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El Ejecutivo impugnará la nueva consulta del 9-N

El Consejo de Estado ve los mismos vicios de inconstitucionalidad

El presidente catalán, Artur Mas. Ampliar foto
El presidente catalán, Artur Mas.

Se llame como se llame la consulta que las fuerzas políticas nacionalistas y el Gobierno de la Generalitat han convocado para el día 9 de noviembre tiene los mismos elementos de inconstitucionalidad que la que fue paralizada el mes pasado por el Tribunal Constitucional. Así lo consideró ayer el Consejo de Estado por unanimidad de los miembros de su Comisión Permanente, que atendió los argumentos que le presentó el Gobierno de España y ve indicios de inconstitucionalidad y, por tanto, argumentos para que el Gobierno lo impugne ante el Tribunal Constitucional. Es más, esta consulta tiene mayor gravedad “porque carece de garantías constitucionales”, señalan.

El reproche jurídico de que con esta convocatoria se comete un fraude de ley recorre todo el informe del Consejo de Estado, que termina con la advertencia de que “las autoridades tienen la obligación de cumplir las decisiones del Tribunal Constitucional, con las responsabilidades a que ello pudiera dar lugar”.

Se trata de la misma pregunta y de las mismas intenciones que ya fueron impugnadas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, según el Consejo de Estado. El hecho de que ni el presidente Artur Mas ni su Gobierno hayan aprobado un decreto de convocatoria del “proceso de participación ciudadana” en modo alguno impide apreciar la existencia de un acto jurídico administrativo de convocatoria por parte de Mas, “al tiempo que evidencia un propósito de eludir el control de la jurisdicción constitucional”, se lee en el informe. En este como en el anterior, el Gobierno cuestiona la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña para convocar la consulta “y la naturaleza referendaria del procedimiento que pretende utilizarse a tal fin”. Es decir, solo el Estado puede convocar referendos y esa consulta lo es aunque reciba otro nombre. En el informe se recogen numerosas declaraciones del presidente de la Generalitat, en las que no deja dudas de que la convocatoria del próximo 9 de noviembre es para que los catalanes decidan en referéndum si quieren un Estado independiente.

El rastreo de las declaraciones de Mas que ha realizado el Gobierno y que recoge el Consejo de Estado es exhaustivo con el fin de demostrar las intenciones de los convocantes. “Como el Tribunal Constitucional todavía no ha levantado la suspensión del decreto de convocatoria de la consulta que el presidente firmó el pasado 30 de septiembre, Mas ha explicado que no se hará de acuerdo con este decreto, sino que “la Generalitat se acogerá a marcos legales preexistentes” que les dan “competencia en materia de participación ciudadana”, según resaltan los consejeros para cargarse de razones. “Como estos marcos existen y están plenamente vigentes, nosotros, bajo este concepto, somos competentes para hacer estos procesos y convocaremos a la gente el 9 de noviembre”, dijo el presidente Mas en alguna ocasión.

Toda la logística anunciada por el Gobierno catalán —el Consejo de Estado solo se refiere a declaraciones del presidente por ser la autoridad del Estado— desemboca para el órgano consultivo en los supuestos de inconstitucionalidad que aprecia el Ejecutivo y los consejeros también. Se citan varios “vicios competenciales” como el de participación política reconocido en el artículo 23.1 de la Constitución.

El conflicto de competencias entre administraciones es el principal argumento del Gobierno

En segundo término, se reputan los artículos constitucionales que atribuyen la convocatoria de cualquier referéndum consultivo sobre “decisiones politicas de especial trascendencia” al Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Además, se considera infringido el artículo 149.1.32a de la Constitución, que contempla la competencia del Estado para la autorización de consultas populares por vía de referéndum. En este informe, como en el anterior, se señala que “en lo tocante a la unidad de la nación española, está reservada a la decisión del conjunto del pueblo español en el seno del procedimiento de reforma constitucional”.

Se enumera un catálogo de “vicios materiales” como llamar al voto a los mayores de 16 años, y a los extranjeros. Además, no hay censo electoral, que reside en la Administración General del Estado. El Gobierno aprobará hoy impugnar la consulta del 9-N ante el Tribunal Constitucional, que la estudiará el martes.

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