Rato abona los tres millones de fianza civil por el caso de las tarjetas

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha depositado ya en la Audiencia Nacional los tres millones de euros de fianza civil que le impuso el pasado jueves el juez Fernando Andreu por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El exministro de Economía con el PP y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha optado por presentar un aval bancario para cubrir esta garantía el mismo día que expiraba el plazo fijado por el magistrado.

La entidad que ha emitido el aval es el Banco Sabadell, según informa Íñigo de Barrón. Rato trabaja con este banco desde hace tiempo y está considerado un buen cliente de la filial de banca privada. La modalidad de pago mediante aval está sujeta a intereses, pero tiene una ventaja fundamental: el embargado se evita la investigación de sus bienes que impone la Ley de Enjuiciamiento Civil. De acuerdo con esta ley, el avalista del embargado deberá ser citado por el secretario del juzgado para que confirme que efectivamente está presentando la garantía, según fuentes jurídicas.

El juez Andreu impuso la fianza civil a Rato y al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa –en este caso por 16 millones de euros- al observar indicios “racionales y bastantes” de que ambos, supuestamente hubieron “consentido, propiciado y aceptado” el uso indebido de fondos de la entidad mediante la atribución y el uso de las tarjetas opacas, en las que 83 consejeros de Caja Madrid y Bankia cargaron a las cajas 15,5 millones de euros en gastos personales.

De momento, no consta que Blesa haya satisfecho la fianza de 16 millones. El expresidente de Caja Madrid reclamó, en vano, al juez Andreu que pidiera a la aseguradora Mapfre, que suscribió una póliza de responsabilidad civil con todos los consejeros de la entidad. El plazo para depositar esta garantía económica expira hoy.

Según la ley, el juzgado debe citar en persona al embargado para que aporte una lista de bienes suficientes para cubrir la fianza, especificando si estos tienen cargas o gravámenes y, en el caso de los inmuebles, si están ocupados y por quién. En caso de que no presente una lista, incluya bienes que no sean suyos o excluya bienes que sean susceptibles de embargo, el afectado puede incurrir en un delito de desobediencia grave. Además, el secretario judicial puede imponer una serie de multas coercitivas periódicas al ejecutado en caso de que incumpla el mandato de poner sus bienes a disposición del juzgado.

A la justicia no le basta con la palabra del embargado. Paralelamente, el juzgado ejecutante investiga su patrimonio a través del llamado Punto Neutro Judicial, una institución que no tiene una sede física que permite acceder a la información patrimonial a través de datos bancarios, del Catastro, de la Seguridad Social, del Registro Mercantil o de Hacienda. En caso de que el embargado no disponga de bienes a su nombre, el juzgado pide asistencia a la unidad de policía judicial.