El Gobierno y la Generalitat juegan una guerra de tiempos con el boletín

Guerra de tiempos y de nervios entre la Generalitat y el Gobierno. El Ejecutivo tiene todo listo, con los ministros y funcionarios avisados y hasta los servicios de seguridad de La Moncloa, para organizar un Consejo de Ministros extraordinario este sábado por la tarde o este domingo en el que se aprobaría el recurso contra la ley de consultas catalana. Pero la Generalitat tiene en su mano trastocar esos planes: si retrasa la publicación de la ley de consultas hasta el lunes o el martes, truncará los planes del Ejecutivo y la decisión puede atrapar al presidente en China en un viaje oficial.

La Moncloa ha decidido finalmente que convocará un Consejo Extraordinario este fin de semana aunque solo se haya aprobado la ley de consultas y Mas no haya convocado aún el referéndum. Eso obligaría tal vez a un segundo consejo extraordinario cuando Mas convoque definitivamente. Pero el Gobierno quiere mostrar que no deja pasar ni un minuto lo que considera una clara violación de la Constitución.

El problema para el Ejecutivo reside en que lo importante legalmente no es la aprobación de la ley de consultas en el Parlament, que se produjo este viernes, sino la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat. Si Mas va a toda velocidad, como estaba previsto en principio, y hace una publicación electrónica en pleno fin de semana, toda la maquinaria del Ejecutivo se pone en marcha para responder. Y todo está organizado para ir muy rápido e incluso introducir el recurso en el pleno del Tribunal Constitucional que comienza el martes. Pero si espera un poco, los plazos cambian completamente, aunque el resultado será el mismo: en unos días, semanas como mucho, el Constitucional acabará admitiendo el recurso y por tanto suspendiendo automáticamente la ley de consultas y la convocatoria del referéndum.

Aunque jurídicamente el resultado será el mismo, políticamente esos tiempos son importantes porque Mas los quiere aprovechar para hacer campaña mientras aún esté vigente la ley y la convocatoria, de ahí el juego de ajedrez que protagonizan ambos gobiernos.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aclaró este viernes el proceso en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “La norma primero debe publicarse, y entonces por parte del Gobierno se recaba el informe del Consejo de Estado, y después se reúne el Consejo de Ministros para aprobar el recurso que es algo que corresponde al presidente del Gobierno”. Por eso, y porque políticamente sería difícil de explicar, es tan problemático que el asunto se produjera con Rajoy de viaje en China.

No es necesario que se reúna el Consejo de Ministros para pedir ese informe del Consejo de Estado, lo hace directamente el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Aunque se cuidan las formas, en realidad todos los textos están ya preparados, incluso el informe del Consejo de Estado. Por eso este organismo podría reunirse incluso este sábado por la mañana o por la tarde para aprobar ese informe y dar paso a ese Consejo de Ministros extraordinario. Pero todo está pendiente de Mas.

Eso sí, Sáenz de Santamaría admitió que los textos están muy avanzados y la argumentación será muy similar a la que se utilizó en el Congreso en abril para rechazar la propuesta de CiU, ERC e ICV para otorgar competencias al Parlamento catalán para organizar referendums y los que usaron los votos particulares del Consejo Consultivo que vieron inconstitucional la ley que se aprobó ayer.

Mientras, la Generalitat mantiene un secretismo total sobre la fecha en que se publicará la ley de consultas, pero todo indica que no sucederá este viernes, sino a partir del lunes. Según el articulado de la ley, desde la fecha de convocatoria de la consulta hasta su celebración ha de transcurrir un mínimo de un mes y un máximo de dos. Es decir, Mas tiene tiempo hasta el 9 de octubre para convocar la consulta, pero se da por hecho que la publicación de la ley y el decreto de convocatoria será conjunta, para no dar tiempo a que el Gobierno la recurra y su suspensión por parte del Tribunal Constitucional no permita firmar el decreto de convocatoria.