Los camellos 2.0 cobran ventaja

Basta con variar una molécula, con tocar un radical de la fórmula química para que una droga sintética, por devastadores que sean sus efectos, deje de serlo en los juzgados. Jueces y policías solo pueden perseguir sustancias que están en las listas de prohibidas de la ONU o de cada país. Las mafias del norte de Europa, principales productores de esas drogas de diseño, lo saben y van retocando su composición para anticiparse a los controles. El año y medio que la burocracia comunitaria emplea para vetar cada nueva droga le sirve a los traficantes para patentar la siguiente. Y así el mercado está siempre abastecido.

Solo en 2014, España ha propuesto a la Unión Europea que fiscalice 14 sustancias interceptadas en operaciones policiales. Algunas son muy peligrosas pero a efectos legales, fuera de esas listas, tienen el mismo castigo que si los agentes incautasen lacasitos.

Dos de esos estupefacientes requisados por los cuerpos policiales este año no habían sido alijados nunca en el continente. El 31 de marzo, el Gobierno español notificó el hallazgo a Europa de un Precursor de Alprazolam, de la familia de las Benzodiacepinas, con efectos sedantes. El 12 de septiembre soltó una segunda alerta de nombre impronunciable (4methil-N, Ndimethylcathinone hydrochloride), una droga estimulante que produce sensación de euforia en quien la consume. El largo camino administrativo hacia la prohibición acaba de comenzar. El resto de estados miembros de la Unión mandaron otras 80 alertas parecidas.

Los camellos no entienden de fórmulas químicas. Lo que colocan en las discotecas o en el gran bazar que es Internet a consumidores que se mueven entre la veintena y la treintena reciben nombres mucho más sugerentes: “Oro fantástico”, “sonrisa absoluta”, “placaje”, “mazazo”, son productos que han sido intervenidos por la Brigada de Estupefacientes de Policía Nacional.

Basándose en sus atestados, la Agencia Española del Medicamento ha analizado algunas de sus incautaciones. Uno de los últimos informes firmado por José María Martín del Castillo, consejero técnico de este organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, avisa de que la Mefedrona —un tipo de droga estimulante prohibida en 2010 después de que las autoridades británicas la relacionasen con la muerte de 37 personas— ha sido sustituida en el mercado negro por la Methedrona, de la misma familia, y “cinco o 10 veces más potente”. La Agencia concluye que “sustancias que no se encuentran sometidas a fiscalización nacional o internacional, suelen utilizarse como alternativa a otras prohibidas y de propiedades similares”.

Los cuerpos de seguridad se encuentran indefensos sin herramientas para combatir estos estupefacientes de nueva generación. En los últimos años se han frustrado varios alijos. La Operación Zafiro montada por la Policía Nacional requisó 32.500 dosis de un potente alucinógeno introducido en botellas que se impregnaba en láminas de papel secante procedentes de California. Encarceló a los traficantes que entraron por una puerta y salieron por la otra: en cuanto la sustancia pasó por el laboratario resultó ser una droga no fiscalizada, en lugar del LSD, del que sus dueños hablaban en las escuchas telefónicas. “Sucede lo mismo con la lidocaína, da positivo en los marcadores de los análisis que hacemos para la coca, pero no podemos perseguirla”, se queja un alto cargo policial.

Rosario Sendino, consejera técnica del Plan Nacional Sobre Drogas, asume que las instituciones europeas van por detrás de las redes mafiosas y avisa de que los perjuicios no son solo para las fuerzas de seguridad: “No podemos controlar el tráfico y la distribución porque no son ilegales pero es que además las modificaciones que se introducen en las drogas no nos permiten controlar las repercusiones en las personas, los consumidores están vendidos. Con dosis muy pequeñas se producen efectos mucho mayores de los que no se informa al comprador”. Esta reputada experta sostiene que España —donde el consumo de las drogas de diseño es menor que en otros países de su entorno aunque aumenta exponencialmente— hace los deberes y ha introducido herramientas para medir el consumo de nuevas sustancias: no solo las encuestas escolares, también analiza los ingresos hospitalarios por sobredosis y las incautaciones del Ministerio del Interior.

Como ella, todos los técnicos consultados para este reportaje, aguardan a que la Unión Europea consiga aprobar un reglamento en tramitación para perseguir nuevas sustancias. Entretanto, a las policías europeas solo les cabe invocar las leyes de protección de la salud pública, que solo castigan a los traficantes cuando hay muertes o lesiones. Cuando el daño ya está hecho.