El jugoso negocio de las cacerías ‘púnicas’

La constructora investigada en la trama corrupta Púnica Grupo Dico costeó entre 2002 y 2006 cuatro cacerías anuales que reunieron a una veintena de promotores inmobiliarios y dirigentes del PP, según dos exdirectivos. Las monterías se desarrollaban los fines de semana en las fincas toledanas La Parrilla y La Solana y en Los Collados de San Benito, en Ciudad Real.

Al menos en dos jornadas participó el cerebro de la red y exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. El político, hoy encarcelado, acudió en 2002 a La Solana, según las fotos a las que ha tenido acceso EL PAÍS. “Paco se apartaba cuando aparecía una cámara”, recuerda un asistente. A esta cita asistió también el propietario de suelo de Valdemoro (Madrid) Eduardo Martín, que no está imputado en la red. Granados era entonces alcalde de este municipio que duplicó en una década su población (72.000 habitantes en la actualidad). Su sucesor en el Ayuntamiento, José Miguel Moreno (PP), también aceptó la invitación de los promotores. Visitó La Parrilla en 2004. “Solo fui una vez. No sé quién lo organizó. No me gusta la caza”, dice este político, que de momento tampoco está imputado.

Grupo Dico se benefició de la adjudicación de dos parcelas municipales en la zona de Valdemoro conocida como Cantonegro y de suelo industrial en el polígono Valmor. Un exdirectivo de la constructora cifra este negocio en 600.000 euros. La firma también ejecutó en este pueblo un pabellón deportivo, un centro de emergencias y dos aparcamientos, según el portavoz del PSOE, Serafín Faraldos.

Las monterías de la compañía fundada en 1989 por los albañiles Julián Jiménez y Francisco Colado arrancaban con un desayuno consistente —migas y huevos fritos— y proseguían con el sorteo de los puestos. Entre las 12.00 y las 15.00 horas se soltaban los perros. Jornadas similares cuestan hasta 2.000 euros por cazador y día, según la asociación cinegética de Castilla-La Mancha Aproca.

El expresidente del Senado Barrero fichó por la constructora bajo sospecha

La nómina de asistentes a la cacería del 25 de octubre de 2004 incluyó al presidente del Senado entre 1996 y 1999 Juan Ignacio Barrero. El político popular asistió a la montería en La Parrilla por “amistad” con los fundadores de la compañía. Y tras compartir batidas de venados y jabalíes fichó como asesor externo de la empresa en materia de obra civil. Trabajó para la sociedad hasta 2006. “Nunca me pidieron ninguna gestión fuera de la oficina con nadie”, sostiene Barrero.

Este abogado abandonó su escaño en el Congreso de los Diputados en 2000. Hoy, ocupa un asiento en el Consejo Consultivo de Extremadura, un organismo que vela por el principio de legalidad. Barrero acudía a la finca toledana acompañado de quien fue su secretario en la cámara alta, Alfonso López, que no está imputado en la trama. E invitó a las jornadas cinegéticas al alcalde de Mérida, el popular Pedro Acedo. "Se lo juro por mis hijos. No sé quién organizaba las cacerías. Yo iba por Barrero", dice el regidor. Acedo visitó La Parrilla en octubre de 2004 acompañado de su hijo Pedro.

El alcalde de Mérida, que al igual que Barrero carece de vinculación con la red, aseguró en una primera conversación con este periódico desconocer si disfrutó gratis de la actividad. Después, matizó a través de un portavoz que no pagó porque participó “en calidad de secretario”, que es como se denomina al ayudante en el puesto que recoge las piezas y carga las escopetas. El expresidente del Senado admitió que fue invitado por los constructores.

Otro asiduo a la caza de venados a costa de los señores del ladrillo Colado y Jiménez fue el constructor David Marjaliza, que hoy duerme en prisión. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le señala como el conseguidor de la trama Púnica. Marjaliza llegó a controlar el 60% del suelo urbanizable de Valdemoro a través de decenas de sociedades. Junto a él, compartió el tiro al jabalí a costa de Grupo Dico el exalcalde popular de Las Rozas (Madrid) y diputado regional Bonifacio de Santiago, que no está imputado. “No tengo nada que ocultar. Pero no me apetece hablar. Todos saben que soy cazador”, cuenta este último a través de un portavoz. Ramiro Cid Sicluna, de Obras y Vías, corona la terna de constructores que compartió confidencias entre escopetas.

Grupo Dico disparó su beneficio un 146% (14 millones) en 2005. Y tres años después, declaró insolvente su promotora, Promodico. La firma presumía esos años en su web de aprovechar el boom como palanca exterior. Pregonaba inversiones de 2.000 millones en Veracruz (México), Samaná (República Dominicana) y Maricá (Brasil). ¿Qué fue de esos proyectos? “A usted no le tengo que dar explicaciones”, contesta el cofundador del grupo Julián Jiménez.

El empresario insiste en que declarará “de forma voluntaria” ante el juez Velasco. Que ha acordado con sus acreedores pagar en cinco años una deuda de 100 millones. Y que no desembolsó mordidas a cambio de adjudicaciones, como denunció ante notario el exdirectivo de su compañía David Merino, que ha declinado atender a EL PAÍS.

El cofundador de Grupo Dico Francisco Colado responde así sobre las monterías: “¿De dónde se ha sacado que invitamos a Barrero?”.

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