Los jueces reclaman una reforma de la justicia contra la corrupción

Los tribunales superiores de justicia (TSJ) de España han demandado este miércoles a los representantes políticos un pacto que permita una "reforma integral" de la justicia como parte imprescindible para "contribuir a la regeneración democrática" y acabar con la corrupción.

Los presidentes de los 17 TSJ han aprobado este mediodía una declaración al término de la reunión que, bajo el título de "La nueva organización judicial", han celebrado esta semana en A Coruña, y en cuya clausura ha participado el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

En sus conclusiones, los TSJ creen que "la reforma integral de la Administración de Justicia constituye una medida imprescindible para contribuir a alcanzar esa regeneración" democrática.

Así, reclaman una "decidida voluntad política" para implantar una demarcación judicial más racional y otro modelo de proceso penal que dé respuesta a las nuevas formas de delincuencia que socavan las instituciones, así como medidas legislativas y medios para agilizar los procesos complejos, sobre todo los delitos de corrupción.

También proponen una reforma urgente y en profundidad del aforamiento procesal ante la Sala Civil y Penal de los TSJ, reduciendo al máximo el número de aforados y limitando esta figura a los delitos cometidos durante el ejercicio del cargo.

El presidente de la institución anfitriona, Miguel Ángel Cadenas, ha dado lectura a estas conclusiones, en las que se evidencia "imprescindible" una reforma penal y la modernización de la administración de Justicia como elemento estructural para la recuperación de la confianza en el Estado de Derecho y como estrategia para salir de la crisis económica.

"La Justicia es un factor clave para la regeneración democrática" y existe un "desaliento cívico y desconfianza ante las instituciones por los graves casos de corrupción", ha sostenido Cadenas, quien ha reiterado la necesidad de reformas para lograr dichos cambios. Ha incidido en que los jueces españoles siguen trabajando "en un contexto de leyes inadecuadas y de graves deficiencias organizativas" y ha asegurado a los políticos que "mejorar la Justicia hoy es posible".

Entre las propuestas de medidas organizativas figura agilizar los procesos complejos, principalmente de corrupción, pues "las instrucciones penales deben sujetarse a plazos razonables para evitar el riesgo de que se conviertan en un fin en sí mismas".

En cuanto a la demarcación judicial, estiman necesaria una reforma legal inmediata "que posibilite que los actuales partidos judiciales superen definitivamente el actual esquema de Juzgados numerados y separados, lo que impide y dificulta enormemente compartir recursos e información".

Tras estas conclusiones, entre otras, Catalá ha agradecido sus aportaciones y ha trasladado el compromiso del Gobierno en el impulso de las mejoras necesarias en la administración de Justicia, entre ellas la relativa a la planta y demarcación judicial.

Sobre este asunto, ha defendido mejorar dicha demarcación para adaptarla al siglo XXI con la reforma, entre otras medidas, de los partidos judiciales, pero sin "perder de vista el aspecto cultural y la presencia de la administración de Justicia en el territorio".

Sobre el sistema de tasas, ha dicho que si está generando alguna limitación en el derecho de acceso a la Justicia "va a ser revisado" por su departamento con el compromiso de asegurar que sea "equilibrado".