Dos dimisiones y dos amotinamientos en el PP madrileño

La trama de comisiones ilegales a cambio de contratos con la Administración revelada por la Operación Púnica se cobró ayer las dimisiones de dos cargos del Partido Popular y uno del PSOE en la Comunidad de Madrid. El de mayor rango fue José Martínez Nicolás, director de la Agencia de Informática del Gobierno regional desde 2007, que tras ser detenido el martes quedó posteriormente en libertad. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le imputa los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y fraude por “participar en la trama de facturas falsas”.

 También dimitió, como alcalde de Torrejón de Velasco (4.100 habitantes), Gonzalo Cubas, cuñado del empresario David Marjaliza, el constructor de cabecera de Francisco Granados desde que se conocieron en los años noventa del pasado siglo en Valdemoro. “Se ha constatado la influencia de Marjaliza en el Ayuntamiento, hasta tal punto que el alcalde sigue las instrucciones de David sobre cuándo y a quién facturar, manteniéndole puntualmente informado de este y otros aspectos que atañen a las sociedades de Marjaliza”, señala el auto judicial.

Cubas podría haber incurrido en ocho delitos: organización criminal, prevaricación, malversación, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsificación documental, cohecho y fraude. Desde Valdemoro, Marjalizase expandió y fue logrando adjudicaciones de contratos públicos en localidades cercanas como Parla. José María Fraile, alcalde desde 2008 de esta localidad de 125.000 habitantes, renunció como regidor. En libertad tras una fianza de 60.000 euros, el sucesor de Tomás Gómez, secretario general del PSOE en Madrid, acudió a recoger sus pertenencias al Ayuntamiento. El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, salió en defensa de Gómez y consideró “excesivo” e “injusto” culpar al líder de los socialistas madrileños. “En su momento [Gómez] lo tuvo de concejal de Hacienda y entonces su actitud era impoluta y no cometía ninguna irregularidad”, manifestó.

A Fraile se le atañen los delitos de organización criminal, malversación, cochecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude.

Otro de los presuntos implicados en la trama que ignoró las premisas del PP de abandonar su cargo institucional fue el regidor de Casarrubuelos, David Rodríguez. El alcalde del pequeño municipio de 3.300 personas limítrofe con Toledo se incorporó ayer a su despacho en el Consistorio, un día después de haber salido en libertad sin fianza. Allí comunicó a los trabajadores municipales su intención de seguir al frente del Ayuntamiento, al que llegó en 2012 tras una moción de censura de su partido y Asociación Vecinal de Casarrubuelos, una escisión de IU.

El juez aprecia en su auto que Rodríguez se puso “totalmente en manos” de Pedro García, directivo de la empresa Cofely, y del constructor David Marjaliza, ambos detenidos por la Guardia Civil, para la redacción de los pliegos de un contrato de eficiencia energética, lo que facilitó a Cofely “un conocimiento e influencia privilegiados” sobre el contrato de cara a su adjudicación. Según Velasco, el alcalde podría haber incurrido en los delitos de malversación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude.

El Ayuntamiento celebró el regreso de Rodríguez en la entrada en su página de Facebook como una vuelta “a la normalidad” acompañada de una imagen del alcalde en su escritorio. Pese a reconocer que el PP le había “suspendido” de la militancia, el comunicado subrayó que “mientras no exista una sentencia condenatoria con evidencias irrefutables en su contra”, Rodríguez contará con el respaldo de los concejales populares de Casarrubuelos. El pulso del regidor sentó muy mal en la sede del PP de Madrid en la primera planta de Génova 13. “Es una provocación, ha sido expulsado del partido, como el resto”, insistían responsables regionales de la formación.

Sin embargo, el alcalde de Casarrubuelos no fue el único díscolo con la dirección del PP. El comportamiento de Agustín Juárez, el alcalde de Villalba (62.500 habitantes), en libertad tras pagar una fianza de 40.000 euros, también generó desconcierto en la cúpula del PP autonómico. Esperanza Aguirre, la presidenta del partido en Madrid, afirmó que Juárez no dimite su partido le presentará una moción de censura. El regidor, al que se atribuyen presuntamente ocho delitos (prevaricación, malversación, revelación de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, cochecho, fraude y organización criminal), acudió al pleno municipal del jueves, que abandonó antes de que concluyera por los gritos de “¡ladrón!” y “¡dimisión” del público asistente. Para el lunes ha convocado una rueda de prensa. “Si no es para dimitir, se le presentará una moción de censura. Está preparada”, advierten fuentes del PP. Villalba adjudicó el pasado mayo a Cofely, la única sociedad que se presentó, un contrato de 47 millones por 42,9 millones durante 15 años. El interventor del Ayuntamiento advirtió de las irregularidades en la contratación.