El juez Ruz apremia a Hacienda para concluir cuatro tramas de Gürtel

El juez Pablo Ruz tiene los meses contados al frente del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, cuya plaza salió a concurso hace dos semanas. En marzo de 2015, salvo que pida quedarse como juez de refuerzo y se lo autoricen, el magistrado deberá dejar el puesto que ocupa desde hace cuatro años y medio.

Antes de abandonar el juzgado, Ruz pretende finalizar la instrucción de algunas de las macrocausas que lleva. Entre ellas, el caso Gürtel, una extensa trama de corrupción vinculada al Partido Popular. Casi 30 cargos públicos del PP han dimitido desde que estalló el escándalo como consecuencia de la investigación judicial. Ana Mato, ex ministra de Sanidad, ha sido la última de esta lista negra que golpea al PP. Cerca de 200 personas, entre políticos y empresarios, están imputadas en la causa principal y sus derivadas, que se instruyen en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

El juez Pablo Ruz pidió la semana pasada a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado, dependientes del ministerio de Hacienda, que le remitan entre el miércoles 31 de diciembre y el 28 de febrero de 2015 siete informes, todos ellos necesarios para concluir cuatro de las investigaciones que siguen abiertas en relación a diversas tramas de supuesta corrupción vinculadas a la red Gürtel.

Jerez de la Frontera: un contrato sin explicación. Francisco Correa logró en Jerez de la Frontera (211.000 habitantes) un contrato para organizar la exposición de esta ciudad en la feria Fitur 2004. Era un negocio parecido al que durante cuatro años adjudicó el Gobierno valenciano a una empresa de la red Gürtel y por el que están imputadas, entre otras personas, dos ex consejeras de Turismo. Y similar al que dos directivos de AENA –también imputados- facilitaron supuestamente a las empresas de Correa para organizar eventos relacionados con el turismo. En todos estos casos, el mecanismo era supuestamente el mismo: contratos amañados a favor de empresas de Francisco Correa.

El magistrado ha solicitado a la Intervención General del Estado que le remita antes del próximo martes un informe “sobre la regularidad de la contratación” por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera del estand de esta ciudad en Fitur 2004. La adjudicación de ese contrato se produjo durante el primer mandato de la dirigente del PP María José García Pelayo (junio de 2003-enero de 2005), aliada entonces con Pedro Pacheco para desbancar al PSOE de la alcaldía de la ciudad.

García Pelayo es hoy alcaldesa de Jerez tras ganar las elecciones de 2011 y senadora del Partido Popular. Si el juez Ruz apreciara responsabilidad de la alcaldesa y senadora en los hechos investigados tendría que inhibirse a favor del Tribunal Supremo dado que se trata de una persona con aforamiento y sólo puede ser investigada por esa instancia judicial.

El juez ya dispone de un informe en el que la policía concluye que el contrato de Jerez en Fitur 2004 se adjudicó a Special Events, una empresa de la red Gürtel, sin que esta firma presentara ninguna oferta al procedimiento de urgencia convocado. Antes incluso de que se formalizara la adjudicación, Special Events ya había subcontratado la mitad del montaje del estand con otras empresas, según la policía.

La alcaldesa de Jerez no ha podido justificar estas irregularidades: “Doy la única explicación que puedo dar. Me ponen un expediente por delante que me dicen que es legal y yo, como es lógico, lo firmo”, señaló en un pleno municipal. El Ayuntamiento de Jerez pagó 241.000 euros a la red Gürtel.

Boadilla del Monte, centro principal de negocios. Las empresas de Francisco Correa establecieron un importante centro de negocios en Boadilla del Monte (47.000 habitantes), uno de los municipios ricos de la Comunidad de Madrid. Correa no sólo consiguió contratos municipales sino que intermedió en importantes operaciones de suelo con las que logró comisiones multimillonarias. El juez Pablo Ruz ha dado de plazo hasta el miércoles 31 de diciembre para que la Agencia Tributaria le remita informes sobre Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla y uno de los dirigentes que más trato tuvo con la rama corrupta. Correa llegó a presumir de que tenía grabado en vídeo a González Panero cobrando una mordida por una operación de intermediación de suelo.

El juez investiga al alcalde por el trato de favor que dio a la red Gürtel y por blanqueo del dinero que ganó con las comisiones ilegales que supuestamente le pagaba Francisco Correa a cambio de contratos o de operaciones de suelo. El magistrado también ha solicitado a Hacienda informes relacionados con los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Boadilla durante el mandato de González Panero.

Arganda del Rey y el gran pelotazo. Una de las investigaciones más complejas del caso Gürtel tiene que ver con un concurso multimillonario de suelo en Arganda del Rey (55.000 habitantes) que fue adjudicado en un mes de agosto a Martinsa, la promotora inmobiliaria de Fernando Martín, por 77 millones de euros. Un ex diputado autonómico del PP, Benjamin Martín Vasco, era alto cargo en el Ayuntamiento de Arganda y está imputado en el caso Gürtel por favorecer a las empresas de Francisco Correa. El líder de la trama corrupta llegó a quejarse en una conversación grabada con sus colaboradores de una deuda que Fernando Martín mantenía con él. Y los investigadores dedujeron que se correspondía con una supuesta mordida a cambio de la adjudicación del concurso de suelo.

La policía interpretó, tomando como base la documentación analizada de diversas comisiones rogatorias, que Fernando Martín había pagado 12 millones de euros a Correa por su intermediación en el concurso de suelo de Arganda. Pero el juez no ha podido acreditar aún esa circunstancia. Fernando Martín sostiene que nunca pagó 12 millones a la red Gürtel, que todo es fruto de una confusión de cuentas suizas, a nombre de Francisco Correa y de él mismo, que eran administradas por el mismo gestor, Arturo Fassana, pero sin ningún negocio en común.

La Intervención General del Estado deberá presentar antes del próximo 28 de febrero un informe sobre los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Arganda a las empresas de la red Gürtel. Además del concurso de suelo adjudicado a Martinsa, Arganda del Rey favoreció con numerosos contratos menores a las sociedades de Francisco Correa. El ex alcalde de este municipio, Ginés López, también está imputado por cobrar supuestamente comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos a la trama corrupta.