Dos nuevos detenidos por intermediar en contratos de la Operación Púnica
Ya son 38 los arrestados y 14 los imputados por su supuesta implicación en la trama
La Guardia Civil ha detenido a dos personas más supuestamente relacionadas con la trama de corrupción municipal y autonómica que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de las que se sospecha que intermediaron en los contratos del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba.
Fuentes de la investigación han informado de que las detenciones se llevaron a cabo anoche, dentro de la llamada Operación Púnica, y que una de estas personas fue arrestada tras volver a España de un viaje en el extranjero. Los nuevos arrestados son Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado del Castillo, según Europa Press.
Con estas detenciones y la de este miércoles de un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que supuestamente avisó de la investigación al exconsejero y ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, son ya 38 los arrestados en la operación y 14 los imputados, aunque algunos de ellos han sido ya puestos en libertad por el juez.
Tras ordenar anoche el ingreso en prisión bajo fianza de cuatro de los 12 detenidos en la redada -entre ellos los alcaldes de las localidades madrileñas de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla (PSOE), José María Fraile-, este jueves son conducidos ante el juez Velasco otros 17 arrestados. Los detenidos han comenzado a llegar a las nueve de la mañana a la Audiencia Nacional desde dependencias de la Guardia Civil.
En la Operación Púnica, con 51 imputados, fueron detenidas 35 personas, de las que 12 han comparecido ya ante el juez, otras 17 lo hacen hoy y seis quedaron en libertad por parte de la Guardia Civil.
El juez afirma en el auto que dictó anoche que los detenidos formaban parte de una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios", contratos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.
En la resolución, el juez considera también que “el origen de los fondos” descubiertos en cuentas de bancos suizos a nombre de Francisco Granados y su esposa, Nieves Alarcón, y de su socio David Marjaliza y la mujer de éste “pueden proceder de conductas delictivas vinculadas a la promoción urbanística la contratación administrativa”.
Velasco asume que Granados, con su “trama organizada” de “relaciones personales e influencias políticas”, consiguió la adjudicación irregular de contratos públicos en su beneficio. “En diversos Ayuntamientos se han instrumentado procedimientos de contratación pública concertados con empresas de la órbita de los investigados”. La red de Granados influía “a lo largo de todo el expediente de contratación (...) desde su preparación y redacción hasta la valoración de las ofertas y la adjudicación”.
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