UPyD se querella contra Mas ante el alto tribunal de Cataluña por el 9-N

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado este jueves otra querella contra Artur Mas y ocho autoridades de la Generalitat y el Parlament por la organización y celebración de la consulta del 9-N. Esta vez, la formación ha registrado el escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque el Supremo había determinado que era el órgano pertinente para tratar el asunto. El partido ha acusado al president, a tres de sus consejeros y a la Mesa del Parlamento de prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones, malversación de caudales públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otro bloque de delitos electorales. Más de los cuatro que ha propuesto presentar la Fiscalía General del Estado.

El pasado 13 de noviembre, el Tribunal Supremo había desestimado, por falta de competencia, la querella planteada por UPyD contra Mas y varios miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. El partido de Rosa Díez los había acusado de desobediencia y prevaricación por haber impulsado y organizado la consulta. El alto tribunal señaló entonces que las conductas que eran objeto de aquella querella se habían desarrollado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña y que el hecho de que repercutieran en el resto de España no alteraba esa realidad.

En la querella presentada ahora en el TSJC figuran como acusados la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y los consejeros Irene Rigau (Educación) y Ramón Espadaler (Interior). También, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y otros cuatro integrantes de la Mesa del Parlament: los vicepresidentes Anna Simó y Lluís Corominas, y los secretarios Josep Rull y David Companyon.

La querella recoge la primera acción que UPyD había presentado el pasado 8 de octubre y las sucesivas ampliaciones

La Fiscalía General del Estado ya había acordado que se querellaría contra Mas, Ortega y Rigau por organizar la consulta del 9-N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. La propuesta del fiscal Eduardo Torres-Dulce es acusarles de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. Díez afirmó sobre aquel proceso que la defensa de la legalidad era una obligación y que no podía estar supeditada al consenso. De hecho, era partidaria de que Torres-Dulce actuara sin los fiscales catalanes. "Aplicar la ley no es un asunto de consenso".

La querella de UPyD, que recoge la primera acción que la formación había presentado el pasado 8 de octubre y sus sucesivas ampliaciones, tiene 59 folios y otros 900 documentos probatorios. El texto incluye un relato cronológico de los hechos que consideran delictivos, como la apertura de institutos y edificios públicos dependientes de la Consejería de Enseñanza, la facilitación de los medios materiales para realizar la consulta y la presencia en las calles de una "ingente cantidad" de los Mossos d'Escuadra.

UPyD recuerda en el documento presentado en el TSJC que, a pesar de la sentencia del Constitucional, desde que se aprobó la declaración de soberanía, el 23 de enero de 2013, el propio Parlament y los partidos proconsulta, "impulsados de forma determinante por el presidente de la Generalitat", fijaron una fecha para realizar un referéndum, "llamado posteriormente consulta popular no vinculante y finalmente proceso participativo".

UPyD ha enviado su querella al fiscal general, aunque considera que no debe esperar a que este concrete sus acciones.