Torres-Dulce se querellará contra Mas con la negativa de los fiscales catalanes

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tomó ayer la decisión de querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas por la celebración del 9-N. Lo hizo pese a la oposición de la junta de fiscales catalanes, encabezados por el fiscal superior de esa comunidad, José María Romero de Tejada. “El fiscal general del Estado considera que debe formularse querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y así lo ha ordenado”, señaló la fiscalía a través de un comunicado en el que no se precisó de qué delitos se basará la acusación.

La decisión está tomada. Pese a ello, Torres-Dulce ha convocado mañana a la Junta de Fiscales de Sala para informar de la existencia de contradicciones con sus colegas de Cataluña. La resolución de la junta no es vinculante y, ante la decisión del máximo responsable del ministerio público de que la querella debe presentarse, la resolución última será esa. La convocatoria obedece, además, a la aplicación del artículo 27 del Estatuto fiscal, que indica que cuando un representante del ministerio público reciba una orden del fiscal general, “este resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala”.

La decisión de Torres-Dulce estuvo precedida de una jornada de tensión. La junta de fiscales de Cataluña se reunió por la mañana para analizar si la acusación contra Mas y su vicepresidenta, Joana Ortega, tenía suficiente base jurídica como para formular una querella y sostener la acusación contra ambos, al menos, por los delitos de desobediencia y prevaricación. El mismo motivo mantuvo a los fiscales catalanes reunidos el viernes, pero, ante la falta de acuerdo, la resolución se demoró hasta ayer.

“La ausencia de una base jurídica sólida” para sostener los delitos para acusar a Mas y Ortega supuso el factor clave para que los representantes catalanes se decantaran por mostrar su disconformidad a presentar la querella, según fuentes de la propia fiscalía catalana. “Por el momento, no procede incoar acciones legales contra los responsables del llamado proceso de participación ciudadana”, transmitieron los fiscales de Cataluña en un mensaje que confirmó la Fiscalía General del Estado. Los representantes catalanes del ministerio público consideraron además el hecho de que diversas organizaciones, sobre todo partidos políticos, ya han presentado denuncias contra Mas y algunos de sus consejeros por el 9-N, con lo que el proceso estaba ya judicializado. Esas denuncias están siendo instruidas en distintos juzgados y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña empezó ayer mismo a acumular algunas de ellas. La consulta alternativa, por tanto, ya iba a ser perseguida penalmente y, tal como admitió el propio Torres-Dulce el viernes. “No es necesario que el ministerio fiscal lleve a los tribunales el asunto, que ya está incluso antes del 9-N en manos del Tribunal Superior de Justicia”, afirmó. “El Gobierno no da instrucciones a la fiscalía”, aseguraron tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy como el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El hecho es que pese a que, el miércoles pasado, el fiscal general del Estado dejó en manos de la fiscalía catalana el análisis y decisión sobre los argumentos jurídicos, Torres-Dulce optó ayer por tomar las riendas y resolver en contra de la postura de sus compañeros. La decisión de la junta de fiscales catalanes de no presentar la querella fue apoyada por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que así lo trasladó ayer a Torres-Dulce. Este se topó, por dos veces, con la negativa del fiscal jefe catalán, quien insistió en considerar la acción judicial “improcedente”, según el comunicado.

La víspera del 9-N, la Fiscalía Superior de Cataluña decidió investigar un delito de desobediencia en la cesión de locales públicos para celebrar la votación suspendida por el Tribunal Constitucional. El mismo día 9, los fiscales determinaron que había indicios de criminalidad, aunque optaron por no retirar las urnas al considerar que esta era una medida desproporcionada.

El Gobierno dio por hecho que se presentaría la querella de forma inminente, pero el fiscal general del Estado dejó la decisión a criterio de los representantes catalanes, cuya opinión ahora ha desestimado. En las reuniones de la semana pasada, la mayoría de los miembros de la Fiscalía Superior de Cataluña concluyeron que aun examinando un solo delito —el de desobediencia— no se cumplen los requisitos. Torres-Dulce se podría encontrar con la misma postura en la Junta de Fiscales de mañana.