El aforado que dimita después de que se abra juicio no irá a otro tribunal

Los aforados investigados por el Tribunal Supremo o los tribunales autonómicos no podrán renunciar a su fuero una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos. Así lo ha decidido hoy el pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, que ha debatido sobre la situación de dos exconsejeras valencianas imputadas por los contratos de Fitur con la trama Gürtel. El acuerdo del alto tribunal supondrá que se revoque la decisión del tribunal superior valenciano, que después de que las consejeras dejaran el cargo remitió el caso a la Audiencia Provincial de Valencia. Según la decisión adoptada por unanimidad por los jueces de lo Penal, el caso de los pabellones de Fitur será juzgado por el tribunal autonómico.

El acuerdo del Supremo fija el criterio que se seguirá en un futuro para todos los casos de aforados investigados en los tribunales. Los magistrados han acordado que es el auto de apertura de juicio oral el que determina la imposibilidad de una renuncia del aforamiento con efectos procesales. Los aforados podrán renunciar a su fuero durante la instrucción, pero no podrán hacerlo una vez que se haya dictado auto de apertura de juicio oral contra ellos.

El acuerdo afecta también la exsenadora socialista Elena Diego, acusada de prevaricación, y sobre la que ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral, por lo que será juzgada por el Supremo. En un futuro, el criterio establecido hoy podrá afectar a los cinco aforados andaluces a los que está investigando el Supremo por el caso de los ERE, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En el caso de las dos exconsejeras valencianas, Milagrosa Martínez y Angélica Such renunciaron como diputadas cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya había puesto fecha para el juicio contra ellas. Tras la renuncia de las diputadas, el tribunal autonómico se declaró no competente para juzgarlas y dejó el caso en mano de la Audiencia Provincial. Los jueces argumentaron un supuesto de “pérdida de aforamiento sobrevenido”, pues la pérdida de la condición de diputadas de las dos únicas procesadas que lo eran determinaba, según el tribunal, la pérdida de su aforamiento, y con ello la pérdida de la "competencia jurisdiccional objetiva" del tribunal autonómico.

Según aquel auto, para resolver quién es competente en el caso hay que determinar en qué momento es aplicable la "perpetuaio jurisdictionis", que permite perpetuar la competencia de un órgano jurisdiccional aunque ya no concurra el elemento determinante de su competencia. Para el tribunal valenciano esa figura se produciría "necesariamente" cuando se inicien las sesiones del juicio oral, "momento en el que se ha de entender consolidada la competencia jurisdiccional del órgano de enjuiciamiento", cosa que no ocurre en este caso, lo que unido a la pérdida de aforamiento de las personas acusadas hace que el TSJCV ya no sea competente.

El auto señala que el Tribunal Supremo, ante un caso "idéntico", declaró en 1993 su incompetencia una vez producida la pérdida de condición de una diputada y con ello su aforamiento, justo antes del inicio de la celebración del juicio oral señalado.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió la decisión del tribunal valenciano al considerar que las acusadas estaban incurriendo en “fraude de ley”.