El fiscal pide más datos de los delitos que ve en las cuentas de los partidos

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Gonzalo Soler, explicó ayer que ha pedido “pruebas complementarias” sobre el informe de fiscalización del ejercicio 2012 relativo a los partidos políticos y sus fundaciones afines. La fiscalía redactó el pasado 15 de diciembre un exhaustivo y contundente informe de 15 folios en el que aprecia graves delitos tributarios y de falsedad en las cuentas de casi todos los grandes partidos políticos, tal como adelantó ayer EL PAÍS.

Gonzalo aclaró que el informe es aún provisional y señaló que, una vez le lleguen y pueda analizar las citadas pruebas complementarias, decidirá el destino final de las diligencias que mantiene abiertas contra PSOE, PP, Convergència Democràtica de Cataluña, Unió Democràtica de Cataluña, PNV y Eusko Alkartasuna por hechos que, de momento, enmarca dentro del Código Penal.

El fiscal jefe ha solicitado las citadas pruebas al propio tribunal, que es el que ha fiscalizado y auditado las cuentas de 2012 de todas estas formaciones y elaborado el informe en el que se basa el ministerio público para entender que concurren indicios de ilícitos penales en todos ellos. Durante la auditoría, el tribunal suele pedir aclaraciones a los partidos para que consten en el informe de fiscalización. Con todo ello extrae sus conclusiones. No obstante, hecho eso, los partidos tienen derecho a presentar sus alegaciones, que son o no atendidas en cada caso.

El de 2012 es el último informe de fiscalización sobre los partidos políticos que tienen ahora sobre la mesa los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas. Y, a diferencia de lo que ha ocurrido en muchos ejercicios anteriores, los hechos no estarían prescritos. Nunca el Tribunal de Cuentas ha tomado medidas drásticas contra ningún partido (ni tampoco la fiscalía había emitido antes un informe tan duro sobre las cuentas de los partidos políticos).

Fuentes del Tribunal de Cuentas indicaron ayer que el procedimiento sobre las cuentas de estas formaciones sigue abierto (“no hay nada archivado”) y que al fiscal se le abren ahora dos vías si no le convencen las pruebas complementarias: una, elevar los delitos hallados a sus colegas fiscales de la jurisdicción ordinaria para que estos incoen los oportunos procedimientos penales. Y dos: aparte de la vía penal, también puede abrir otro procedimiento en el seno del propio Tribunal de Cuentas si entiende que, además, existen infracciones administrativas. En este último caso, el procedimiento pasaría a la sección de Enjuiciamiento para que analice el informe del fiscal y dictamine si archiva o, por el contrario, toma medidas contra los partidos supuestamente infractores. Gonzalo esperará a recibir las pruebas solicitadas para decidir qué camino sigue en este caso.

El informe fechado por el propio fiscal jefe el pasado 15 de diciembre se ciñe a las infracciones penales de estas formaciones, sin entrar en las administrativas. En su escrito, Gonzalo se queja de la falta de fiscales y medios que existen en su departamento para explicar su tardanza en emitirlo y, además, denuncia que determinados aspectos del informe del tribunal están redactados de forma que algunos pasajes se interpreten “en el sentido de considerar justificados algunos incumplimientos legales”.

La misión del Tribunal de Cuentas es auditar las finanzas de los partidos y administraciones públicas y tratar de recuperar para el Estado el dinero distraído o no enviado a su finalidad legal. Y por ello tiene plena facultad para, por ejemplo, ordenar embargos de muebles o inmuebles de infractores e incluso subvenciones estatales en el caso de los partidos que no ajusten sus cuentas a la legalidad. Pero nunca este tribunal, al menos en los últimos lustros, ha tomado ninguna medida extrema contra una formación política, a pesar de que le han llegado informes donde se denunciaban graves irregularidades contables e incluso penales, afirman las citadas fuentes. Estos medios añaden que los frecuentes retrasos en la tramitación de los procesos fiscalizadores (de entre cuatro y cinco años) han propiciado con anterioridad la prescripción de muchos expedientes. Ya que, cuando el tribunal se disponía a enjuiciarlos, se topaba con que habían prescrito debido a las demoras que arrastraban. El tribunal se ha fijado como meta acortar sustancialmente el tiempo de respuesta a los asuntos. De hecho, ahora está acabando de resolver el ejercicio de 2012.