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La comisión vial del Congreso busca frenar el fraude de cuentakilómetros

La proposición no de ley insta al Gobierno a impulsar el intercambio de datos en la UE

La Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados ha respaldado esta tarde, por unanimidad, una proposición no de ley de CiU para poner freno a la manipulación de los cuentakilómetros de los vehículos usados. La iniciativa, suscrita también por el PP y el PSOE, insta al Gobierno a impulsar un conjunto de medidas, entre ellas, el intercambio de información entre los Estados de la Unión Europea y el fomento de sistemas que impidan el fraude.

La proposición no de ley busca que el Ejecutivo promueva la modificación de la normativa europea de homologación de vehículos para exigir a los fabricantes la inclusión de medios que impidan la manipulación de los aparatos. Para el portavoz de Seguridad Vial de CiU en la Cámara Baja, Jordi Jané, así se pondría coto a las operaciones que persiguen un aumento del precio de los coches de ocasión, cuyo valor depende de la antigüedad y kilometraje.

En España se compran dos coches usados por cada nuevo, según la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción. Los vehículos, sin embargo, se venden entre los Estados de la UE, lo que dificulta su seguimiento. Un estudio del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) señala que el 12% de los coches de ocasión de España y el 30% de los importados pueden tener el cuentakilómetros alterado. La organización estima que el fraude se eleva a 343 millones de euros anuales en el país y a 10.000 millones en Europa.

En España se compran dos coches usados por cada nuevo, según datos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción

La iniciativa, según CiU, busca que se impulsen medidas para que las leyes contemplen este acto como una infracción. En concreto, plantea promover el estudio de las modificaciones legales necesarias para establecer la infracción que debe suponer la sola manipulación del aparato. Al cambiar los datos del cuentakilómetros, el comprador cree que adquiere un vehículo menos rodado y, por tanto, paga más.

Desde enero de 2014, en un intento de reducir los fraudes, los talleres que realizan la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) están obligados a anotar el kilometraje de los automóviles que revisa y remitir esos datos a la Dirección General de Tráfico (DGT). Así, cualquier ciudadano que quiera comprar un coche puede solicitar su historial para contrastarlo con el que le ofrece el vendedor.