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La caja b de Bárcenas y los regalos de Gürtel ponen al PP contra las cuerdas

El juez Ruz acumula indicios contra la formación conservadora en la etapa final de la investigación

El magistrado Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel desde el 24 de junio de 2010 y la pieza separada en el caso Bárcenas desde marzo de 2013 ha comenzado ya a preparar el auto para abrir juicio oral sobre las corruptelas acreditadas hasta 2005. Con esta iniciativa, el magistrado pretende sentar en el banquillo de los acusados a 45 imputados, entre ellos tres ex alcaldes de la Comunidad de Madrid y el ex tesorero nacional, Luis Bárcenas.

Si el recurso de apelación del PP no prospera, el escándalo de corrupción que estalló en febrero de 2009 le acabará salpicando como beneficiario de algunos de los delitos cometidos, por los que tendrá que pagar más de 300.000 euros.

Esta consecuencia judicial directa de su relación con la trama corrupta que organizaba todos los actos electorales del partido es sólo una pequeña parte de los numerosos indicios que el juez Ruz sigue recabando sobre la culpabilidad del PP en muchos de los hechos investigados.

El magistrado interroga hoy a Ángel Acebes, primer ex secretario general del PP imputado en el caso por autorizar la compra de participaciones de Libertad Digital con dinero de la caja b que controlaba Luis Bárcenas. El juez le atribuye el delito de apropiación indebida por omisión: no vigilar que los fondos dedicados a la compra de participaciones de Libertad Digital volvían al partido. Bárcenas y Lapuerta, según la investigación, se quedaron con el dinero tras vender las participaciones.

 

Participación a título lucrativo. El juez solicitó hace meses al PP los estatutos madrileños del partido y también los estatutos nacionales para precisar a quién imputaba el beneficio obtenido como consecuencia de los regalos que la trama corrupta hizo a dos alcaldes populares, Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón), y Guillermo Ortega (Majadahonda). La red Gürtel montó actos electorales del PP en esos dos municipios que no cobró a la organización porque a cambio se beneficiaba de contratos amañanados, según la investigación. Analizados los estatutos, el magistrado y la Fiscalía Anticorrupción resolvieron que el PP nacional era el beneficiario último de aquellos regalos aunque no conociera su origen. Y debe responder económicamente por ello.

En el sumario constan otros regalos parecidos para actos en los que intervinieron los dirigentes nacionales del PP. Entre los papeles incautados por la policía en una nave industrial de Alcorcón (Madrid) donde la trama corrupta almacenaba abundante documentación se encontraron, por ejemplo, varias facturas de actos electorales de José María Aznar en 2002 que la trama corrupta no había cobrado al PP.

Delito fiscal por donativos ilegales. El PP, según considera acreditado el juez, recibió donaciones ilegales por las que no tributó a Hacienda. Las cantidades supuestamente defraudadas, y no prescritas, superarían en 2008 el limite de los 120.000 euros –el PP ingresó por esa vía 1.055.000 euros- por lo que podrían ser consideradas delito fiscal. “Las cantidades donadas en exceso de los límites legales quedarían sujetas a tributación por el impuesto de sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributación”, sostienen tanto el juez como el fiscal anticorrupción. Pero la Agencia Tributaria, en un informe remitido al juez, tiene otra interpretación: “La Ley de Financiación de Partidos Políticos no regula que el incumplimiento de los condicionantes y limitaciones para las donaciones privadas tenga consecuencias en el régimen tributario. Esas donaciones ilegales constituyen una infracción grave [solo] sancionable con una multa a imponer por el Tribunal de Cuentas”.

Obras en Génova 13. Entre 2007 y 2008, el PP reformó al completo su sede nacional, en el número 13 de la calle de Génova, y encargó las obras al arquitecto Gonzalo Urquijo. El juez Pablo Ruz considera que parte de los trabajos se abonaron con dinero negro (1,7 millones de euros) de la caja b que controlaba el ex tesorero Luis Bárcenas. El magistrado apunta la existencia de tres delitos en esta operación: contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable. Por este asunto, uno de los múltiples flecos del caso Bárcenas y su contabilidad secreta, el magistrado mantiene imputados al ex tesorero, al arquitecto y a tres colaboradores de su despacho.

 Las sedes de la Rioja y Vizcaya, pagadas con dinero negro. La policía ha remitido un informe a la Audiencia Nacional donde sostiene, de forma indiciaria, que el PP blanqueó dinero negro (200.000 euros) para la compra de una parte de la nueva sede del PP en La Rioja por 309.000 euros en 2008. Y que esa operación quedó registrada en la contabilidad paralela que Bárcenas llevaba de una caja b con la que se financiaban numerosos gastos del partido. Por aquellas fechas, el ex tesorero apuntó una entrega de 200.000 euros de “La Rioja” en la caja b mientras que a través de la contabilidad oficial del PP se le daban esos mismos 200.000 euros para la compra de la sede. Con esa operación, los dirigentes del PP de La Rioja lograban blanquear supuestamente unos donativos ilegales que habrían recibido. Con una operativa similar, la policía acredita la financiación ilegal en la compra de la sede del PP de Vizcaya.

El contrato de basuras de Toledo. El Juez investiga si el PP de Castilla-La Mancha recibió de manos de Luis Bárcenas 200.000 euros correspondientes supuestamente a la aportación que hizo Sacyr como pago por haber sido la empresa adjudicataria del contrato de basuras del Ayuntamiento de Toledo. Un recibí manuscrito y firmado en 2007 por José Ángel Cañas, entonces gerente del PP en Castilla-La Mancha, apuntala los indicios sobre el supuesto pago de comisiones ilegales. El magistrado no se creyó la versión de Mañas, quién aseguró que nunca recibió ese dinero pese a lo que firmó. Y que el recibí es consecuencia de una “imposición” de Bárcenas, que supuestamente Mañas asumió porque tenía miedo de que el tesorero le podía despedir si no firmaba. Un informe pericial que solicitó el juez acreditó algunas irregularidades mayores en el contrato multimillonario de recogida de basuras que el ayuntamiento de Toledo, entonces gobernado por el PP, adjudicó unos meses antes del supuesto pago a Sacyr. La semana pasada, el juez imputó al ex alcalde de Toledo, José Manuel Molina, por esta adjudicación.

 

 

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