Operación Ruz, marchando
Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial(CGPJ) y del Tribunal Supremo, tenía previsto llevar el asunto de los concursos para cubrir 38 plazas de jueces a la reunión de la comisión permanente del pasado martes, día 2 de diciembre. Pero el viernes anterior, 28, el día en que Lesmes exigió la dimisión de la vocal Mercè Pigem, al dar conocer el orden del día, quedó claro que la iniciativa se posponía.
Pero he aquí que en lugar de tratar el tema de los concursos en la comisión permanente, tuvimos la oortunidad de escuchar el mismo día, el pasado martes 2, al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien explicó que el CGPJ resolvería sobre los concursos y, en relación a Ruz, dijo que no entendía por qué razón se iba a criticar al Gobierno si no se le renovase la comisión de servicios.
Todo el tema es un asunto de "provisión de puestos", resumió.
Pues bien, el ministro ha explicado el viernes 5 de diciembre, otra vez en relación al juez Ruz, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, los siguiente: "Lo razonable es que las plazas vacantes se cubran a la mayor celeridad posible".
Bien.
Lesmes explicó ya hace tiempo a Catalá que no se renovaría la comisión de servicios de Ruz. El periodo máximo de la comisión en curso que comenzó en junio de 2013 puede prorrogarse, según la ley, cada seis meses, hasta junio de 2015.
Catalá habla de cubrir la "vacante".
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional es Miguel Carmona. El magistrado, que se jubila en 2016, ganó la plaza cuando dejaba el puesto de vocal del CGPJ, pero al incorporarse al juzgado número 5 recibió, como diría Mario Puzo, una oferta que no podía rechazar: magistrado de enlace en Londres.
El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no deseaba a un progresista, que en aquellos días de julio de 2013 vociferaba sus intenciones de ejercer de juez titular, vamos, dueño del juzgado, en las importantes causas abiertas, entre ellas Gürtel, tras conocer que la comisión permanente del CGPJ, presidida por Gonzalo Moliner, había concedido una nueva comisión de servicios al juez Ruz. El magistrado llevaba en el juzgado número 5 en junio de 2010, donde recaló en comisión de servicios al ser inhabilitado Baltasar Garzón, el primer juez instructor de Gürtel.
La plaza de Londres como la de Washington para magistrados de enlace nunca se habían cubierto. Y la verdad es que en una situación de austeridad presupuestaria ha llamado la atención la oferta de Ruiz-Gallardón en 2013.
Carmona, pues, marchó a Londres.
Por tanto, cuando Catalá habla de vacante parece deslizar que aquí se va a cubrir la plaza con un juez titular. Pues, no. La plaza tiene titular.
Por tanto, lo que siempre se debate en este caso es una comisión de servicios.
Pero es que esa comisión de servicios en curso no está agotada. La ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 350, plantea que se puede conceder hasta por dos años, renovándose cada seis meses, bajo estricto control de la Audiencia Nacional y tras informe de la inspección del CGPJ.
La última vez que se renovaron los seis meses, la comisión permanente del CGPJ, presidida por Lesmes, concedió una porróga en función del "excelente rendimiento del magistrado comisionado". Esto es: Ruz
Por tanto, las afirmaciones de Catalá orillan el problema. Que debería ser tratado de manera estrictamente legal y respetar el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero 2011 y la ley Orgánica del Poder Judicial. Y el artículo 355 bis que se invoca...para mejor manipularlo.
Esta historia me remite a un asunto que no carece de interés.
El ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, tenía grandes expectativas, según él por afirmaciones que había manifestado Mariano Rajoy, en la sustitución de las dos fiscales que comenzaron las investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción desde la primera hora, antes aún de que el juez Baltasar Garzón se hiciese cargo: Concha Sabadell y Miriam Segura.
Los SMS intercambiados entre Rajoy y Bárcenas, antes y después de conocerse la fortuna del ex tesorero del PP en Suiza, hasta marzo de 2013, sugieren alguna clave. Por ejemplo, un SMS que el presidente del Gobierno le envía el 10 de abril de 2012 dice así: Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo.
¿A qué se refiere Rajoy?
La situación procesal de Bárcenas acaba de cambiar en aquellos días del SMS.
Porque el 14 de marzo de 2012 la sala de lo Penal de Audiencia Nacional, sección cuarta, anula la exculpación de Bárcenas, dictada por el juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 1 de septiembre de 2011, cuando... ¡ya había perdido la competencia del caso!
Bárcenas está muy inquieto por las dos fiscales.
Sus contactos con el Gobierno, aparte de los mensajes de Rajoy, se mantienen vivos.
Consigue el apoyo de María González Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, para que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, confíe a uno de sus policías dilectos, el comisario José Luis Olivera, que acaba de abandonar la UDEF para ser nombrado a continuación director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), una labor delicada.
Se trata de mantener un encuentro, en septiembre de 2012, con Alfonso Trallero, abogado de Bárcenas, en el pub cafetería Milford, en la madrileña calle de Juan Bravo. Olivera, acompañado de un compañero, acude a la cita.
A principios de junio de 2013, Bárcenas hace llegar a través de un intermediario el original de los papeles publicados por EL PAÍS el 31 de enero 2013 a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. E
En el encuentro, la persona enviada exhibe el original sobre el cual Cospedal manifiesta no tener duda sobre su veracidad formal, pero cuestiona la veracidad del contenido. Se menciona el tema de apartar a las dos fiscales que llevan la investigación y, según el intermediario, Cospedal señala que no hay nada que hacer porque Ruiz-Gallardón lo rechaza de plano.
