La defensa del presunto pederasta denuncia revelación de secretos en el caso
El abogado acusa a Fernández Díaz de ofrecer datos que limitan los derechos del principal acusado. El recurso contra el auto de prisión se opone a la rueda de reconocimiento
El abogado del presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz Martín ha pedido la libertad para su defendido alegando que el arresto llevado a cabo el pasado miércoles en Santander vulneró sus derechos constitucionales. Por eso reclama que se declaren nulas las actuaciones practicadas, dado que la situación inicial de detención de su cliente se ha realizado con "violación y desconocimiento" de derechos constitucionales.
En el recurso contra el auto de prisión (comunicada y sin fianza) decretado por la juez María Antonia de Torres reclama además que se investigue por revelación de secretos al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros mandos policiales, por la presunta revelación de secretos con la difusión de datos sobre el principal sospechoso de los raptos de niñas en Madrid.
La defensa del detenido -que en la madrugada del viernes ingresó en un modo de aislamiento de la cárcel de Soto del Real- pone la lupa sobre la rueda de prensa ofrecida por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, flanqueado por otros mandos policiales y la delegada del Gobierno en Madrid -el escrito del pederasta no incluye a Cristina Cifuentes-, del mismo miércoles mientras se trasladaba al acusado desde Santander al calabozo de la jefatura superior de Policía de Madrid. Fuentes jurídicas han aclarado que la petición se refiere a solo los mandos policiales que han difundido datos de su cliente.
La presentación de éste y otro escrito, a los que tuvo acceso Europa Press, se produce después de que la policía imputase al supuesto pederasta cinco agresiones sexuales, cinco delitos de retención ilegal, tres intentos de secuestro, dos homicidios intentados y un delito de allanamiento de morada. La jueza, muy molesta con la filtración de datos de un sumario que permanece secreto, eludió detallar en su auto del pasado viernes las acusaciones concretas contra el presunto agresor sexual.
Es precisamente en el recurso ante esa decisión donde la defensa de Ortiz Martínez alega que el secreto de las diligencias "ni lo es en realidad ni puede considerarse que sirva a los efectos legalmente previstos". Acompañado de varias noticias publicadas por distintos medios de comunicación que han difundido la identidad y las fotos del acusado, así como sus antecedentes policiales, el escrito de la defensa censura la comparecencia pública del ministro y de los mandos policiales para informar de la detención: "Esta situación atenta al más elemental derecho a la defensa en todas sus vertientes, y de la misma manera, invalida todos los medios de prueba que puedan sustentarse en cualquier reconocimiento de identidad que se pueda producir".
El abogado del presunto pederasta se opone a la rueda de reconocimiento que la juez había programado para esta semana con el objetivo de que algunas de las menores atacadas intentase identificar a su agresor. El argumento replica algunos de los temores de la jueza: que dicha prueba este viciada por la difusión constante de la imagen del detenido en prensa y televisión.
La defensa reclama que se tome declaración al ministro del Interior para que se investigue judicialmente "la presunta omisión de un delito de revelación de secretos" por parte de Jorge Fernández Díaz y "las demás personas que puedan aparecer como autores de tal delito todas ellas, en principio, pertenecientes al Cuerpo Nacional de la Policía".
Además del ministro, en la rueda de prensa comparecieron Cifuentes, el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz, y el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, José Luis Conde, entre otros mandos policiales.
El abogado del presunto pederasta exige a la Policía que se abstenga de "hacer público cualquier dato relativo a esta investigación, tanto pasado como futuro, y en especial a la posible práctica de diligencias y las fechas de realización de las mismas, todo ello bajo apercibimiento legal de las consecuencias penales correspondientes".
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