Industria prorroga los permisos del gran proyecto vasco de ‘fracking’

Lo anunció el exlehendakari Patxi López en 2011 desde el corazón de Texas: bajo el suelo alavés había unas enormes reservas de gas natural. El equivalente a cinco años de consumo de toda España, según dijo el entonces Gobierno socialista del País Vasco. Tres años después, el proyecto Gran Enara, que requeriría del empleo de la fractura hidráulica o fracking para poder extraer el gas pizarra, continúa con la tramitación. Y los permisos de investigación, concedidos por el Ejecutivo central a partir de 2006, viajan camino de la caducidad.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha decidido prorrogarlos hasta febrero de 2017. "Se conceden 36 meses más. Ahora se están tramitando los estudios de impacto ambiental y se hace para que no caduquen las autorizaciones", ha detallado este lunes el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Ejecutivo autónomo.

La peculiaridad de este proyecto reside en que el principal impulsor y gestor es una Administración. La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi SA, propiedad del Gobierno vasco, posee el 44% del proyecto. El resto es de los grupos norteamericanos Heyco (36%) y True Oil (20%), aunque es la sociedad pública la que tramita las autorizaciones ante el Estado y lleva la dirección técnica.

Los permisos del proyecto Gran Enara —repartidos en cuatro zonas— se extienden por cerca de 1.400 kilómetros cuadrados de cuatro comunidades: País Vasco, Castilla y León, Navarra y Cantabria. Pero las autorizaciones que se están tramitando ahora ante el Ministerio de Medio Ambiente son para dos únicos sondeos (Enara 1 y 2), en el País Vasco.

En la orden de Industria en la que se concede la prórroga, publicada este lunes en el BOE, se reconoce que la ampliación de los permisos de investigación hasta febrero de 2017 se aprueba por la tardanza en la tramitación desde el Gobierno de la evaluación de impacto ambiental de los sondeos. Mikel Otero, de la plataforma Fracking Ez Araba, ha lamentado que esta sea la segunda prórroga que el Estado concede al proyecto; la anterior fue en 2012.

Esta medida se toma en un momento en el que el Parlamento vasco ha empezado a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular contra el fracking. El PNV, que gobierna la comunidad, apuesta por explorar esta técnica. El Partido Socialista de Euskadi, que durante la anterior legislatura apoyó la fractura hidráulica, acaba de cambiar de posición y reconoció la semana pasada que se equivocó defendiendo el fracking. La nueva ejecutiva de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha dejado claro su rechazo a esta forma de extraer hidrocarburos.

Algunas comunidades autónomas han llevado la oposición política al fracking a su normativa. Y se han dado de bruces con el Tribunal Constitucional. La última ha sido Navarra. El alto tribunal anuló la semana pasada la ley que vetaba la técnica en esta comunidad. Los magistrados entienden que las competencias sobre el régimen minero y energético son estatales. Y el Gobierno central ya ha cambiado la legislación para permitir la fractura hidráulica.