“No poner el cliente en la factura”

“Full credit. Esta es suite. No poner nombre del cliente en la Factura!!!!!! Poner cesta fruta o cava, por orden de Henry Laíño, y la tarjeta adjunta a la reserva”. Este texto figura en la documentación de la policía judicial, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, sobre el supuesto caso de cohecho en el que está implicado el presidente de Cantabria, Juan Ignacio Diego Palacios. El político del PP disfrutó presuntamente de tres días de balneario en Asturias pagados por la empresa Aquagest, del grupo Agbar. Este supuesto delito ha llegado al Supremo y el Gobierno de Cantabria ha ofrecido dos versiones diferentes.

Primero —según recordaba en una providencia la juez de Lugo Pilar de Lara que se topó con los hechos mientras investigaba las maniobras de la compañía de aguas en Galicia—, fuentes del Gabinete del mandatario cántabro aseguraron que el hotel de lujo en Asturias lo había pagado Diego de su bolsillo. Después, cuando trascendió lo contrario, el gobernante explicó que él mismo había hecho la reserva para pasar el puente de agosto de 2010 con su esposa, pero que cuando fue a pagar se encontró con que Aquagest se le había adelantado. Ahora, deberá improvisar otra versión porque en las diligencias constan los impresos de la reserva, hecha por Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Abastecimiento de Aguas, SA.

Las anotaciones al pie especifican una serie de detalles exigidos por el que supuestamente ordena el pago al Hotel Las Caldas Villa Termal, Henry Laíño, responsable para el noroeste de España de la firma del grupo Agbar. La indicación de “no poner el nombre del cliente”, seguida de insistentes signos de admiración, es la que, para los investigadores, demuestra que existía una voluntad de ocultar

Pero Diego Palacios, que entonces era diputado del PP y ejercía en el Parlamento de Cantabria la oposición al presidente Miguel Ángel Revilla, no iba solo a este complejo termal de las afueras de Oviedo con su esposa. El mismo fin de semana largo, el de mayor ocupación hotelera del año, en otra habitación que no era ‘suite’ pero que igualmente llevaba colgando la etiqueta de ‘full credit’ (es decir, gratis total) se alojaba y relajaba con tratamientos faciales su amigo Francisco Javier Rodríguez Argüeso, entonces portavoz parlamentario del PP cántabro y hoy consejero de Obras Públicas y Vivienda. Rodríguez Argüeso también viajaba a Asturias con su pareja. Y en la reserva hecha para ellos, Aquagest exigía lo mismo: “Que no aparezca el nombre del cliente!!!!!”.

Laíño, cromo fundamental del álbum de más de 100 imputados que va completando la juez De Lara, instructora del ‘caso Pokémon’ sobre corrupción política en Galicia, era claro y tajante en las indicaciones que hacía a un hotel con el que estaba acostumbrado a trabajar y en el que incluso, según se puede concluir del último documento que ha salido a la luz, contaba con descuentos especiales, lo que denominaba “tarifa Aquagest”. Tanto parece ser así que mientras los agentes de Aduanas que trabajan para la magistrada de Lugo descubrían en medio de la marabunta Pokémon los indicios de este posible soborno, otra juez, esta vez de Avilés, Elena González, se tropezó con varios casos de políticos asturianos que también habían sido agasajados por Aquagest y otras firmas vinculadas a la marca con estancias de relax en el mismo balneario. Varios cargos públicos se habían presuntamente beneficiado del ‘full credit’, y no solo en el dormir, masajearse, bañarse y comer: unos adquirieron cremas de belleza gratis para llevarse a casa y otros, según las indagaciones llevadas a cabo hasta el momento en Galicia y Asturias, se compraron incluso el bañador para la piscina termal sin abrir ni un momento su propia billetera.

Ambas juezas eran conscientes de que, tirando de cabos diferentes, estaban desenredando la misma madeja y, al tratarse de aforados, decidieron inhibirse en el caso de Diego Palacios y Rodríguez Argüeso. Lo hicieron el mismo día de finales de noviembre. De Lara entendía que el asunto correspondía al Supremo porque, aunque los políticos implicados son cántabros, los hechos habían acaecido en Asturias. González, sin embargo, optó por remitir sus pesquisas al Tribunal Superior de Cantabria, que finalmente coincidió con De Lara y a finales de diciembre rebotó la documentación al Supremo.