Gallardón y el aborto en su laberinto

Hace ya dos semanas, un dirigente del Partido Popular contestó así a la pregunta de qué pasa con el proyecto de reforma de la ley de aborto: "La clave la tienes en la nueva propuesta sobre los aforados". Y punto.

Pensé: ¿donde está la relación? 

Que Alberto Ruiz-Gallardón intente recauchutar con la historieta de los aforados el proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial se entiende...

¡Eureka!

La campaña de los aforados precisamente montada para la rentrée tenía al parecer otro objetivo más ambicioso: preparar anticipadamente el terreno para el abandono del proyecto de reforma de la ley del aborto.

Hay un Gobierno de Rajoy y un Partido Popular antes de las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014. Y un Gobierno de Rajoy y un Partido Popular después del 25-M. José María Aznar, que estimó que el que avisa no es traidor, ya lo dijo: estas elecciones marcan tendencia.

Que iba en serio sobre su vaticinio lo ha confirmado su esposa, Ana Botella, al tirar la toalla ante las elecciones para el Ayuntamiento de Madrid de mayo de 2015.

No fue elegida alcaldesa por el voto popular. Y en su doble sentido. Ni por los ciudadanos ya que no se sometió a elecciones. Ni por el PP porque su ascenso a la alcaldía de Madrid fue resultado del contubernio personal entre Gallardón y Aznar.

Y de esta fase del PP post 25-M parece formar parte la decisión sobre el aborto, adelantada por el diputado Rafael Hernando, portavoz del grupo parlamentario popular, el pasado 6 de septiembre, cuando anticipó lo que podía ocurrir en el programa La Sexta Noche.

Sus palabras eran medidas pero muy explícitas.

"Al final", dijo, "si no hay un texto que pueda ser consensuado con el conjunto del Partido Popular y también con el conjunto de las formaciones políticas pues seguramente el Gobiernos se planteará si sacarla adelante".

"Al final". Suena algo así como "al final de la escapada".

Hernando estaba hablando del final de la reforma Gallardón del aborto. Porque no hay consenso en "conjunto del PP". Ni con las otras "formaciones políticas".

El sábado 13, el periódico El Mundo daba la noticia de que la retirada estaba decidida.

Por tanto, la campaña de los aforados orquestada por Gallardón no era, aunque también, un intento de salvar su otra gran reforma de la legislatura, el proyecto de reforma de la LOPJ, sino una huída hacia adelante en relación con el proyecto de reforma de la ley del aborto.

Es decir: después de intentar ganarse al sector más duro y recalcitrante de su partido, aquel que siempre ha recelado de los gestos calculadamente centristas de Gallardón, el ministro hacía un movimiento pendular para dar respuesta, según dicen sus íntimos, a la percepción de los ciudadanos sobre los privilegios de la clase política, corporizados en el éxito de la formación política Podemos.

  Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.

Pero, ¿por qué tenía, también, que salvar su proyecto de reforma de LOPJ?

Porque la realidad ha tumbado aspectos centrales del mismo.

Con titulares a cuatro columnas, Gallardón presentó la pasada primavera su proyecto. El aspecto clave era territorial: se suprimían los partidos judiciales para imponer una concentración de toda la justicia en las capitales de provincia. 

Bien.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, torpedeó, con éxito, este aspecto central de la reforma Gallardón.

Por orden de relevancia, Gallardón presentó la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo como la otra pata revolucionaria de su sistema. El Supremo debía, según el plan imaginado, dividir en dos las sentencias y resoluciones judiciales. Una debía ser entrecomillada trimestralmente. La otra, residual, quedaba de hecho devaluada. Todas las salas del Tribunal Supremo, junto con la Sala de Gobierno, se opusieron. Presentaron muchos argumentos, todos ellos dirigidos a demostrar que la reforma era simplemente absurda, irrealizable y contraproducente.

Esta segunda pata revolucionaria ha sido abandonada.

Gallardón, en el tema de los aforados en realidad desvía la percepción negativa de los ciudadanos sobre los políticos hacia jueces y magistrados.

¿Por qué? Porque el fuero de los políticos (parlamentarios, cargos de comunidades autónomas) está consagrado por la Constitución y los Estatutos. Esto no va a sufrir modificación.

La valoración sobre si los jueces y magistrados pueden haber cometido delito al dictar sus resoluciones la hacen tribunales superiores.

Bien.

Pero hay que recordar que en España carecemos de un modelo donde impera un monopolio de la acción penal. Está el fiscal. Pero tenemos la acusación particular y la acusación popular. En otros países, la acusación particular actúa como coadyuvante del Fiscal (caso de Francia). Y la acusación popular no existe. En la mayor parte de los casos, las denuncias las estudia el Fiscal y decide presentar aquellos casos que estima fundados.

