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El juez pide al Banco de España que informe del salario de Rato en Bankia

La Audiencia Nacional quiere saber si el regulador conocía las tarjetas opacas

Rodrigo Rato, el 16 de octubre en la Audiencia Nacional.
Rodrigo Rato, el 16 de octubre en la Audiencia Nacional. EFE

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, quiere saber si el Banco de España tenía conocimiento de cada uno de los complementos salariales del expresidente de la entidad Rodrigo Rato, entre ellos las tarjetas opacas con las que 82 consejeros de la entidad cargaron gastos personales por valor de 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012. El magistrado dictó ayer una providencia —resolución judicial para asuntos de orden secundario— en la que reclama al organismo regulador que remita cuanto antes los “informes elaborados sobre la política de retribuciones de los ejercicios 2011 y 2012” de Bankia y de su entidad matriz, Banco Financiero y de Ahorro (BFA). Andreu también le pide al Banco de España que le envíe todas las comunicaciones cruzadas con la entidad en aquellos años que tengan que ver con la supervisión de las remuneraciones de la entidad, que recibió 22.424 millones de euros públicos para su reflotamiento en el año 2012.

Según fuentes jurídicas, el magistrado ha solicitado la documentación relativa al control de las tarjetas b opacas al fisco de las que disponían cinco consejeros y directivos del banco y también de cualquier otra retribución abonada durante los dos años en los que Rodrigo Rato presidió el banco, que abandonó en mayo de 2012. Con el dinero de plástico, Rato pagó gastos personales por valor de 99.041 euros entre el 28 de noviembre de 2010 y el 24 de noviembre de 2012, según los extractos de cuentas enviados por Bankia al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y que forman parte de la investigación abierta por el juez Andreu.

Con esta nueva providencia, el juez intenta averiguar no solo si el Banco de España sabía al detalle las remuneraciones que percibió la antigua cúpula de Bankia, desde sus aportaciones a los planes de pensiones hasta sus dietas, sino también la existencia de las tarjetas opacas a Hacienda. El pasado 16 de octubre, el magistrado impuso a Rato una fianza civil de tres millones de euros para hacer frente a posibles responsabilidades en caso de ser condenado por el escándalo de las tarjetas. La Audiencia Nacional confirmó esta fianza la semana pasada.

Según la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia, este medio de pago se entregaba “a modo de complemento salarial como parte de las retribuciones propias de cada usuario, y destinadas a gastos propios, ajenos a los gastos de representación de la entidad”. Durante la época en que Rato presidió Caja Madrid y posteriormente Bankia —enero de 2010 a mayo de 2012— los consejeros gastaron 2,58 millones de euros con las llamadas tarjetas black. En su declaración como imputado, Rato aseguró que ignoraba que la entidad no practicara retenciones tributarias por este “complemento retributivo” y que se llevara una contabilidad inapropiada de las tarjetas. Sin embargo, el tribunal considera que la emisión de las tarjetas, situadas “al margen de todo atisbo de legalidad (...) era responsabilidad” de Rodrigo Rato.

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