El PSOE ofrece “un contrato” a favor de la política limpia

En paralelo al desapego de los ciudadanos por la política y la decepción social ante el sistema clásico de partidos por la ebullición de casos de corrupción, el Gobierno y las fuerzas políticas han emprendido una carrera con propuestas que pretenden ser ejemplarizantes y sirvan de cerco a la corrupción. Aunque la convergencia se producirá necesariamente en el Parlamento, cada cual va por su lado.

El PSOE va a hacer bandera de la lucha sin cuartel contra las prácticas corruptas pero estima necesario reivindicar la política. Con cierta intención de trascendencia, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentará este miércoles en Valencia “un contrato con la ciudadanía a favor de la democracia española”, en el que habrá filosofía, principios y declaraciones, y una treintena de medidas.

Este documento será conocido como “La Declaración de Valencia”. En ella se establecerá un compromiso firme de ejercer la política con limpieza y atendiendo al interés general.

No por casualidad se ha elegido la capital de la Comunidad valenciana para celebrar la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que se aprobará este documento con el que se pretende impulsar “un movimiento de regeneración de la política”. En esta Comunidad se concentra un nivel de corrupción, que atañe principalmente al Partido Popular valenciano, que supone un paradigma “de lo peor de la política”, señala el candidato socialista a la presidencia del Gobierno valenciano, Ximo Puig, responsable federal de Reformas Democráticas, en la ejecutiva de Pedro Sánchez.

Una de las propuestas que presentará Sánchez toma como referencia la situación del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra

Una de las propuestas que presentará Sánchez toma como referencia la situación del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. “Se le castiga por impago a Hacienda pero no va a responder ante la sociedad sobre la procedencia del dinero”, relata Puig. El secretario general socialista propone crear en el Código Penal la figura del “Enriquecimiento Injusto”, de manera que será delito el incremento de dinero o patrimonio imposible de justificar y de explicar su procedencia, porque inexplicable les parece a muchos ciudadanos, según Sánchez, que delitos por fraude fiscal terminen en nada, como puede ser en el caso del uso de las tarjetas opacas de Bankia. Una de las medidas que figuran en este “contrato” con los ciudadanos consiste en rebajar de 120.000 a 50.000 euros anuales la cantidad por la cual ya existe delito.

Otras muchas medidas del PSOE son conocidas del PP y del Gobierno, y de otros grupos políticos, porque las han barajado en sus conversaciones discretas que se han interrumpido. Los populares dijeron que no a los socialistas en algunas de ellas pero en otras estuvieron de acuerdo. Estuvieron juntos en decidir que el diputado o cargo público que se encuentre inmerso en un procedimiento ante la Justicia dejará el cargo cuando se le abra juicio oral.

A esta situación le seguiría la creación de la figura del sustituto que ocuparía el cargo del investigado de manera que si acabara bien para el primero podría volver a su cargo electo. Esta fue una idea del secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, compartida por los negociadores socialistas.

Todo este caudal de trabajo hecho sobre medidas anticorrupción no caerá en saco roto porque buena parte del mismo la asumirá el gobierno y el Grupo Popular. Tanto IU, con 45 propuestas, y el resto de las fuerzas políticas, defenderán sus propuestas cuando en pocos días empiece la tramitación parlamentaria de propuestas del Gobierno.

También formarán parte del bloque las iniciativas que presente Pedro Sánchez en Valencia. Medidas de “endurecimiento y prevención”, explican en la ejecutiva socialista.