La exclusión sanitaria es un “grave riesgo para la salud y la vida”

La exclusión del derecho a la asistencia sanitaria normalizada a los extranjeros en situación irregular ha dado lugar a casos como el de Alpha Pam, el senegalés que murió el año pasado por tuberculosis sin recibir un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. O al severo toque de atención que en enero dio a España el Consejo de Europa al considerar ilegal esta medida. Ahora, dos años después de su entrada en vigor, el balance que hacen más de 60 organizaciones y plataformas (sanitarias, profesionales y sociales) de la medida "no puede ser más negativo", como denuncian en un comunicado, por lo que exigen su derogación para devolver el carácter universal a la sanidad pública española.

La "exigencia de la firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema han generado un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial". Todo ello "está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas". Y como ejemplo, el manifiesto apunta a la muerte de Alpha Pam en Mallorca, pero también se refiere a casos similares en Valencia y Toledo.

La puesta en marcha del real decreto 16/2012 en septiembre de hace dos años dejó a 873.000 sin papeles huérfanos de una atención sanitaria completa (se limitó a las urgencias, la atención a la maternidad y a los menores), según las asociaciones: "Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería de gozar de medidas de protección sociosanitarias".

La norma alteró la naturaleza de la atención sanitaria en España, de forma que dejó de ser un derecho para todas las personas y pasó a ser una prestación ligada a la situación administrativa de asegurado; es decir, a la cotización a la Seguridad Social.

Entre las consecuencias más perniciosas de la medida se encuentra el agravamiento de las patologías y el incremento del gasto sanitario, dos aspectos que están relacionados, a juicio de las entidades. Al cerrar las puertas a los centros de salud y el seguimiento pautado de la salud de los pacientes afectados se provoca –en el mejor de los casos- el desvío de estos pacientes a los servicios de urgencias. Ello implica un retraso de la asistencia y un empeoramiento de problemas que podrían resolverse antes de que se deterioraran hasta el punto de tener que ser tratados en las urgencias hospitalarias. Como consecuencia, el resultado es "un aumento del gasto sanitario en atención" a estas personas. Los autores del manifiesto recuerdan que distintos estudios en otros países muestran que medidas de este tipo multiplican el gasto por cuatro.

En el peor de los casos, los inmigrantes evitan los centros sanitarios, incluso las urgencias, ante el riesgo de que les cobren -o incluso que la Policía pueda ficharles y deportarles-, algo que es ilegal, pero que ha sucedido, como critican las entidades.

La denuncia la suscribe la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria junto a otras entidades como Cáritas, Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, entre otras. También la respalda la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, integrada por 4.000 entidades sociales.

La iniciativa, ideada por el Gobierno para recortar en gasto sanitario, también "sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de las enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles". Las implicaciones en la salud pública de toda la población por la posible falta de supervisión a pacientes con enfermedades contagiosas y los obstáculos que tienen para pasar visita con un mismo médico (el de cabecera) que siga su evolución o para acceder a programas de vacunación o prevención de conductas de riesgo es otra de las cuestiones que distintas organizaciones han denunciado desde que se anunció la exclusión sanitaria.

La suma de estos efectos redunda en el encarecimiento del acceso a prestaciones sanitarias básicas (los afectados han de recurrir a la sanidad privada o pagar una póliza pública para tener una cobertura completa), lo que se traduce en un "incremento relevante de las desigualdades en salud".

Por todo ello, el medio centenar largo de asociaciones que impulsan el manifiesto reclaman la derogación de la norma y el regreso a un sistema de salud universal "que garantice el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud".