El Gobierno y el PP impugnarán la composición de la junta electoral

El Gobierno y el Partido Popular impugnarán la semana que viene la designación y la composición de la junta electoral tras la firma por parte del presidente de la Generalitat, Artur Mas, del decreto de nombramiento de los siete miembros que integrarán la comisión de control de la ley de consultas. El decreto que da luz verde a este organismo recogido en la suspendida ley de consultas ha sido publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Generalitat. 

Así lo ha anunciado este viernes la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. El PP, ha señalado la dirigente de la formación a los periodistas antes de participar en un cónclave interparlamentario en Guadalajara, "va a formalizar la semana que viene ante los tribunales la impugnación de la designación y de la composición de esa junta". Más tarde ha añadido: "El Gobierno de España y la Abogacía del Estado también impugnarán ese decreto".

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo ha confirmado después en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. El Ejecutivo, ha indicado, va a seguir actuando con la misma "firmeza serena", y por eso trabajará para que ese "incumplimiento de la ley" se incorpore a la causa que dirime el Tribunal Constitucional sobre la ley de consultas y la convocatoria de la consulta del 9-N. "Nadie puede diseñar la democracia a su medida", ha afeado la número dos del Gobierno a Mas. "Nadie puede decidir por sí y para sí lo que es legal o no", ha añadido Santamaría en alusión al presidente catalán. "¿Qué autoridad tiene cualquier gobernante para exigir el cumplimiento de la ley cuando él no lo hace?", ha remachado.

La Fiscalía, ha asegurado la vicepresidenta, estará "muy pendiente" ante la posible comisión de algún delito en la firma del decreto de la junta electoral, que ella ha descartado valorar. Sí ha apuntado que de "las prevenciones" con las que Artur Mas firmó ayer el decreto podía deducirse que era el propio presidente catalán quien pensaba que podía estar incurriendo en un delito de prevaricación.

El líder de CiU tomó anoche esa decisión después de la suspensión del decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre por el Tribunal Constitucional. El nuevo decreto impulsado por el presidente de la Generalitat suponía, por tanto, desarrollar una ley que está suspendida. Eso le enfrentaba desde el principio a alguna responsabilidad judicial. Y el Ejecutivo y el PP han tardado unas horas en resolver acudir a los tribunales. 

Sánchez-Camacho, interlocutora de la dirección popular en este proceso, se ha pronunciado también sobre la reunión de esta mañana entre Mas y los partidos nacionalistas para medir su unidad ante el pulso con el Estado. "No puede seguir con los preparativos" de la consulta, ha afirmado antes de mostrarse convencida de que la unidad de los grupos soberanistas "está a punto de resquebrajarse". Pero la dirigente popular ha ido más allá al vincular este paso del presidente de la Generalitat a los equilibrios entre CiU, ERC, ICV y la CUP. "Ayer estuvo a punto de asistir a la ruptura de la unidad de los partidos independentistas", ha enfatizado antes de insistir:. "No hay ninguna unidad, hay unidad de intereses".

La presidenta del PP catalán ha aprovechado su intervención ante los suyos para acusar al PSOE de no defender lo suficiente la unidad de España y de actuar de formas distintas en Cataluña y en el resto del país, en referencia al secretario general del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, y al líder del PSC, Miquel Iceta. "Algunos dicen ahora para tener un eslogan que hay que reformar la Constitución. Ahora hay que defender la Constitución porque es la garantía de nuestra convivencia", ha abundado.