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UPyD pide al juez imputar por falso testimonio al presidente de Lazard

La acusación entiende que Jaime Castellanos cometió un delito de falso testimonio al ocultar que Rato percibió 6 millones tras dejar el cargo

UPyD ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que cite a declarar como imputado por un delito de falso testimonio al presidente de Lazard en España, Jaime Castellanos, por mentir sobre las retribuciones que percibió Rodrigo Rato tras dejar este trabajó en el banco de inversión.

La formación reclama en un escrito que se abra una pieza separada sobre este asunto a raíz de que Rato confesara el pasado día 16 que había recibido una transferencia de algo más de seis millones de euros en 2011 de Lazard, entidad que asesoró a Bankia en diferentes servicios por los que cobró ocho millones de euros.

En la diligencia, se reproduce el diálogo grabado en la sala que mantuvo Castellanos con el letrado de UPyD, Andrés Herzog. Este le preguntó por el sistema retributivo de Rato en Lazard, donde estuvo desde enero de 2008 hasta enero de 2010. Castellanos responde que tenía "un sueldo fijo y otro variable". Entonces, el juez toma la palabra y pregunta:

- ¿Nos podría concretar las cantidades?

- Yo, con seguridad, recordar que el fijo era de un millón de dólares y el variable dependía de los ejercicios, digamos que lo que alcanzase el señor Rato en el desempeño de sus cometidos.

Herzog retoma el diálogo y pregunta a Jaime Castellanos:

- ¿Tras la salida de Rato de Lazard percibió alguna cantidad de su empresa? Me refiero a que, al salir, tendría su correspondiente finiquito. Al margen de este finiquito, ¿con posterioridad tuvo alguna cantidad con relación a esas remuneraciones variables?

- No, y tampoco le puedo decir exactamente cuándo percibió el finiquito, pero terminó toda su relación laboral y todas sus relaciones con Lazard cuando anunció su salida.

- Entiendo entonces que la remuneración variable perdía todo su efecto en el momento del cese de la relación laboral...

- Sí, cuando terminó su relación laboral con Lazard.

Se pide  copia de los correos que Rato envió desde a Lazard en 2009, y los cruzados con Castellanos hasta su salida de Bankia

UPyD entiende que "esta afirmación se ha visto desmentida absolutamente por lo manifestado por el propio Rato el 16 de octubre".

En las diligencias se reproduce el diálogo del Ministerio Fiscal, que es esclarecedor.

Fiscal: Cambiando de tema quería preguntarle por una transferencia que recibe usted de Lazard en 2011 por importe de algo más de seis millones. ¿Recuerda usted el concepto?

Rato: Perfectamente, eso es un contrato que yo firmo en 2008 con Lazard y que supone un contrato por mi trabajo en la compañía desde el 2008 hasta que me fui en enero de 2010. Eran unas acciones que tenían un vencimiento no sé si es en el 11 o en el 12, creo que es en el 12, y esas acciones...yo era accionista...eran unos derechos de unas acciones, yo no podía cobrarlos hasta que vencieran. Eso se refiere todo a mis relaciones con Lazard antes de entrar en la presidencia de Caja Madrid. 

Fiscal: Y lo cobra en 2011, ¿no?

Rato: Lo cobro cuando los derechos pasan de ser derechos a ser acciones. Los derechos yo los tenía desde el 2008 pero no lo podría cobrar hasta una fecha que no acuerdo si es el 11 o el 12, me parece que el 11. 

UPyD pone de manifiesto el cobro de este dinero mientras Rato era presidente de Caja Madrid y luego de Bankia "y encargó a Lazard numerosos contratos" por ocho millones de euros. Según UPyD, estas circunstancias exigían que hubiera comunicado la existencia de un posible conflicto de interés y se hubiera abstenido en la decisión de contratar a Lazard, algo que no hizo según los informes de Buen Gobierno enviados a la CNMV.

Por otro lado, UPyD reclama "toda la información relativa a la relación contractual" mantenida entre Rato y la entidad, "con indicación de todos los conceptos abonados al mismo, con especial referencia" a esa transferencia y "cualquier otro abono" posterior a la extinción de su relación.

También se solicita el resguardo de la cuenta de origen y destino del pago de Lazard

En este sentido, solicita el resguardo de la cuenta de origen y destino de esa y de cualquier otra realizada con posterioridad a su salida de Lazard, en la que Rato ocupó el puesto de director general sénior de banca de inversión entre 2008 y 2010.

No solo eso, sino que UPyD quiere que el juez requiera la copia de los correos corporativos que Rato envió desde su cuenta de Lazard en 2009, y también los cruzados con Castellanos desde que ocupó la presidencia de Caja Madrid en 2010 hasta su salida de Bankia en mayo de 2012.

El letrado de UPyD Andrés Herzog recuerda que durante su declaración como testigo en la Audiencia Nacional en febrero de 2013, Castellanos "faltó a la verdad" a la que le obligaba su condición de testigo al negar que Rato hubiera percibido remuneración alguna tras su salida de Lazard.

Sospecha además de los distintos contratos adjudicados a Lazard en la etapa de Rato "habida cuenta de la relación de amistad" entre ambos "y los diversos bienes y negocios" que compartían, y que inicialmente ocultaron en sus primeras declaraciones ante el juez.

Entre ellas está la negación en diciembre de 2012 que tuviera alguna relación comercial con Castellanos, Rato aclaró por escrito después que los dos administraban con Pedro Antonio Pasquín Echanove la mercantil Paracuga y también que eran "copartícipes en una comunidad de bienes, que es titular de un local comercial en Alcorcón (Madrid) arrendado a Mercadona".

Por último, el partido considera que se debe esclarecer el nombramiento de Willis Ibérica como agente para la póliza de seguros de la Oferta Pública de Valores por parte de Bankia, un hecho sobre el que "siguen sin conocerse las condiciones ni las cantidades percibidas", de ahí que pida al juez que solicite a la correduría todos los contratos y servicios prestados.

Por último, UPyD pretende que el Banco de España informe sobre la relación de Rato con el banco turco Akbank, del que fue asesor internacional, "con indicación de si la misma supuso algún tipo de vulneración" de la ley de cajas "o de las obligaciones estatutarias o contractuales".