Bombas de relojería para los partidos

La Operación Púnica puesta en marcha el pasado lunes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acaparado esta semana el debate político y la irritación ciudadana. Pero, a poco más de seis meses de las elecciones municipales y autonómicas, varios juzgados instruyen otras causas que están pendientes de resoluciones que pueden volver a poner contra las cuerdas a los grandes partidos.

Cuando Mariano Rajoy quitaba hierro el pasado domingo a la corrupción ante centenares de alcaldes del PP y hablaba de las causas judiciales abiertas contra políticos como de unas “pocas cosas”, la Guardia Civil lo tenía ya todo listo para poner en marcha la Operación Púnica, que, de momento, se ha saldado con 51 imputados, entre políticos (sobre todo del PP, pero también del PSOE) funcionarios y empresarios. Siete de ellos, incluido Francisco Granados, el ex número dos del PP de Madrid, están en prisión ineludible bajo fianza. La corrupción, esa lacra que Rajoy intentaba minimizar y que los más optimistas veían como una resaca pesada de los años de fiesta económica, volvía a estallar en las manos de los dos grandes partidos.

Estas son algunas de las decisiones que deberán tomar los jueces que instruyen los grandes casos de corrupción y que pueden convertirse en bombas de relojería para los partidos implicados.

»Caso Gürtel. La Audiencia Nacional celebrará en los próximos meses el primer juicio por el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político conocida en democracia. En esa primera vista (separada de la de la causa principal) se sentarán en el banquillo 45 de los casi 200 imputados, entre ellos Luis Bárcenas y su esposa, y otros dos extesoreros del PP, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta; exalcaldes populares como Jesús Sepúlveda, Alberto López Viejo y Ricardo Galeote, y los miembros más destacado de la red, como Pablo Crespo, Álvaro Pérez y, el líder, Francisco Correa. La Sala de lo Penal decidirá en los próximos días si el PP tiene que comparecer en ese juicio como beneficiario de las corruptelas de la red Gürtel, que, presuntamente, habría financiado gratis determinados actos electorales del partido.

»‘Caso ERE’. La causa que asedia a la Junta de Andalucía, y con ella, al corazón del PSOE, afronta un momento clave. La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene que pronunciarse en las próximas semanas sobre si hay indicios suficientes para abrir una investigación en el alto tribunal contra los responsables del Gobierno andaluz, con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza. Después, el Supremo resolverá si tramita el suplicatorio para imputar a Chaves y Griñán en el caso de los ERE fraudulentos. Los jueces tienen también que decidir si imputan a otros cinco exconsejeros andaluces que están aforados como diputados nacionales o autonómicos. Mercedes Alaya instruye ahora además la otra gran macrocausa andaluza: el fraude en los cursos de formación. La Junta ha pedido apartar a la magistrada y anular las actuaciones al entender que ha vulnerado normas procesales para quedarse con la causa. La juez tiene que resolver el recurso de la Junta para una causa que abarca 12 años de subvenciones del Gobierno andaluz.

» ‘Caso Bárcenas’. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al ex secretario general del PP, Ángel Acebes, y al exalcalde de Toledo, el popular José Manuel Molina, y mantiene la imputación contra los tres extesoreros del partido, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís. En esa causa, el magistrado tiene pendiente resolver si hubo financiación ilegal del PP en el pago de las sedes del partido en La Rioja y Vizcaya; si se cobraron mordidas para sufragar la campaña electoral del PP en Castilla-La Mancha con Dolores de Cospedal como candidata; si se pagaron con dinero negro las obras de reforma de la sede central del partido; o si la formación cometió delito fiscal al no declarar a Hacienda como impuesto de sociedades las donaciones ilegales recibidas.

»‘Caso Palau’. Josep María Pijuan, el juez instructor de la corrupción descubierta en la gestión del Palau de la Música, está a punto de dictar el auto para abrir juicio oral por un asunto que toca de lleno al Gobierno de CiU. El juez, que mantiene embargada la sede central de este partido en Barcelona, considera acreditado que Ferrovial y Convergencia camuflaron como patrocinio numerosas mordidas pagadas por la empresa a cambio de la adjudicación de contratos en Cataluña. Dos ex tesoreros de Convergencia, los máximos responsables del Palau y exdirectivos de Ferrovial están imputados.

»La familia Pujol. Un juzgado de Barcelona investiga el origen de los fondos que la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol intentó regularizar el pasado verano. Además, entre otras causas abiertas contra miembros de la familia del fundador de Convergència Democràtica de Cataluña, el juez Pablo Ruz trata de acreditar si, como sospecha la policía, el hijo mayor del expresidente cobró durante casi ocho millones de euros de una decena de empresas por trabajos simulados. Todas esas empresas eran contratistas habituales de la Generalitat de Cataluña durante el periodo de Gobierno de Jordi Pujol.

»‘Caso Pokémon’. La mayor causa de corrupción instruida nunca en Galicia arrastra de momento más de un centenar de imputados (entre directivos del grupo empresarial eje de la trama, políticos y funcionarios) y toca de lleno a los dos granes partidos: al PP en los Gobiernos municipales de A Coruña y Santiago y al PSOE, en Lugo y Ourense. De las próximas resoluciones de la juez instructora Pilar de Lara va a depender, por ejemplo, el futuro del alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, y el de Ferrol, José Manuel Rey Varela, del PP. El Tribunal Superior gallego tiene que resolver si procesa a la diputada autonómica y ex portavoz regional del PP, Paula Prado del Río; y el Supremo debe decidir sobre el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, imputado por tráfico de influencias y cohecho cometidos, presuntamente, como presidente del PP de Lugo.