El juez extiende la investigación a toda la gestión de Granados en Madrid

Agentes de la Guardia Civil, a las órdenes del juez Eloy Velasco, han requerido al Gobierno de la Comunidad de Madrid amplia documentación sobre la gestión de Francisco Granados en el Ejecutivo madrileño entre los años 2004 y 2009. Los archivos incluyen datos, planes, acuerdos y convenios de cinco grandes departamentos. Entre estos años, Granados ocupó diversas consejerías en el Gobierno de Esperanza Aguirre: Transportes, Presidencia, Justicia e Interior.

El ahora detenido en el marco de la Operación Púnica llegó, incluso, a ser secretario regional del PP, aupado por Aguirre, y se convirtió en uno de sus hombres de máxima confianza. Igualmente, fue presidente de la comisión que investigó a los diputados Tamayo y Sáez, parlamentarios que abandonaron el grupo socialista en la Asamblea de Madrid y que impidieron que Rafael Simancas fuese presidente regional en 2003. En 2011, tras fuertes desavenencias con Esperanza Aguirre y el actual presidente regional, Ignacio González (en aquel momento en pugna política con Granados), dejó el Gobierno y se quedó como diputado. Poco después, también abandonó la secretaría del PP. Le sustituyó González.

Del paso de Granados por la Consejería de Presidencia (2004-2008), los agentes reclamaron al Gobierno los contratos del Patronato de Áreas de Montaña (PAMAM) —la empresa que gestionaba en aquella época los servicios públicos de 42 pequeños municipios de la sierra madrileña— con la empresa Waiter Music. De esta etapa, los investigadores judiciales también exigieron la documentación referente a los contratos entre esta consejería y la empresa Events Waiter Music.

De la Consejería de Justicia (2008-2011), la información pedida se refiere a los documentos que Granados firmó para la contratación de intérpretes judiciales, así como el contrato de seguridad de todos los juzgados de la región en 2009.

Igualmente, la Guardia Civil, según las fuentes consultadas, se llevó el contrato de alquiler de los locales donde se hallan ubicados los juzgados de Valdemoro, municipio donde Granados fue alcalde entre los años 1999 y 2003.

La Guardia Civil se lleva contratos

Francisco Granados también fue consejero de Transportes entre 2003 y 2004. Sin embargo, la documentación que los agentes reclamaron los pasados lunes y martes al Gobierno de Ignacio González se refería a facturas entre el Consorcio de Transportes y la empresa Obrum —propiedad de David Marjaliza, amigo íntimo de Granados y también detenido en la Operación Púnica— entre los años 2006 y 2008, cuando Granados ya no era consejero en esta área.

Los agentes, según las fuentes de la investigación consultadas, también requirieron información de departamentos que no dirigió directamente Granados, pero cuyas competencias tocaban de algún modo Valdemoro y varios municipios cercanos a la localidad de la que el detenido fue alcalde durante cuatro años. En concreto, a la Consejería de Urbanismo, de la que depende Arpegio —la empresa pública que gestiona el Plan de Inversiones Prisma y que reparte las subvenciones a los municipios—, los agentes le pidieron un convenio firmado con el Ayuntamiento de Arroyomolinos (próximo a Valdemoro) y tres contratos de 2007 del Plan Prisma con la empresa Dico (propiedad de otro amigo de Granados, el constructor David Cid). Igualmente, la Guardia Civil ha exigido toda la documentación de un plan parcial de Valdemoro en 2006 y todos los contratos de ese mismo año firmados entre Urbanismo y la empresa Aranán.

Finalmente, los agentes se llevaron los acuerdos por los que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro cedieron suelo y subvenciones a dos colegios concertados de este municipio. Los convenios se firmaron cuando la consejería de Educación estaba dirigida por Luis Peral, entre los años 2003 y 2007. El Gobierno regional ha entregado toda la documentación.