Por tanto, si los tribunales superiores no se encargasen de examinar las denuncias y querellas contra jueces y magistrados, la independencia judicial estaría sujeta a pulsos cotidianos. 

Gallardón, al presentar su campaña, no ha aclarado si se trata de quitar el sistema vigente para estudiar las querellas y denuncias contra jueces y magistrados en el ejercicio de su función o si se trata de limitar dicho sistema a los temas de carácter privado.

María Dolores de Cospedal es secretaria general del PP y también abogada del Estado. Le faltó tiempo, tras conocer la noticia de Gallardón sobre los aforados, para echar agua al vino. Todo quedará igual, dijo, excepto lo que se refiere a los actos de carácter privado de jueces y magistrados. Una clara enmienda al titular de Justicia.

Si el ministro pretende anular el sistema de enjuiciamiento de las querellas y denuncias de jueces y magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, existe en sectores jurídicos y judiciales la convicción de que es un proyecto irrealizable. Porque, como apuntamos, vivimos en un país en el que el justiciable puede querellarse contra los jueces que no le dan la razón. Y según la campaña de Gallardón los jueces de tribunales superiores deberían responder penalmente ante jueces inferiores. Serían éstos los encargados de estudiar si han prevaricado y revisarían las sentencias.

Todo esto es perverso. Porque se utiliza la "percepción" de los ciudadanos sobre los privilegios de los políticos para ir a un sistema donde los jueces tendrán todavía más temor que en la actualidad a la hora de actuar contra personas poderosas, a la hora, por ejemplo, de dictar un auto de prisión o adoptar otras medidas cautelares. Porque cuando suceda, estas personas, a través de sus letrados, les denunciarán ante sus compañeros. 

O, ¿es que los magistrados del Supremo acaso ignoran que todas las semanas hay denuncias ante la sala del 61 por delitos de prevaricación, presentadas por querellantes que no aceptan las resoluciones? Entonces, según la propuesta de Gallardón, tal cual la ha anunciado, será un juzgado ordinario el encargado de decidir si las decisiones del Tribunal Supremo revisten los carácteres del delito de prevaricación.

Parece que frente a las objeciones que apuntamos, Gallardón y uno de los inspiradores de sus reformas judiciales, el secretario de Estado, Fernando Román, han encontrado la solución: resucitar el antejuicio.

¡Vade retro!

La LOPJ establecía la necesidad de acudir a un procedimiento especial — denominado antejuicio— para poder exigir a los jueces y magistrados una responsabilidad penal originada por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. La reforma de 1985 eliminó el antejuicio.

Ahora, fuentes jurídicas señalan que Gallardón ha recibido de sus asesores el consejo de restituir el antejuicio para "equilibrar" el cambio del sistema de instrucción de las causas contra jueces y magistrados.

Ello supondría que antes de pasar a la jurisdicción ordinaria, se examinaría en los tribunales superiores, TSJ y Supremo, las denuncias y querellas. Aquellas consideradas sólidas serían derivadas a los tribunales ordinarios.

¿No piensan los promotores por un momento que una instrucción preliminar en el TSJ o en el Supremo, caso de ser enviada para su investigación en los tribunales ordinarios, constituiría per se una condena preliminar?

Con todo, esta improvisación perversa no se detiene en temas antiguos de la justicia. Acabamos de reformar el CGPJ, hemos dividido las funciones entre la comisión permanente del CGPJ y los restantes miembros. La idea es que la comisión permanente de seis miembros (cinco vocales más el presidente) iba a funcionar de maravilla. Además, los vocales del consejo podrían con todo el trabajo del CGPJ y su propia actividad jurisdiccional. 

Pues no. Hace apenas nueve meses que ha entrado en vigor la modificación de los órganos. Y la comisión permanente necesita ser ampliada. ¡Toma ya! ¡Y las funciones que ejercen los vocales también deben ser reconsideradas!

Porque no dan abasto.

A menos que el objetivo sea vaciar de contenido la actividad del CGPJ.

Bien.

A todo esto, varios días después de que el protavoz adjunto del grupo parlamentario popular advierte sobre la posibilidad de no seguir adelante con la reforma del aborto, y de que un periódico, según hemos apuntado, da por adoptada la decisión de retirar dicha de reforma, el PP no dice ni mu. Bueno, sí. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría dijo en la Santa Sede de que no ha habido ningún cambio en la posición del Gobierno...Y acaba de decir que el Gobierno sigue trabajando para lograr el consenso que requiere dicha ley. A buenas horas, mangas verdes.

No hay cambio...hasta que dicho cambio se comunique.

 La reforma Gallardón del aborto, que ha movilizado a media Europa en su contra, parece extinguirse. Se esfuma haciendo mutis por el foro.