El 90% de las menores de 16 y 17 años que abortan informan a sus padres

El 12,38% de las menores de 16 y 17 años que abortan en clínicas privadas en España lo hacen sin que ninguno de sus padres o tutores acredite que está informado. El dato procede de un estudio realizado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y, aunque deja fuera las intervenciones que se realizan en centros públicos, puede tomarse como referencia porque más del 90% se hacen en las privadas. “Es un porcentaje mínimo que contradice el argumento de que la mayoría de las menores abortan sin informar a sus padres, que está utilizando el Gobierno para justificar su intención de eliminar la parte de la ley que permite a estas menores abortar sin conocimiento de sus padres”, ha subrayado esta mañana la presidenta de ACAI, Francisca García, durante la presentación del informe.

Tras confirmar en septiembre la retirada de la reforma del aborto elaborada por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón –que dimitió tras fracasar el proyecto-, el presidente Mariano Rajoy anunció que solo cambiar la norma de 2010 para asegurar que todas las menores necesiten el consentimiento paterno. El Ejecutivo tiene previsto introducir esta modificación en el proyecto de Ley de Protección de la Infancia, que planea aprobar antes de fin de año.

Según el informe de ACAI, que extrae la cifra de intervenciones registradas entre enero y septiembre de este año, en ese periodo abortaron en clínicas privadas 25.394 mujeres. De ellas, 913 eran menores de 16 y 17 años (un 3,60% del total) y, en esta franja, 113 no informaron a sus padres o tutores (12,38%). Otro estudio realizado por esta organización en 2011 arrojó un porcentaje muy similar del 12,73%. "Son casos muy excepcionales, derivados siempre de situaciones de maltrato o desamparo. Si el Gobierno cambia la ley, estará empeorando aún más la situación de vulnerabilidad de estas chicas, condenándolas a la clandestinidad, con el consiguiente peligro para su salud, o a una maternidad forzada y la marginalidad”, ha asegurado García.

El estudio de ACAI no ofrece datos exactos, pero es el único que permite calcular de forma muy aproximada cuántas menores de esas edades abortan sin presentar el consentimiento de los padres, lo que permite la ley de 2010 siempre que un informe de los servicios sociales o de un psicólogo acredite que eso puede suponer un grave conflicto. La estadística oficial que elabora el Ministerio de Sanidad segmenta la información por grupos más amplios (menos de 14 años o de 15 a 19) y no ofrece cifras reales sobre esas dos edades en concreto, ni tampoco sobre las que acuden sin la acreditación de los padres.

La diputada socialista Ángeles Álvarez, miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso, ha solicitado ese dato en dos preguntas escritas al Gobierno, pero en ambas ocasiones la respuesta fue que no está disponible. “Alegan que la estadística se elabora con los informes que envían las comunidades autónomas, que son las que recopilan los registros de las clínicas, y que en esos informes no está el dato. Pero el dato existe, porque las clínicas lo envían, y sería tan sencillo como exigírselo a las comunidades. Debería haberse hecho desde que entró en vigor la ley de 2010, puesto que hay un artículo que hace referencia explícita a esas dos edades”, reclama Álvarez. “Si el Gobierno quiere cambiar ese aspecto de la ley, lo lógico es que analice cómo y a cuántas personas va a afectar”, opina la diputada socialista,

Eva Rodríguez, vicepresidenta de ACAI, asegura que las clínicas estudian minuciosamente todos los casos de las menores que acuden a abortar sin sus padres, y en muchas ocasiones consiguen que al final les informen y firmen el consentimiento. “Solo si los servicios sociales o un informe psicológico demuestra que realmente puede haber detrás una situación de violencia o desamparo se hace la intervención sin esa acreditación”, afirma. “Son realmente situaciones extremas, en las que puede haber riesgo de malos tratos o fuertes coacciones”, añade.

Hay también casos que, aunque aparecen en los registros de abortos sin consentimiento, en realidad no lo son. “Hay padres a los que se les informa pero se niegan a firmar. Otros quieren pero no pueden presentarse en la clínica para firmar porque están enfermos, desaparecidos o en prisión, o incluso en otro país porque son chicas inmigrantes emancipadas. Y como la firma a distancia no sirve, computan como intervenciones sin consentimiento aunque en realidad no lo sean”, explica la vicepresidenta de ACAI.