La fiscalía ordena 25 detenciones por blanqueo, fraude y falsificación

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado este lunes la detención de 25 personas -de las que han sido arrestadas 23- que supuestamente componían una red de introducción de mercancías que habría realizado más de 15.000 envíos en los últimos cinco años. Los investigadores estiman que habrían logrado defraudar más de 100 millones declarando a la baja los valores de los productos. Los implicados son mayoritariamente de nacionalidad china, aunque también hay españoles, entre ellos el supuesto cerebro de la organización, un gestor aduanero con despacho en Coslada (Madrid).

Se han practicado 24 registros en empresas y domicilios particulares en distintas localidades de Madrid y las provincias de Alicante y Almería. En estas diligencias, practicadas en Coslada, Paracuellos del Jarama, Parla, Brunete y Fuenlabrada, todos en la provincia de Madrid; Azuqueca de Henares (Guadalajara), Cabañas de la Sagra (Toledo), Alicante y en los municipios de Oria, Chirivel y Albox (Almería) se ha incautado documentación, ficheros informáticos y 400.000 euros en efectivo.

En la operación, bautizada con el nombre de “Juguetes”, se investiga la importación y distribución de mercancías ilegales desde China y el entramado creado para no declarar los movimientos a la Hacienda Pública. Según una comunicación de la Fiscalía, en este fraude participaban “desde los fabricantes y proveedores en China hasta los agentes de Aduanas y transitarios que gestionan la introducción de las mercancías en España”. La investigación está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada (Madrid). Las detenciones se han practicado en distintas localidades de Madrid (16 personas), Alicante (una persona) y Almería (dos personas). Otras cuatro personas detenidas en Almería han quedado en libertad, según fuentes de la investigación. Además, dos ciudadanos chinos, que han regresado a su país, no han sido aún detenidos.

Según la nota de Anticorrupción, la investigación ha destapado una estructura de sociedades, cada una con un cometido específico y cuyo “objetivo final” es el “fraude organizado, el contrabando, y el blanqueo de los beneficios obtenidos”. La trama lleva funcionando desde 2009.

Según fuentes de la investigación, el líder de la trama era un agente de aduanas -no un funcionario, sino un gestor equiparable a un asesor fiscal- español con base en Coslada (Madrid). Este ofrecía a los exportadores chinos un "paquete completo", que incluía tanto la tramitación de pedidos de mercancía, como la solución de asuntos logísticos y de trámites burocráticos. De hecho, el principal registro de la Operación Juguetes ha sido en el despacho de este agente aduanero, que tras detectar que los controles de la Agencia Tributaria se estrechaban, decidió llevarse el negocio a Holanda. En lugar de recibir los contenedores con la mercancía en los puertos de Valencia o Algeciras, optó por los Países Bajos, desde donde transportaba los bienes fraudulentos por carretera hasta España, según las mismas fuentes.

"La operación se inicia con la importación de mercancía procedente de China, pero la investigación no va contra la comunidad china; de hecho el principal imputado es español", aseguran las mismas fuentes tributarias. Aunque el sistema de defraudación es similar al destapado en la Operación Emperador, encabezada por el empresario chino Gao Ping, la Operación Juguetes no tiene nada que ver con ella, señalan los investigadores.

La entrada de contenedores con un valor declarado muy por debajo del valor real empezó a levantar las sospechas en la Agencia Tributaria. Cuando se comprobaba este hecho, los importadores eran obligados a pagar la diferencia, por lo que optaron por trasladar el negocio al puerto de Rotterdam (Holanda). Alli repetían la misma operación, pero con una innovación: usaban técnicas para evitar el pago del IVA a la importación.

Además de declarar el valor de los bienes muy por debajo de la realidad, la mercancía entraba en Holanda con destino final en España. La legislación comunitaria obliga a que el IVA se liquide en el país de destino final de las mercancías. Sin embargo, la red enviaba los bienes a sociedades que antes de liquidar el impuesto eran dadas de baja. Los titulares de estas empresas eran, además, testaferros por lo que no había forma de reclamar el pago del impuesto eludido.

Otra fórmula consistía en transportar por tierra la mercancía a Portugal como si fuera para ese país, y una vez allí, volverla a cargar en camiones para reintroducirla en España y evitar de nuevo el impuesto.

Los investigadores sitúan en el “núcleo” de la red de contrabando a “clientes mayoristas y distribuidores” de los productos falsificados con base en España, aunque también destacan el papel de la “nube de minoristas” que llevan la venta directa de la mercancía fraudulenta a la venta directa al consumidor. La red contaba con “sociedades de asesoría contable, fiscal y laboral” que diseñaban la forma más ventajosa y segura de actuar para la organización.

La trama, afirma la Fiscalía, no solo opera en España. Sociedades pantalla en Holanda y Portugal permitían realizar las importaciones desde China y distribuir las mercancías en España, “con el claro propósito de no declarar dichas importaciones a la Hacienda Pública”.