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El PSOE propone seis años de cárcel por financiación ilegal de partidos

Los socialistas piden condenas más elevadas en sus enmiendas al Código Penal

Quieren bajar de 150.000 a 50.000 euros el umbral para el delito fiscal

El PSOE quiere que el Código Penal castigue con hasta seis años de prisión el delito de financiación ilegal de los partidos, según las enmiendas que presentará este jueves. Esas enmiendas de los socialistas sobre conductas vinculadas a la corrupción describen hechos que coinciden con los que se imputan al PP en el caso Gürtel: financiación ilegal, donaciones prohibidas, falsedades para ocultarlo y destrucción de pruebas, en aquel caso, del disco duro de los ordenadores.

Obviamente, esa reforma del Código Penal no puede aplicarse con carácter retroactivo a ese caso y no podrá entrar en vigor antes de finales de 2015. En este momento no existe el delito de financiación ilegal y, por eso, el PP no puede ser acusado.

Según esas enmiendas de los socialistas, que deberán ser debatidas a partir de ahora en la Comisión de Justicia, los socialistas proponen un artículo 304 en el que se dice que “los representantes legales y administradores de hecho o de derecho de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, que acepten donaciones contraviniendo los requisitos y limitaciones establecidos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos, o incumplieren de igual modo cualquier otra limitación o prohibición prevista en dicha ley, serán castigados con las penas de prisión de dos a seis años y multa del tanto a séxtuplo de la cantidad recibida, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y derecho de sufragio pasivo de cuatro a 10 años”.

El contenido de las enmiendas del PP se conocerá a través de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso. El proyecto de ley del Código Penal llegó al Congreso en septiembre de 2013 y ha estado atascado con 41 ampliaciones del plazo de enmiendas parciales.

Los socialistas quieren que se penalice la conducta de quienes hagan efectivas esas donaciones

Esas penas, según la propuesta del PSOE, subirían otros dos o cuatro años de prisión si los responsables de esos partidos realizaran conductas destinadas a “falsear sus cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar su situación económica-financiera-patrimonial, para negar, impedir u obstruir el control externo de la misma”.

Las conductas penadas no serían solo las de los autores, sino los que a posteriori “y sin haber participado en el mismo como autor o cómplice, intervinieren con posterioridad en el mismo, ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del delito para impedir su descubrimiento o ayudando a los responsables del mismo a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes”. Haciendo una analogía, entraría en esa conducta la acusación a los responsables del PP de haber destruido pruebas como los discos duros de los ordenadores.

El contenido de las enmiendas del PP se conocerá a través de la comparecencia del presidente

Además, los socialistas quieren que se penalice la conducta de quienes hagan efectivas esas donaciones y que, además, no podrán contratar luego con las administraciones. En concreto, se propone que “los que, por sí mismos o como administradores de hecho o de derecho de una sociedad, realicen donación a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores contraviniendo” la Ley Electoral o la de Financiación de Partidos “serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tanto a séxtuplo de la cantidad donada, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio y la imposibilidad de contratar con las administraciones públicas de dos a cuatro años”.

Otra de las novedades que propone el PSOE es bajar de 120.000 a 50.000 euros el límite a partir del cual se puede considerar que hay delito fiscal. Del conjunto del Código, el PSOE rechaza también la llamada prisión permanente revisable que está incluido en el proyecto elaborado por el Gobierno. También propone limitar las medidas de vigilancia y control posteriores a la salida de prisión por cumplimiento de condena.

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