Absueltos en las urnas

A pocos días de las elecciones autonómicas y municipales de 2011, resonaba en la cabeza de los valencianos el cariñoso “amiguito del alma” con el que el entonces presidente de esa comunidad, Francisco Camps, se había dirigido a Álvaro Pérez, alias El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama Gürtel, en una conversación telefónica grabada por la policía. El dirigente popular se enfrentaba a esa cita con las urnas con el lastre de estar pendiente de la apertura de juicio oral por recibir presuntamente trajes gratis del empresario, al que su Gobierno adjudicó decenas de contratos a dedo. Poco importó. Camps y su equipo revalidaron su victoria: aunque el PP bajó en porcentaje de voto, ganó un escaño más.

El político fue absuelto meses después por ese caso. Pero en aquella campaña electoral estuvieron presentes las investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal de su partido en esa comunidad (una docena de imputados se han llegado a sentar en la bancada popular de las Cortes Valencianas por ello). La aparente indignación que generan los escándalos de corrupción en la opinión pública —son la principal preocupación de los españoles después del paro, según el CIS— apenas ha pasado factura en las urnas. Los expertos explican que el contexto económico (en épocas de bonanza hay más permisividad), el tipo de corrupción (si beneficia solo al corrupto o, de forma indirecta, a más gente), el sistema de listas cerradas y la falta de una alternativa política han blindado a muchos.

En las elecciones municipales de 2007, cuando todavía no había estallado la crisis, el 70% de los alcaldes imputados salieron reelegidos, según los datos de la Fundación Alternativas, que se centra en comicios locales porque se consideran un termómetro muy directo e individualizado del castigo en las urnas. En las siguientes municipales, de 2011, con la tasa de desempleo subiendo, el porcentaje se mantuvo en un considerable 58% (40 de 69 candidaturas).

A esta última cita concurrieron en las listas un centenar de candidatos implicados en procesos judiciales. Los sospechosos tuvieron entre un 2% y un 4% menos de apoyo que los aspirantes sobre los que no pesaba la sombra de la duda, según una investigación realizada por los profesores Pablo Fernández-Vázquez, Pablo Barberá y Gonzalo Rivero, de la Universidad de Nueva York.

“Cuando la situación económica es buena, sobre todo en el caso de la corrupción urbanística, hay gente que percibe que eso genera actividad, y por tanto empleo, más dotaciones públicas y una mejora de la calidad de vida”, explica Fernando Jiménez, profesor de la Universidad de Murcia. “Los costes de esas prácticas ilegales se ven a largo plazo; y se hacen más evidentes cuando la economía está en crisis”, añade Jiménez, que está convencido de que un fenómeno como el de Jesús Gil (cuatro mayorías absolutas consecutivas) no podría repetirse en la Marbella de hoy, que ha comprobado el perjuicio generado tras años de saqueo.

Los ciudadanos son más tolerantes con el corrupto cuando creen que su gestión, de forma indirecta, les beneficia

Tras varios años de crisis, hay cada vez más ciudadanos indignados. En las elecciones europeas (donde los votantes suelen expresar con menos reparo su voto de castigo) ya se reflejó ese descontento. Falta por ver qué pasará en las próximas municipales y generales, con un voto más pragmático.

Las listas cerradas dificultan los castigos individualizados. “El corrupto va arropado por otros candidatos que gustan al ciudadano, que no está dispuesto a dejar de votar a la opción que encaja con sus valores”, explica. Si el aspirante de la oposición no convence, por falta de honestidad o escasa eficacia profesional, más razones para votar al malo conocido. “Se percibe que todos son unos corruptos y da igual a quién votar”, añade otra experta, Eva Anduiza, de la Universidad Autónoma de Barcelona, coautora de varios experimentos sobre el impacto de la corrupción en las urnas. Y comenta otro elemento: “Si el partido afectado no reconoce la corrupción, se le castiga menos”. La politóloga resalta la importancia de los medios de comunicación: por un lado, muchos votantes piensan que las informaciones son interesadas y no se las creen; por otro, hay medios que apenas hablan de los escándalos, que pasan más desapercibidos.

Escaso castigo hubo en los municipios de la rama madrileña de Gürtel, donde en las últimas municipales volvió a ganar el PP en localidades expoliadas como Boadilla del Monte. Lo mismo que en Alicante, en cuya lista iba José Joaquín Ripoll, detenido un año antes por su implicación en el caso Brugal. José Luis Baltar, antiguo dirigente popular en Ourense, presumió de decenas de victorias electorales pese a sus poco transparentes prácticas caciquiles, por las que fue condenado en julio pasado. Ese mismo estilo de gobernar caracterizó a Carlos Fabra, aunque el líder castellonense no concurrió finalmente a las elecciones de 2011, disuadido por el PP.

Por parte del PSOE, el partido consiguió seguir gobernando en Andalucía, pese al escándalo de los ERE falsos, con el apoyo de socios tras las elecciones de 2012. La alcaldesa socialista de Grazalema, María José Lara, revalidó victoria en 2011 a pesar de estar acusada de cinco delitos relacionados con el desvío del río Guadalete.

Ese mismo año el alcalde de Quesada (Jaén), Manuel Vallejo, volvió a salir elegido pese a haber sido condenado ocho meses antes a seis meses de inhabilitación por no evitar el urbanismo ilegal en su municipio (alegó que tenía recurrida la sentencia).

Algunos de estos imputados, finalmente, fueron absueltos por la justicia, como Camps y los alcaldes de Grazalema y Quesada; otros, no; como Fabra y Baltar.