Refresco esta historia porque después de su estrepitosa caída, el ex ministro de Justicia ha estimado, en algunas conversaciones privadas, que el tema de Luis Bárcenas y las dos fiscales tuvo un coste grande para él.
En resumen: después de algunas vacilaciones parece haber llegado la hora de terminar con la instrucción de Ruz. Precisamente cuando está por abordar la recta final de Gürtel y en especial la contabilidad B del PP, los sobresueldos, donativos y pagos en negro de las obras del arquitecto Urquijo, que ya suman 1,7 millones de euros, tras los nuevos datos aportados por el registro del cuartel general del PP en la calle de Génova.
Fraude de ley
El pasado 15 de octubre, el juez Ruz advirtió lo que se aproximaba. Ese día la intranet del CGPJ llevaba este mensaje:
Estimados compañeros y compañeras, en la Comisión Permanente [del CGPJ] celebrada ayer se aprobó el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adecúa la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto se anunciará un concurso traslado de magistrados en el que se incluirán tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compañeros y compañeras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el artículo 355 bis".
El juez Ruz concluyó entonces, tras leer este texto, que la plaza que ocupa en comisión de servicios sería sacada a concurso.
Pero analicemos.
El artículo citado de la ley Orgánica, el 355 bis, establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situación de servicios especiales se podrán cubrir por los mecanismos ordinarios de sustitución, mediante comisiones de servicio con o sin relevación de funciones o a través de los mecanismos ordinarios de provisión, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situación".
Los llamados "mecanismos ordinarios de provisión" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.
Pero, atención, también se prevé ahora, en el 355 bis, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (artículo 118 derogado), que se podrán cubrir "mediante comisiones de servicio" (situación actual de Ruz).
Con todo, lo que Catalá y Lesmes ocultan es lo siguiente: el artículo 355 bis no plantea concursos o sustituciones en la Audiencia Nacional. Este organismo no aparece enumerado entre las instituciones que se citan en el 355 bis.
Para nada. Tiene su razón de ser. Porque se refiere a jueces, que al quedar agotadas sus comisiones de servicios, quedan adscritos a órganos colegiados. Es decir: a los Tribunales Superiores de Justicia. En la Audiencia Nacional estamos hablando de órganos unipersonales, juzgados que tienen un juez a su frente.
¿A quién se le puede ocurrir fomentar bicefalias cuando hay experiencias nefastas sobre ello?
Un ejemplo ha sido el del juez Miguel Moreiras y el juez Manuel García-Castellón, en el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional número 3, en el caso Banesto, que terminó, metafóricamente hablando, a los golpes. Y desembocó en la creación del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional. El que hoy ocupa el juez Eloy Velasco.
Lo que hace Lesmes, con el respaldo de Catalá, es manipular el 355 bis.
El verdadero objetivo, por tanto, es acabar con Ruz.
La cláusula prevista por Lesmes junto con el concurso es que se prorrogue a Ruz hasta que llegue el nuevo juez en marzo próximo.
Esto permitiría atosigar al juez y hacer muy difícil la terminación de las dos piezas pendientes en el caso Gürtel de aquí a marzo próximo.
Y a partir de que haya un nuevo magistrado a cargo, "si quiere" Ruz podría solicitar su permanencia como segundo juez. Lesmes demuestra que cuando quiere es capaz de llegar a la perversión. Porque, además, sabe que Ruz es juez titular de un juzgado, el número 4 de Móstoles, cuya plaza ganó en 2013.
Si ya en el caso de Mercè Pigem, Lesmes asumió que él es el CGPJ y él es la comisión permanente, en esta ocasión siete miembros del pleno del CGPJ (Concepción Sáez, Enrique Lucas, Clara Careaga, Roser Bach, Rafael Mozo, Victoria Cinto y Pilar Sepúlveda) acaban de pedir por carta que la comisión de servicios de Ruz sea debatida en el pleno del próximo día 18 de diciembre.
¿Les dará Lesmes este gusto? ¿No encontrará alguna ingeniería doméstica para denegarlo?
La independencia judicial está en juego. Y es el pleno el que no puede mirar hacia otro lado.
A todo esto, Lesmes ha actuado a espaldas de la reunión formal de la comisión permanente al anunciar este viernes día 5 la liquidación de la comisión de servicios de Ruz y el concurso en el juzgado número 5.
¿Qué harán la magistrada María del Mar Cabrejas y Álvaro Cuesta, miembros del sector progresista, en la comisión permanente del próximo martes, dia 9?
¿Aceptarán la ingeniería jurídica diseñada por Lesmes, a saber, dejar a Ruz -¿cómo se iba a dejar acéfalo el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Naciona?- hasta que llegue el nuevo juez?
Pues, abróchense, lectoras y lectores, los cinturones.
Cabrejas y Cuesta anticipan...¡que votarán a favor de la propuesta de Lesmes!
¿Quién nos diría que iríamos a toparnos tan pronto con una ...Grosse Koalition?
Incluso, según fuentes, se arrogan haber dado con la ingeniería jurídica para calzar la liquidación de Pablo Ruz.
¡Tres meses miserables!
Solo nos queda esperar que alguien se justifique con este pretexto: ¡Es que Ruz no ha pedido la prórroga!
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