El diagnóstico de riesgo alto de maltrato a mujeres cae un 31%

El número de diagnósticos policiales que acaban con la imposición de medidas de protección permanente a víctimas de violencia machista ha bajado de forma considerable en los últimos años. Según un informe enviado en marzo por el Ministerio del Interior al PSOE tras una petición formal en el Congreso, entre 2010 y 2013 la cifra de valoraciones de riesgo alto cayó un 31% y la de riesgo extremo se redujo un 46%. En cambio, las de riesgo medio, que solo exigen una vigilancia ocasional de la mujer, aumentaron un 3,1%.

Estos datos podrían interpretarse de forma optimista, como un indicador de que la situación está mejorando, pero las últimas cifras de crímenes machistas desmienten esa tendencia. El porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado su situación previamente acaba de alcanzar uno de sus máximos históricos desde que se realiza este recuento, hasta llegar al 31,8%. Solo en 2006 se superó por una décima ese tope, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad.

Cada mujer que denuncia una situación de maltrato es sometida a una valoración policial para evaluar el nivel de protección que necesita. El protocolo aprobado en 2008 determina que si no se observa riesgo, no se debe tomar ninguna medida. Si el diagnóstico es de riesgo bajo, se facilita información y recomendaciones. En los de riesgo medio se establece una vigilancia ocasional y aleatoria, con la posibilidad de ingresar en un centro de acogida. Solo en los casos en los que se aprecia riesgo alto y extremo se impone una vigilancia permanente tanto de la víctima como del agresor.

La diputada socialista Ángeles Álvarez, que fue quien solicitó el informe al Gobierno, advierte de que estas cifras revelan que algo está fallando en el sistema. “No hay ningún indicador ni ninguna modificación en el protocolo que pueda justificar este cambio de tendencia. Al contrario, tenemos más mujeres asesinadas que habían denunciado previamente, lo que quiere decir que se valoró mal el riesgo que corrían y no se las protegió adecuadamente”, apunta. “Es sospechoso que justo los dos niveles de valoración que bajan son los que obligan a una vigilancia permanente mientras sube el que no la exige, y que esto coincida con un descenso en los presupuestos y recursos de los cuerpos policiales. No hay explicación para eso, salvo un posible relajo”, opina.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género no tiene una explicación para este cambio de tendencia. “No se ha bajado la guardia ni tampoco los recursos destinados a proteger a las víctimas. Al contrario, tanto el Ministerio del Interior como el de Justicia y el de Sanidad están colaborando para hacer más eficientes todos los sistemas. Las cifras sobre violencia de género son muy oscilantes, no pueden sacarse conclusiones de subidas o bajadas en las estadísticas porque nunca hay una única causa. Igual que no puede decirse que desciende la violencia de género si bajan los asesinatos, lo contrario tampoco puede afirmarse”, explica un portavoz. “Se está trabajando precisamente en la mejora del cuestionario que la policía utiliza para hacer las valoraciones de riesgo. Y se está trabajando también para mejorar la coordinación entre la policía y los juzgados y el seguimiento continuado de las víctimas”, añade.

El PSOE preguntará esta semana al Gobierno por esta cuestión en el pleno del Congreso. Además, hace unos días registró una proposición no de ley que plantea una revisión del sistema de valoración de riesgo que incluya un análisis de todos los casos de asesinatos en los que hubo denuncia previa para saber si se cometieron errores de apreciación de riesgo. El texto plantea también realizar revisiones cada vez que se produzca el mínimo cambio de circunstancias.

Coincidiendo con la celebración este martes del Día Internacional contra la Violencia de Género, los socialistas han pedido la comparecencia de la ministra se Sanidad, Ana Mato, para evaluar los 10 años de vigencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género. A principios de septiembre Mato reunió a todos los grupos parlamentarios para analizar cómo se puede mejorar la norma, pero desde entonces no se ha vuelto a realizar ningún movimiento en esa dirección.