El TSJC investigará a Mas por desobediencia en la consulta del 9-N
Los jueces admiten la querella de la Fiscalía del Estado por la organización de la consulta
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido investigar al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por organizar la consulta alternativa del 9 de noviembre. Los magistrados han admitido a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado en la que se acusa a Mas y a dos de sus consejeros por presunta desobediencia
El pleno de la sala civil y penal del TSJC, después de más de cuatro horas de reunión, ha acordado por mayoría admitir a trámite “todas las denuncias y querellas vinculadas a los hechos relativos a la presunta desobediencia de la resolución del Tribunal Constitucional del 4 noviembre 2014”, según una nota emitida por el tribunal catalán. La investigación también abarcará “todos aquellos hechos que, de manera directa o indirecta, estén relacionados” con la desobediencia respecto a la consulta soberanista.
El TSJC, en cambio, no ha admitido las querellas y denuncias contra la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, ni contra miembros de la mesa del Parlament, el consejero de Interior Ramon Espadaler o el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs. El pleno ha acordado que todas las denuncias se acumulen en un único procedimiento.
Los magistrados tenían sobre la mesa siete querellas y 25 denuncias por los hechos del 9-N, día en que 2,3 millones de catalanes votaron en un simulacro de referéndum independentista, a cuya conclusión Mas y la vicepresidenta, Joana Ortega, detallaron los resultados. Como consecuencia de ello, acabaron presentándose durante la jornada de participación siete querellas y otras 25 denuncias.
La admisión a trámite no significa, de momento, que el presidente catalán ni los otros dos querellados estén imputados. De hecho, de momento no hay fecha para que vayan a declarar. La instrucción del caso queda en manos del magistrado Joan Manet Abril, de quien se espera que dicte un auto después de las fiestas navideñas en el que concrete las razones para admitir a trámite la querella.
Personas a título individual y, sobre todo, partidos políticos, acudieron tras la jornada a los juzgados para denunciar a Mas y a varios de sus consejeros —e incluso a miembros del Parlament— por una variada gama de delitos.
La querella de la Fiscalía General del Estado es la que tiene mayor enjundia y la más fundamentada. En un escrito de 30 folios, acusa a Mas; a la vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera de Educación, Irene Rigau, de cuatro delitos vinculados con a la organización del 9-N: desobediencia, prevaricación, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Si se admite a trámite, la sala civil y penal decidirá qué delitos examinará y contra qué personas.
La reunión del TSJC llega un mes y un día después de que la Fiscalía presentara la querella y tras una intensa tormenta política en el seno del ministerio público. Los fiscales catalanes presentaron un escrito al recién dimitido fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, exponiendo que, a su juicio, no había indicios de delito en la organización del 9-N. Esas discrepancias “pueden pesar en el ánimo de los magistrados” a la hora de decidir, aunque “deberán ceñirse al escrito y la documentación que tienen sobre la mesa”, abundan fuentes judiciales. El Tribunal Superior constituyó inicialmente una sala de admisiones que pidió entonces a la Fiscalía que se pronunciara sobre la “conexidad” de las diversas denuncias y si debían acumularse los procedimientos.
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