Una joven madre irá a prisión por no pagar una multa de 1.400 euros

Cuando Sara González (29 años) encontró en la calle en Valencia una cartera extraviada con tarjetas bancarias, su prioridad no fue buscar al propietario, sino usarlas para saciar la ansiedad que le producían la anorexia y la bulimia. Con esos documentos obtuvo móviles de compañías telefónicas que vendió para conseguir dinero y comer compulsivamente a escondidas de su familia. Ahora, cinco años después, tras haber pagado las indemnizaciones, curada ya de su enfermedad y con dos hijas menores a su cargo (una de ellas una bebé de dos meses), Sara tendrá que cumplir una pena de seis meses de prisión por no pagar a tiempo la multa de 1.440 euros por la que se le conmutó la pena. Si no le conceden el indulto para el que recoge firmas a través de Internet, la joven irá a la cárcel.

“Con 11 años caí en la anorexia nerviosa. Después de mejorar y recaer varias veces, a los 20 años, tras la muerte de mi padre, estaba tan mal que empecé también con la bulimia. Para entonces no era persona, vivía pero no me daba cuenta de las cosas”, explica Sara entre los llantos de su hija de tres años que se acaba de despertar. “Estaba trabajando en la hostelería, pero me dieron la baja obligatoria porque no estaba bien. Había llegado a robar a mi madre por culpa de mi enfermedad y al final, en 2009, a los 24 años, cometí mi error: me encontré bajo un coche una cartera en un centro comercial y utilicé las tarjetas”, relata. Con ellas contrató líneas en cuatro grandes compañías telefónicas y vendió los teléfonos móviles para comer furtivamente.

Con las tarjetas contrató líneas en cuatro grandes compañías telefónicas y vendió los móviles para comer furtivamente

El Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia le condenó en septiembre de 2012 a un año y nueve meses de prisión por un delito de falsificación y a otros seis meses por un delito de estafa, según explica su abogado, Juan Gargallo. La primera de las penas, la mayor, quedó suspendida en febrero de 2013 por ser la primera vez que cometía un delito, ser una pena inferior a dos años de prisión y haber pagado todas las indemnizaciones impuestas. Aunque la pena restante, la de seis meses, le fue conmutada por una multa de 1.440 euros, su abogado explica que una serie de errores de sus anteriores letrados han dejado a Sara con un pie en prisión.

“Sus abogados le dijeron que no tenía que pagar la multa porque era insolvente. Como ella les hizo caso y no la pagó, el juzgado revocó esa permuta en julio de 2013 y le obligó de nuevo a cumplir los seis meses de cárcel. Sus abogados no recurrieron esta decisión ni le informaron bien de lo que iba ocurriendo y ella no se enteró hasta octubre del mismo año, cuando recibió una carta en la que se le informaba de que debía entrar en prisión en cinco días”, explica Gargallo, que asegura estar preparando una demanda contra los anteriores letrados. Él explica que, cuando su defendida tuvo conocimiento de este problema, pagó la multa, pero el juzgado le ha devuelto el dinero alegando que este pago está ya fuera de plazo.

Desde el día en que se encontró la cartera, la vida de Sara ha dado un giro de 180 grados. “Cuando decidí que me iba a curar de mi enfermedad, la vida me dio una oportunidad. Ahora tengo dos hijas, una de cuatro años y otra de dos meses que, si finalmente me mandan a prisión, tendrá que venir conmigo porque es lactante. Trabajo limpiando pisos, hago todo lo que voy encontrando pese a la crisis y estoy luchando por el indulto”, explica González.

De lo que la gente está cansada es de que se indulte a personas afines al Gobierno o inmersas en casos de corrupción Juan Gargallo, abogado

Pese a no haber vuelto a cometer ningún delito desde entonces, los intentos de su abogado por evitar que entre en prisión no han dado frutos. El Juzgado de lo Penal número 14 de Valencia ha denegado la suspensión cautelar de la pena, de solo seis meses, alegando que “previsiblemente” el indulto se denegará “en este periodo inmediatamente anterior a diversas convocatorias electorales” por “el descrédito existente en la sociedad ante el otorgamiento de los indultos a penados”. Además, el juez señala, acerca de González, que “no consta que su actual situación familiar no fuera provocada para eludir la aplicación de la justicia”.

“Sara no es ya la misma persona que cometió aquel delito menor que, además, no fue violento. Hemos acreditado que se ha curado de su enfermedad y si no se suspende la pena mientras se resuelve el indulto, en caso de que se lo concediesen, ya no valdría de nada porque ya habría estado seis meses en la cárcel y resultaría completamente ineficaz”, explica su abogado. “De lo que la gente está cansada es de que se indulte a personas afines al Gobierno o inmersas en casos de corrupción, no a cualquier penado. El juzgado tiene que hacer un juicio de probabilidad, pero no estamos de acuerdo con las razones que utiliza para decir que no”, precisa Gargallo.

A la espera de que se resuelva de forma inminente el recurso de amparo que determine si Sara deberá entrar en prisión, ella continúa con su vida: “No quiero que le queden secuelas a mi hija de tres años porque se entera de las cosas. A ella tendría que dejarla fuera. De todos modos no quiero pensar en qué haré si tengo que entrar en la cárcel porque es un sinvivir”.