Octubre negro en los recovecos del poder

Cuatro sumarios distintos sobre corrupción han confluido en octubre y han extendido un manto de sospecha sobre las instituciones y debilitado la credibilidad de la política española. En total hay 127 personas implicadas, 38 han pasado por los calabozos o han sido detenidas, y 38 más tuvieron que abandonar sus cargos o partidos políticos, ya sea por decisión propia o a través de dimisiones forzadas. Ha sido un mes de octubre negro en los vértices del poder.

En la lista hay representantes institucionales, funcionarios públicos, empresarios... Y dirigentes históricos que ya no ocupan la primera línea de la política, como el todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que fue secretario general del PP madrileño y ocupó las más importantes carteras en el Gobierno de la Comunidad. Desde anoche duerme en una celda en la prisión de Soto del Real después de que el juez Eloy Velasco lo haya situado en la “cúspide de la trama”. Junto a él en la Operación Púnica, que indaga sobre una presunta red que pagaba sobornos y comisiones ilegales para lograr concesiones públicas, han sido arrestadas otras 35 personas.

El presidente de la Diputación de León, el popular Marcos Martínez, también está entre rejas, acusado de premiar con contratos a empresas amigas. Además, Púnica afecta a siete alcaldías. Martínez era también regidor en Cuadros (León). En Madrid están afectados seis ayuntamientos: Valdemoro, Collado Villalba, Casarrubuelos y Torrejón de Velasco (con alcaldes del PP, todos imputados y suspendidos temporalmente de militancia); Parla, en manos de José María Fraile, hombre de confianza del secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Tomás Gómez; y Serranillos del Valle donde gobierna un partido independiente, UDMA, a quien los socialistas le han retirado el apoyo.

El mes ya se estrenó con sacudida. El 1 octubre se conoció el informe que Bankia remitió a la Fiscalía Anticorrupción sobre gastos ocultos de la cúpula de Caja Madrid. En total, 86 consejeros y directivos que dilapidaron 15 millones de euros de la antigua caja y de Bankia, el banco resultante. A todos ellos los investiga la Audiencia Nacional por apropiación indebida, aunque solo tres están imputados. A 46, los que siguieron gastando después de 2010, les sigue la pista Hacienda por un supuesto delito de fraude fiscal que no ha prescrito.

El escándalo ocasionado por los detalles del derroche de las llamadas tarjetas black ha arruinado la carrera de 24 cargos de la antigua caja madrileña. Rodrigo Rato, el expresidente del FMI y todopoderoso ministro de Economía de Aznar, solicitó la baja del PP. Rafael Spottorno renunció como consejero del Rey Felipe VI. El vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, escenificó una dimisión en diferido. Históricos del sindicalismo como Rodolfo Benito (CC OO) y José Ricardo Martínez (UGT) abandonaron sus siglas. Del PSOE han salido once cargos, todos los que cargaron gastos a las tarjetas opacas. A los que no lo hicieron voluntariamente, la dirección les mandó un burofax para anunciarles su expulsión.

El caso se ha llevado por delante a cargos públicos en activo como Pablo Abejas, director general de Economía de la Comunidad de Madrid, y a José María Buenaventura, director de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, que debe investigar el presunto fraude.

Juan Cotino presentó su renuncia como presidente de Las Cortes de Valencia y puso fin a 23 años de carrera política

Cuando todos los focos judiciales apuntaban a Madrid, el juez Santiago Pedraz ordenaba en Barcelona el registro de las propiedades de Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Oleguer fue detenido, igual que su socio, Luis Iglesias, durante el tiempo que duró la búsqueda de documentación en sus casas y oficinas. Ambos continúan imputados por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Los ecos del caso Gürtel, que indaga sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular, han llevado ante otro juez, Pablo Ruz, también de la Audiencia Nacional, al ex secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, el primer imputado de la cúpula de Aznar por este caso. A Acebes se le acusa de mirar para otro lado cuando era número dos del partido y permitir la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja b. El ex secretario general ha salido de su declaración imputado y de momento el PP mantiene su confianza en él y no le ha pedido que abandone las siglas.

En Valencia otro habitual de las sospechas, Juan Cotino, presentó su renuncia como presidente de Las Cortes el pasado día 13 y puso fin a 23 años de carrera política. Acuciado por los escándalos de corrupción y los negocios familiares, anunció que se iba para cultivar caquis en la última etapa de su vida. En Cádiz, la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, también dejó el bastón de mando tras saberse investigada por enchufismo y contrataciones irregulares.