Una gestión manirrota en manos de los tribunales

Antes Caja Madrid y después Bankia simbolizaron el desastre de una gestión financiera politizada y manirrota que colocó en 2012 a España, aplastada ya por la crisis económica, contra las cuerdas de la bancarrota. Un rescate a la desesperada de 23.000 millones de euros evitó la quiebra de una entidad financiera con diez millones de clientes y casi 200.000 millones de euros en depósitos.

El Partido Popular nombró a su gusto desde 1996 a los dirigentes de ese gigante financiero gracias a sus victorias aplastantes en las elecciones municipales y autonómicas de la Comunidad de Madrid. Primero a Miguel Blesa (1996-2010), cuyo principal mérito para presidir Caja Madrid era ser amigo del expresidente José María Aznar y haber asesorado al PP en materia fiscal sobre el pago de sobresueldos a sus dirigentes en concepto de gastos de representación.

Después a Rodrigo Rato (2010-2012), el todopoderoso vicepresidente económico de los gobiernos populares que había dimitido tres años antes como director gerente del FMI, quien tuvo que disputar el puesto en Caja Madrid al que hoy es presidente madrileño, Ignacio González. La batalla interna en el PP, con Esperanza Aguirre presionando para colocar a González al frente de la entidad, la resolvió Rajoy designando a Rodrigo Rato para ese puesto que apenas dos años después le arrebató por supuesta incompetencia.

Durante los últimos 18 años, la mayoría absoluta en los órganos de gobierno de Caja Madrid y Bankia, ha estado en manos del PP. Los partidos de la oposición (IU y PSOE) se sentaban en el consejo de administración, pero apenas hicieron oposición a las decisiones que imponían Blesa, Rato y sus equipos directivos en la que era cuarta entidad financiera del país por depósitos y clientes.

Las actas de los distintos consejos de administración apenas recogen debates sobre puntos estratégicos. La unanimidad era casi absoluta. Blesa mandaba con un poder inmenso y una oposición desactivada. En los años dorados de Caja Madrid, que llegó a dar un beneficio de 2.800 millones de euros en 2007, se aprobaron créditos inmobiliarios disparatados y operaciones que se demostraron ruinosas cuando la crisis económica pinchó la burbuja inmobiliaria.

Dos años después de la catástrofe a la que Blesa y su equipo directivo condujeron a Caja Madrid, los tribunales investigan aquella gestión manirrota, irregular y supuestamente delictiva.

Los gastos de representación que permitían esas tarjetas sin necesidad de justificación se convirtieron para algunos consejeros que utilizaron ese crédito sin control en una especie de sobresueldo

El uso de tarjetas de crédito sin necesidad de justificar gastos, un grano de arena (de 15 millones de euros) en la montaña ruinosa de Caja Madrid (con un agujero de 23.000 millones), ha sido el último y más escandaloso traspiés en la gestión bajo sospecha. Los gastos de representación que permitían esas tarjetas sin necesidad de justificación se convirtieron para algunos consejeros que utilizaron ese crédito sin control en una especie de sobresueldo en b: pagos inexplicables en hipermercados, compra de trajes y regalos, retirada de dinero en efectivo en cajeros. Otros lo dedicaron a pagar comidas, relacionadas o no con asuntos de Caja Madrid, donde estaban dirigentes de sus partidos o de sus organizaciones que conocían el origen del dinero.

El juez Fernando Andreu investiga desde hace un año la emisión de preferentes en Caja Madrid que empobreció a miles de inversionistas. Ahora se ha encontrado con una derivada sin relación con aquella supuesta estafa pero que involucra a algunos de los que la idearon en el descontrol de los gastos de la entidad financiera.

Pero no es el único desliz que investigan los tribunales. Elpidio Silva, el juez inhabilitado por prevaricación tras dictar dos órdenes de prisión contra Miguel Blesa, investigó la compra de un banco en Miami por parte de Caja Madrid en 2008 con maniobras que intentaron evitar el control de la operación por parte de la Comunidad de Madrid, que tutelaba a la entidad financiera. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que asumió el caso tras la suspensión de Elpidio Silva ha reclamado en el último mes a Caja Madrid y a Bankia que aporten el acta del Comité de Dirección en el que se acordó la adquisición del City National Bank of Florida (CNBF) durante la presidencia de Miguel Blesa.