La Fiscalía ordena a los Mossos identificar a los responsables del 9-N
El fiscal reclama también una relación de locales públicos que permitan la votación Mas: "Cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque a la democracia"
La Fiscalía Superior de Cataluña ha remitido de "forma urgente" a los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana, una orden para que le informe "de la relación de locales o edificios de titularidad pública (Institutos, Dependencias Municipales u Organismos) en los cuales se desarrolle el denominado Proceso Participativo" de este domingo 9 de noviembre. En la misma orden, el ministerio público, que ha abierto diligencias de investigación para determinar si el uso de lugares públicos para la consulta del 9-N constituye algún delito, exige al cuerpo policial que depende de la Generalitat que identifique a "la persona responsable de la dependencia bajo cuya autorización se haya franqueado el acceso a los delegados de las entidades convocantes" de la consulta de autodeterminación.
Fuentes de los Mossos d’Esquadra aseguraron este sábado a las 22.30 que el dispositivo policial se mantiene como estaba previsto y que básicamente actuarán para garantizar la seguridad ciudadana. También aseguraron que no identificarán a quienes abran los institutos. La Policía autonómica asegura que dará respuesta a la Fiscalía, pero señala que esta no ha dado plazos concretos para ello, informa Miquel Noguer.
No es el único paso que ha dado la Fiscalía catalana por orden de la Fiscalía General del Estado. En un comunicado remitido a las 20.30, el ministerio público informa de que ha reclamado "al Departament de Ensenyament de la Generalitat a fin de que informe si se han convocado reuniones con responsables de centros públicos en los que se solicita la puesta a disposición de los centros para la realización de la consulta, y si existen órdenes o instrucciones por parte de la Generalitat para la utilización de esos locales".
El mismo comunicado de la Fiscalía señala que se ha ordenado a la empresa Unipost, encargada de transportar el material para la convocatoria suspendida por el Tribunal Constitucional, "a fin de que envíe la hoja de encargo, contrato y cuantos documentos obren en su poder relacionados con la distribución o buzoneo de la propaganda relacionada con el denominado Proceso Participativo". También le reclama "el presupuesto, factura pro forma o definitiva y, significativa y especialmente, qué persona o entidad les suministró el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado".
Se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas para dicho proceso podría suponer un delito después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el mismo.
La respuesta de la Generalitat llegó pasadas las 21.40. En un comunicado, el gobierno catalán se erigía en “único responsable” de haber “autorizado el acceso a locales públicos”. El Ejecutivo de Artur Mas señalaba que actúa “con el objetivo de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad ideológica”. Por tanto, afirma la Generalitat, “no se puede pedir la identificación a voluntarios que nada tienen que ver con esta autorización y que pueden desarrollar su tarea con total normalidad”.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no espera ninguna resolución judicial contra el proceso participativo. En una entrevista en TV-3, grabada antes de la decisión de investigar, le han preguntado sobre la posibilidad de una actuación de la Fiscalía: "No sé qué harán, pero por poco sentido común que tengan, creo que cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia".
Esta misma semana, el Constitucional acordó por unanimidad suspender la consulta alternativa convocada por la Generalitat para mañana, así como todas las actuaciones relacionadas con la misma, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado "proceso de participación ciudadana".
El Gobierno catalán hizo el viernes una última pirueta para garantizar que mañana, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional,haya urnas en los colegios electorales catalanes. La Generalitat aseguró que mantiene la “responsabilidad” de la organización del 9-N pero que la “ejecución” de la jornada quedará en manos de los 40.900 voluntarios reclutados que, en principio, se iba a hacer cargo de las mesas electorales y la logística de la jornada.
Hasta ahora, los fiscales catalanes no habían recibido ninguna instrucción ni orientación de la Fiscalía General del Estado ante la posibilidad de que el mismo domingo se presenten denuncias que intenten parar la votación. La incertidumbre crece, especialmente, entre los fiscales que estarán de guardia el domingo, que pueden verse en la tesitura de tener que dar al juez su punto de vista sobre las denuncias que hipotéticamente se presenten.
El consejero catalán de Interior, Ramón Espadaler, dejó claro el jueves que los Mossos d’Esquadra impedirán el proceso si así lo ordena la fiscalía. “Es una hipótesis lejana. Si pasara, los Mossos actuarían en el marco que corresponda. Atenderán lo que les diga el juez y el fiscal”, explicó. Espadaler recalcó que, si llega esa resolución judicial, no dará la orden de desobedecerla: “Se tendrá que atender y el Departamento de Interior no hará nada para evitarlo”.
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