Condenado el Gobierno de Cospedal por despedir empleados vía SMS
El Ejecutivo autonómico debe pagar 120.000 euros a dos chóferes por despido improcedente
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha ha condenado al Gobierno de María Dolores de Cospedal a indemnizar con 68.924 euros y 49.523 euros respectivamente, a dos conductores de la institución por despedirlos de manera improcedente. La Junta de Castilla La Mancha deberá abonar además 1.000 euros derivados de las costas de las dos demandas. Los dos trabajadores prestaban servicio como personal laboral de la Comunidad hasta que el pasado 18 de febrero de 2013 recibieron un SMS en sus teléfonos móviles para que al día siguiente acudieran al puesto de trabajo a firmar su cese, que les fue comunicado verbalmente. El 8 de marzo, los dos chóferes recibieron cartas certificadas en las que se le notaban sus despidos con la fecha 19 de febrero y en las que se argumentaba "la amortización" de esos puestos de trabajo.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha sostiene que el Gobierno de María Dolores de Cospedal vulneró los derechos de los trabajadores por no comunicar oficialmente y por carta -tal y como obliga la legislación laboral- los despidos, los despidos, que considera improcedentes.
Hace unas semanas el Ejecutivo que preside la número dos del Partido Popular ya recibió otro varapalo judicial del mismo Tribunal Superior de Castilla La Mancha que condenó al Gobierno de esa comunidad por vulnerar la negociación colectiva en el cese de 400 interinos durante agosto de 2012.
De esta manera el Gobierno de Cospedal vuelve a recibir un nuevo varapalo judicial por incumplir el derecho de sus trabajadores, reflejando la prepotencia de la Junta a la hora de tramitar los ceses de su personal, que al ser realizarlos de forma ilegal acaba suponiendo un importante desembolso de dinero público. Lo que viene a demostrar la incompetencia del Director General de Función Pública, máximo responsable de personal en la Junta, en el desempeño de sus funciones, que ya ha sido condenado por el TSJ-CLM por vulneración de la negociación colectiva en el cese de los 400 interinos en agosto de 2012.
El sindicato STAS de Castilla La Mancha exige "que se depuren las responsabilidades políticas oportunas" en el Gobierno de Cospedal y alerta del "elevado coste" para los ciudadanos que tienen sus decisiones "arbitrarias". La central califica al director general de Función Pública, Juan Manuel de la Fuente como "el más nefasto de la historia de la Comunidad".
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