El PSOE llevará al Constitucional un crédito de 883 millones para armas

  El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de los créditos extraordinarios que, desde que llegó el PP al poder, ha aprobado cada verano el Gobierno para atender al pago de los grandes contratos de armamento.

El Grupo Socialista ha decidido recurrir ante el alto tribunal el real decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto y que, entre otras partidas, incluía un crédito extraordinario de 883,6 millones de euros para atender al pago de los llamados Programas Especiales (PEA's). Casi la mitad de este dinero se destinó al pago de la anualidad del avión de combate europeo EF-2000 (430 millones), aunque también incluía dinero para el helicóptero de ataque Tigre (144), el avión de transporte A400M (143) o el helicóptero NH-90 (85); entre otros.

Defebsa ha recibido 3.544 millones extra  desde que gobierna el PP

Diego López Garrido, portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso, considera que la aprobación de este crédito a través de un decreto ley en pleno mes de agosto supone “una burla al Parlamento”. En su opinión, “la enorme transcendencia de este gasto y su peso en el presupuesto de Defensa exigen la máxima transparencia y un debate parlamentario a fondo que el decreto ley cercena”.

López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, subraya además que el decreto ley está reservado para supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad” y, por tanto, imprevistos; lo que no es el caso, pues estos pagos responden a un calendario acordado hace tiempo con la industria, por lo que se deberían incluir en los presupuestos o tramitarlos como proyecto de ley.

De hecho, es la tercera vez que Defensa recurre a estos créditos extraordinarios. En 2012 ya recibió por esta vía 1.783 millones de euros; 877 en 2013 y 884 en 2014. El pasado día 6, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, anunció en el Congreso que este año recurrirá a la misma fórmula para obtener entre 800 y 900 millones.

El secretario de Estado defendió que el decreto ley “es un recurso legal al alcance del Gobierno, más flexible que el presupuesto inicial. Si las circunstancias cambian”, argumentó, “es mejor tener un colchón y que podamos negociar”. Argüelles se escudó en un dictamen del Consejo de Estado de julio pasado, aunque el único conocido versa sobre un tema muy distinto: la eliminación de purines, cuya urgencia se justificó por el grave riesgo de contaminación.

Irene Lozano, de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), anunció ya entonces su propósito de recurrir el decreto ley, pero la iniciativa difícilmente habría prosperado sin el Grupo Socialista, el único que tiene los 50 diputados o senadores necesarios para ir al Constitucional.