Investigada una venta de vivienda pública por enriquecimiento ilícito

El juzgado de instrucción 48 de Madrid ve posibles “indicios objetivos de enriquecimiento” en la venta por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) de 2.935 pisos al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la gestora inmobiliaria española Azora. Pagaron 201 millones de euros por 32 promociones del plan joven de vivienda repartidas en 11 municipios madrileños. La operación pretendía aligerar la situación financiera regional, pero la oposición y distintas plataformas ciudadanas lo llevaron a los tribunales.

El juez pide al Grupo Especial de Delincuencia Económica de la Brigada Policial de Policía Judicial que investigue “la posible interrelación” entre las empresas compradoras y la Administración. Alude a los compradores (Azora, Goldman Sachs y Encasa Cibeles, gestora de los pisos) y también a los responsables públicos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que encabeza el consejero Pablo Cavero, y del Ivima, aunque no menciona nombres.

La gerente del Ivima, Ana Gomendio, está imputada por este caso. En septiembre prestó declaración y defendió la “transparencia” y “legalidad” de la operación. Goldman Sachs superó un 20% el precio de licitación con “la oferta más ventajosa” entre todas las aspirantes, según informó la Comunidad.

Gomendio añadió que fue su predecesor al frente del organismo de la vivienda, Juan Van-Halen, quien puso en marcha el proceso de licitación que ella acabó rubricando. El juez pide en su diligencia que la investigación policial se centre en el proceso de enajenación y en los responsables que ejercieron cargo público durante ese tiempo.

Tras la venta de los pisos, la Comunidad aseguró que los inquilinos no notarían “ningún cambio” en sus condiciones de alquiler y que podrían ejercer el derecho a compra “al precio que ya conocen”. El Defensor del Pueblo hizo una llamada de atención el Gobierno regional madrileño, porque considera que el cambio de arrendador “resulta claramente perjudicial [a los inquilinos] por cuanto reduce su esfera de derechos”.

El PSOE puso una querella por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada a la que se adhirieron la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima y otros inquilinos de los inmuebles traspasados. Los socialistas consideraron que el Gobierno regional había hecho un “regalo” al banco de inversión con la operación urbanística. En la querella incluyen un cálculo de cuánto puede alcanzar la venta a precio de mercado del total de inmuebles, una vez finalizados los contratos de arrendamiento y las prórrogas. Según sus números, Goldman Sachs se puede embolsar hasta 424 millones, un 211% más de lo que pagó.

“Es una estafa. Han usado el dinero de todos los madrileños para dar negocio a unos fondos de inversión altamente especulativos”, considera Antonio Fernández Gordillo, diputado socialista en la Asamblea de Madrid y firmante de la denuncia. Su partido relacionó públicamente la operación con que Goldman Sachs gestione una Sicav con los ahorros de la familia del consejero Pablo Cavero. Un portavoz de la consejería, que señala que aún no se les ha notificado esta diligencia, aclara que no tiene nada que ver con Goldman Sachs, que simplemente es quien gestiona su dinero, como si estuviera en cualquier otra entidad bancaria. Un portavoz de Encasa Cibeles indicó ayer que a ellos tampoco les han notificado la diligencia.