IU abona el terreno para una ruptura del pacto de coalición en Andalucía

El reloj para la ruptura del pacto de coalición de PSOE e Izquierda Unida en Andalucía se ha puesto en marcha. La estabilidad política que días atrás esgrimió la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, para agotar la legislatura es ahora más frágil, tras la asamblea que celebró este domingp su socio de Gobierno, en vísperas de la entrevista de Díaz con Mariano Rajoy y de la aprobación definitiva de los Presupuestos andaluces.

IU entró a esta reunión de rendición de cuentas con el compromiso de que no pondría en duda ahora el pacto de coalición con los socialistas. Y así fue. Pero salió con una letra a plazos que vence en el mes de junio: entonces la dirección que lidera Antonio Maíllo propondrá la celebración de un referéndum entre sus militantes sobre la continuidad del acuerdo, una consulta que está condicionada al cumplimiento de una serie de exigencias en el terreno legislativo. IU pretende acelerar la aprobación de las leyes de la banca pública, la renta básica, la de agricultura integral, la ley de violencia de género y garantizar unos mínimos vitales de luz y agua. Las cuatro primeras sí vienen recogidas en el pacto de Gobierno, no así la última.

La otra pata de la estrategia de IU para subrayar su perfil propio a poco más de cinco meses de las elecciones municipales es la corrupción. “No sólo no vamos a tapar la corrupción, sino que la vamos a aflorar. Toca pedir responsabilidades políticas”, dijo Maíllo en el cierre de la asamblea controlada de cabo a rabo por el Partido Comunista de Andalucía, el sector mayoritario.

La federación de izquierdas propondrá en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación de “toda” la corrupción: fraude de los cursos de formación, ramificaciones regionales de los casos Gürtel, Bárcenas y Operación Madeja. Temas que afectan al PSOE, pero también al PP y a la propia IU, con varios cargos imputados por la juez Mercedes Alaya por un caso de soborno. Es más que dudoso que esta petición tan extensa encuentre encaje en el Reglamento de la Cámara. Además, IU pedirá la celebración de un pleno extraordinario en el mes de enero sobre la corrupción en Andalucía. Para que ambas iniciativas prosperen, los 12 parlamentarios de Izquierda Unida tienen que contar con el apoyo de sus socios socialistas (47 diputados) y/o el de la oposición del PP (50 parlamentarios).

Desde el PSOE no se adelantó ayer ninguna posición, pero las conclusiones que salieron aprobadas de la asamblea de la federación de izquierda molestaron mucho. “Es una charlotada, es ridículo, ¿por qué esperan a junio para convocar un referéndum? Parecen que quieren estar en el Gobierno, pero no quieren estar”, señalaron fuentes socialistas. La semana pasada, Susana Díaz eludió valorar lo que ella misma calificó de “líos internos” tanto en su partido como en IU y sostuvo que “mientras tenga estabilidad” no tiene razones para adelantar las elecciones. ¿La asamblea de IU cambia esa situación? “Se genera una situación de inestabilidad, no la favorece, porque, además, estás gobernando con un socio que no es fiable”, señalaron las fuentes consultadas.

Maíllo no descartó que se puedan producir cambios de cara en el Gobierno. Pidió a la asamblea manos libres para hacer y deshacer en el partido, en el grupo parlamentario y en las instituciones. “Ahora mismo no” contempla cambios en el Gobierno, precisó el coordinador a los periodistas, cuando siempre ha presumido de que IU mantiene fijos a sus consejeros, frente a los cambios en los sillones de los socialistas. Esa posición ya no es tan firme.

La propuesta de Maíllo de aplazar a junio la decisión sobre la permanencia en el Gobierno y la revisión de todos los casos de corrupción aplacó en cierta forma a las minorías que defendían una ruptura inminente del pacto. Maíllo y todo su equipo salieron reforzados, lo que se evidencia en el hecho de que el documento que se sometió a debate entre los militantes en las asambleas previas fue respaldado por el 64%, y el texto final de síntesis obtuvo el aval del 77%.

En los debates en las comisiones fueron abundantes los argumentos a favor de “tensionar” el acuerdo con los socialistas. Esta posición fue la mayoritaria, si bien hubo dirigentes que defendieron esta vía para procurar que “les echen” del Gobierno.

Junto al nuevo rumbo que quiere tomar IU, aunque sin desvelar aún el puerto de llegada, la organización defendió la labor de sus consejeros y diputados. Sin lugar a dudas, fue el vicepresidente de la Junta y ex coordinador general, Diego Valderas, quien con más determinación defendió el trabajo de los consejeros en una intervención que sonó a regañina. Valderas cifró en el 65% el cumplimiento del pacto y se quejó de que “no se haya valorado” que fue IU “la que echó a un presidente de la Junta [José Antonio Griñán] y a cinco consejeros”, ni la gestión en las consejerías. También la portavoz adjunta de IU, Alba Doblas, defendió el trabajo de la docena de diputados ante la crítica de que hay parlamentarios “guay y, otros, silenciosos”.