mucho mayor tras el fortalecimiento del Estado Islámico (EI) en Siria e Irak y su enorme capacidad de captación.

España calcula que 70 personas han sido enroladas en o desde España por el EI. Los servicios de seguridad tienen constancia de que este año han regresado 12 combatientes de Siria e Irak (y uno de Malí), radicalizados y entrenados. Once de ellos están presos, según fuentes de la lucha antiterrorista, y del duodécimo se sabe que vive en Londres. Se trata, según fuentes policiales, de Moutaz Alamllah Dabas, considerado uno de los inspiradores de los atentados del 11-M en Madrid. Su hermano Mohamad, casado con una ceutí, murió en Siria. Fue juzgado y absuelto por los ataques de los trenes.