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Las asociaciones judiciales critican el desaforamiento y la instrucción colegiada

Progresistas y conservadoras creen que la protección actual no es privilegio sino garantía y que la instrucción por tres jueces retrasará los procesos

La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y los progresistas afiliados a Jueces para la Democracia (JpD), consideran innecesaria la medida que el ministerio de Justicia pretende incluir en la Ley del Poder Judicial para retirar el aforamiento a jueces y fiscales.

Pablo Llaneras, portavoz de la APM se manifiesta abiertamente en contra. “Si se va a investigar si el comportamiento de un juez es delictivo, lo tiene que hacer un juez de grado superior y no de grado inferior”, señala. Llaneras defiende incluso el aforamiento de todos los políticos: “Se debilita la credibilidad de las instituciones si el procesamiento de un político se lleva a cabo por decisiones de jueces que tienen menos experiencia y conocimiento y pueden estar sujetas a revisión en instancias superiores. Apoyamos el aforamiento a políticos cuyo cargo así lo justifique”.

Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, defiende una “solución global de consenso respecto a la limitación de los aforamientos y no  este tipo de parches”. "Si se quiere reformar la Constitución para retirar el aforamiento de los políticos, poco sentido tiene reformar solo una parte. De todos los aforamientos, los que más justificados están son los de jueces para que no les juzgue el compañero que trabaja a su lado, con lo que se podría afectar al principio de imparcialidad”.

Respecto a la instrucción colegiada, Llaneras (APM) considera que es una medida que no plantea problemas de constitucionalidad. “De hecho, las decisiones judiciales en segunda instancia ya son adoptadas por órganos colegiados. No obstante, podría provocar problemas de agilidad procesal. No lo creemos necesario, ahora funciona correctamente”.

Bosch (JpD) considera que la instrucción colegiada va a “entorpecer las investigaciones penales que requieren decisiones rápidas y con un órgano colegiado pueden quedar bloqueadas”. “Además puede poner en peligro la independencia judicial al apartar a un juez para asignarle otros dos compañeros para instruir determinadas causas”.

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