Recuperar la concordia

Deberíamos celebrar, si se diera el caso, que Artur Mas, presidente de la Generalitat, desistiera de la celebración del referéndum marcado para el 9 de noviembre en Cataluña. Que una autoridad pública de tan alto rango transgrediera la legalidad sería siempre una pésima noticia en modo alguno ingrávida porque arrastraría muy diversas consecuencias, todas indeseables. Quede pues claro que en el supuesto de quebrantamiento no estaríamos ante la insoportable levedad del ser sino ante las consecuencias implacables de la ley de la gravitación universal. Pero después de felicitarnos todos de la recuperación del sentido común o si se prefiere del seny, se impondría el ejercicio elemental de llevar a cabo un reconocimiento del terreno y se advertiría la persistencia de las actitudes y sentimientos que han llevado hasta el borde del precipicio así como la magnitud de la tarea inaplazable para recuperar la necesaria concordia cívica.

La respuesta invariable a lo largo de casi tres años ha sido que el Gobierno está para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes

Este Gobierno ha sido preguntado hasta la saciedad por los periodistas en relación con el conflicto planteado desde Barcelona con ocasión de todos y cada uno de los sucesivos pasos hacia el desencuentro, culminados con la aprobación en el Parlament de la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria a las urnas del 9 de noviembre. La respuesta invariable a lo largo de casi tres años, por boca de la vicepresidenta para todo y ministra portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido que el Gobierno está para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. De ese mantra sólo ha salido el presidente Rajoy para asegurar que se adoptarán todas las medidas disponibles que evitarán la celebración de la consulta. En esa línea figura el recurso contra la ley catalana que la habilitaba y el del decreto subsiguiente ante el Tribunal Constitucional. Se diría que hay en esa determinación una renuncia implícita a la política para entregar la cuestión a los magistrados.

la Constitución y las leyes acotan un espacio muy amplio dentro del cual caben opciones muy diversas sin que esté predeterminada obligatoriamente ninguna

Es como si hubiéramos vuelto a la viñeta de Chumy Chúmez publicada en la edición del diario Madrid el 16 de septiembre de 1967, hace 47 años, que dibujaba un cartel con la leyenda “Se prohíbe terminantemente todo lo que no es obligatorio”. Porque la Constitución y las leyes acotan un espacio muy amplio dentro del cual caben opciones muy diversas sin que esté predeterminada obligatoriamente ninguna. Por eso, la ciudadanía quiere saber cuál de entre todas ellas será la iniciativa adoptada por el Gobierno. Veamos, por ejemplo que la ley fija en el 12 de octubre la Fiesta Nacional pero la modalidad de cómo haya de celebrarse es una elección del Gobierno. Dígase lo anterior sin merma del reconocimiento a la atmósfera dispuesta para los actos del pasado domingo que huyeron de incendiar las pasiones nacionalistas preferidas de algunos.

Escribía certero don Antonio Machado en La Prensa de Soria el 2 de mayo de 1908 (véase, impreso compuesto de tres hojas grandes de doble folio, con pie de imprenta de los tres periódicos que en 1908 se publicaban en la capital: Avisador Numantino, Noticiero de Soria y Tierra Soriana, con fecha de 2 de mayo de 1908, en número único al precio de 10 céntimos de peseta) que “nuestro patriotismo ha cambiado de rumbo y de cauce, que la patria no es una finca heredada de nuestros abuelos. Que la patria es algo que se hace constantemente y se conserva sólo por la cultura y el trabajo, que no es patria el suelo que se pisa, sino el suelo que se labra”. Hagamos país.