“Nos han pillado”

El día que la Guardia Civil entró por la puerta de la farmacia de Peñarroya de Tastavins (Teruel) hizo bingo. “Mira... que nos han pillado. Me han registrado la farmacia. La Guardia Civil. Por lo de la exportación y tengo que ir a Teruel a declarar porque estoy imputada...”. Amparo Barberá, propietaria de la oficina de farmacia de este pueblo de medio millar de habitantes, era —como admitía por teléfono a varios allegados— uno de los 200 profesionales de farmacia implicados en la red de exportación de medicamentos desarticulada este otoño por la Guardia Civil de Teruel en Convector, una operación de alcance nacional que aún sigue abierta. Tenía pinchado el teléfono y se estaba autoinculpando de lleno al admitir sus negocios ilegales: en ningún momento los agentes le habían explicado los motivos del registro.

Pero Barberá —como queda claro en la parte del sumario cuyo secreto ha sido levantado— no era una cualquiera entre los implicados. Tenía, según los investigadores, un papel esencial en esta trama con una cúpula aún por identificar que ha utilizado almacenes pantalla y a farmacéuticos para fines delictivos. Era la reclutadora de boticarios de la zona. Hacía de enlace con los almacenes que se han dedicado a sacar los medicamentos de precio subvencionado del circuito legal para venderlos a un coste muy superior en el extranjero. Y buscaba preferentemente farmacéuticos a quienes no les salían las cuentas.

El testimonio ante el juez de Rosa del Carmen Sorlí, propietaria de la farmacia de Monroyo y del botiquín de Torre Arcas e imputada en la causa, da fe de ese papel clave de Barberá en la red delictiva en un momento en que los impagos estaban haciendo estragos en las farmacias rurales. De hecho, dice Sorlí —se excusó así ante los investigadores— que todo comenzó cuando el Colegio comenzó a pagar la facturación con tres meses de retraso. Ella no veía la manera de cuadrar las cuentas, declaró, y Barberá le dijo que si estaba apurada podía seguir su camino y vender medicamentos en un mercado paralelo a cambio de una comisión. Se arriesgaba, eso sí, a que le descubrieran, a que detectaran que se había saltado la obligación de vender solo a pacientes. “Lo hice, lo hice unas pocas veces. Y lo hice. Y ya está. Y siento haberlo hecho, pero lo hice. Nada más me apañé dejé de hacerlo”.

Cada principio de mes, Barberá enviaba por e-mail a Sorlí un listado con los nombres de los fármacos deseados por las mafias. Junto a cada fármaco figuraba el porcentaje que se llevaban los boticarios. Un 85% el epanutín para la epilepsia, un 120% el Sinemet plus, para el párkinson. “Hola Rosa. No pidas Seroquel porque al final no estará en la lista”, corregía Barberá. Sorlí hacía entonces el pedido de los compuestos con mayor margen de beneficio a su almacén suministrador, en este caso Alliance Healthcare.

No es casualidad que trabajara solo con esta firma, la segunda por cuota de mercado de España. Uno de sus comerciales, Gonzalo Julvé de la Iglesia —a quien la Audiencia de Teruel dejó en libertad con cargos— hizo de intermediario en la compra del establecimiento por parte del Sorlí. Julvé de la Iglesia es, además, un personaje clave en todo este presunto entramado delictivo. Ha puesto en aprietos a su compañía al aludir a la posible implicación de la empresa en unas conversaciones grabadas por la Guardia Civil. Alliance Healthcare España manifestó en un comunicado que “cumple estrictamente con toda la normativa y con todas las reglas sobre buenas prácticas vigentes” y que está dispuesta a “colaborar con las autoridades competentes”.

Conforme a la farmacéutica de Monroyo le iban llegando los medicamentos que pedía en exceso a Alliance para revenderlos, los metía en cajas. A finales de mes, Barberá le indicaba el día en que una furgoneta pasaría a por ellas. La relación con quienes recogían los paquetes, según Sorlí, era inexistente. Pasaron varios. El destino era la empresa Alliance Pharmaceutical Synergies, un modesto almacén situado en los bajos de un edificio de Alboraya (Valencia) que, según comenta el portero de la finca, lleva meses abandonado.

Los profesionales con problemas económicos eran su principal objetivo

“Hola, te mando los datos para hacer la factura de este mes, que han cambiado”. También era Barberá la encargada de comunicarle los detalles de la facturación. La farmacéutica de Monroyo no podía emitir una factura al uso, así que camuflaba los fármacos preferentemente como productos ortopédicos. En la correspondiente a marzo de 2013 lo que figuran, entre otros productos, son pañales.

Amparo Barberá está en el centro de toda la investigación. Los pinchazos a su teléfono, igual que los realizados al de Julvé de la Iglesia, han servido a los investigadores para asestar un golpe a la que por el momento es la mayor operación en España contra la exportación ilegal de medicamentos.

La información desvelada por la parte del sumario que no está bajo secreto ofrece una visión limitada del funcionamiento de la trama. Existía una cúpula, existía una red intermedia de comerciales, bolseros, comerciales, farmacéuticos como Barberá... que reclutaban boticarios dispuestos a participar del negocio. Y existían diversos mecanismos para sacar los medicamentos de las farmacias. Los investigadores calculan que la trama facturó dentro de España ilegalmente medicamentos por valor de 50 millones de euros y que llegó a obtener por la venta en el extranjero —sobre todo en la Unión Europea—— hasta un 800% de beneficio en los casos más extremos.