La juez atribuye el fraude masivo en la base de Getafe a una “trama delictiva”

La investigación de las irregularidades económicas en el Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Getafe (Madrid) —donde un informe pericial de tres interventores militares ha desvelado indicios de malversación de caudales públicos, fraude fiscal y falsedad de documento, entre otros delitos— cambia de manos.

La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 12, la capitán Moncada, que investigaba el caso, se ha inhibido en favor de los juzgados togados centrales. Y ello porque el hasta ahora único imputado, el capitán José Enrique de Juan Baena, ha sido ascendido a comandante y la legislación determina que los juzgados territoriales sólo pueden enjuiciar a militares con empleo igual o inferior a capitán.

La investigación que ha destapado el mayor escándalo de corrupción en el Ejército del Aire —el importe total del fraude no se ha cuantificado, pero las cantidades dejadas de ingresar al Tesoro rondan los 600.000 euros anuales— se inició a raíz de que se abriera un expediente gubernativo al entonces capitán De Juan Baena por su gestión en la Sección de Intendencia de Getafe en el año 2010.

"Un sólo individuo sería incapaz de distraer tantos fondos públicos"

Pero la juez Moncada, que realiza en un auto un pormenorizado y demoledor retrato del cúmulo de irregularidades detectadas, no cree que el imputado fuera el único ni el principal responsable. Aunque inicialmente podría creerse que el capitán actuaba “sin conocimiento y sin la connivencia de subordinados y superiores”, tanto de la declaración de éste y de varios testigos, como de las pruebas incorporadas al procedimiento, la juez deduce que el imputado “solamente era una pieza dentro de esta dinámica, indiciariamente delictiva, y que se limitó a seguir con el sistema ya implantado, pues dar parte de él [a los mandos del Ejército del Aire] era un berenjenal”, según sus palabras.

Para cometer tal cúmulo de irregularidades —existencia de una caja b, facturas falsas, justificantes ficticios de IVA, entre otras— era preciso que participaran “aquellos que recaudan [los ingresos de cocinas o alojamientos], los que tendrían que ingresarlos en el Tesoro, los que aprueban el gasto y los que adjudican la contratación, pasando por los que controlan todas estas actuaciones”. Es decir: “un solo individuo, en una estructura económica jerarquizada, a mayor abundamiento castrense, sería incapaz de distraer estos fondos públicos y más en las cantidades que parecen resultar”.

Para la juez, “la participación en cadena” de otros militares “no solo sería verosímil sino incluso necesaria”, como también “la existencia de una estructura organizada y jerarquizada [...] con el fin de desviar fondos públicos y disponer de los mismos según su voluntad”. El capitán imputado no sería así el único responsable, sino más bien un cabeza de turco que intentó poner coto, o al menos limitar, los desmanes, según varios testigos.

Los jefes del cuartel asistían a "opíparas celebraciones" con cargo al Estado

El auto sugiere que el expediente se debió “a la toma de conciencia [por parte de sus jefes] de que actuaba por libre, ajeno al grupo, y poniendo en peligro la organización, en la que cada uno tendría su rol” Y ello con el objetivo de “acotar daños” y “seguir actuando como antes”. Lo cierto es que la “indebida y desastrosa llevanza contable” por la que se le expedientó se mantuvo igual después de su cese.

La juez no identifica a los miembros de esta “trama delictiva”, pues excede de su competencia imputarlos, pero señala que, según todos los indicios, los coroneles que se sucedieron al mando de la ACAR Getafe, el teniente coronel jefe de la Sección Económico Administrativa (SEA 027) o los oficiales al frente del Grupo de Apoyo, así como los encargados de los negociados de Contabilidad, Contratación, Alimentación o Alojamientos, autorizaron o estuvieron al corriente de irregularidades tales como “multitudinarias y opíparas celebraciones” o “cenas VIP”, con cargo al erario público, en las que muchos participaron.